Memoria histórica

El Gobierno no volverá a pedir autorización al prior para exhumar a Franco

Imagen de la Basílica del Valle de los Caídos.

Dos semanas después de que el Tribunal Supremo diese luz verde por unanimidad a la decisión del Gobierno de exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y de vetar la catedral de La Almudena para la posterior reinhumación del dictador, el órgano judicial ha cerrado este miércoles algunos de los últimos flecos que quedaban sueltos. En un auto de apenas cuatro páginas, el Alto Tribunal ha determinado que no es necesario aclarar la sentencia en lo relativo a la autorización eclesiástica para comenzar los trabajos, tal y como había reclamado la familia, porque la resolución judicial dictada fue “clara”. Sin embargo, el prior administrador de Cuelgamuros, Santiago Cantera, sigue enrocado y ya ha anunciado que no dará luz verde a la entrada en la Basílica. A pesar de ello, fuentes del Gobierno confirman a infoLibre que llevarán la exhumación al Consejo de Ministros del viernes si el Supremo resuelve y les notifica este jueves las otras tres cautelares que están pendientes. Y dejan claro que no pedirán más autorizaciones, ni al prior ni a la Conferencia Episcopal: “Cumpliremos las leyes civiles y acataremos las sentencias de los tribunales terrenales. Lo divino se nos escapa”.

Tras un prolongado periplo judicial, en el que se impidió cautelarmente proceder a la exhumación el pasado 10 de junio, el Supremo dio su beneplácito a finales de septiembre a la salida del dictador. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del tribunal avalaron por unanimidad el procedimiento llevado a cabo por el Ejecutivo para sacar los restos del Valle de los Caídos y desmontaron uno por uno los argumentos puestos sobre la mesa por los nietos del dictador para intentar paralizar la exhumación. Por un lado, con la vista puesta en las medidas cautelarísimas acordadas por el juez José Yusty, los magistrados señalaron que no se necesitaba “licencia municipal” para proceder a la extracción de los restos. Por otro, avalaron el veto del Gobierno a la posterior reinhumación en la catedral de La Almudena, tal y como exigían los nietos. Pero también abordaron cuestiones como la vulneración del derecho a la libertad religiosa o la inviolabilidad de los templos.

La familia, en un nuevo movimiento para intentar torcer el brazo al Estado, solicitó entonces al Supremo una aclaración de sentencia sobre este último aspecto. “Proceda a aclarar el fallo en el sentido de que en caso de no otorgarse por la comunidad benedictina la autorización eclesiástica por el acceso, dicha autorización puede ser suplida por una autorización judicial indicando, en su caso, el órgano judicial competente”, señalaban los nietos del dictador en su escrito. Sin embargo, este miércoles el órgano judicial ha considerado que no es necesario pronunciarse al respecto al entender que “la sentencia” era “clara” en esta cuestión. En concreto, la resolución recalcaba que “la inviolabilidad” de los lugares de culto que se recoge en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1979 “no puede ir en contra de la aplicación de las leyes cuando en ellas no haya nada que afrente, coarte o impida el pleno ejercicio a la libertad religiosa”. Y dejaba claro que la negativa del prior del Valle a autorizar la exhumación, que condicionó a lo que resolviera el Supremo, decaía tras la sentencia.

Pero la contundente decisión del Alto Tribunal no ha hecho que Cantera cambie de opinión. La Abadía ya ha dejado clara su intención de acudir al Constitucional e, incluso, a Estrasburgo. Y el prior ya ha traslado al Ejecutivo que “no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (sepultura)”. En una carta remitida este mismo miércoles a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el religioso ha señalado que se siguen manteniendo “las razones” por las que denegaron en un primer momento su autorización y ha recalcado que es “inadmisible” que “la inviolabilidad de los lugares de culto” dependa “de lo que decida una ley nacional”. Además, ha recordado que la sentencia del Supremo “no resuelve” las cuestiones que la Abadía presentó en su recurso ante el Alto Tribunal –sobre el que todavía tiene que pronunciarse– y ha aseverado que si autorizaran la exhumación carecerían entonces de justificación para oponerse “a la exhumación –anunciada en los escritos del Estado– de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía”.

“Acatamos las sentencias de los tribunales terrenales”

El Gobierno, por su parte, se mantiene firme en su decisión de cumplir con una promesa que ya se ha retrasado un año. Una parálisis que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que está a punto de concluir. “Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo clarifique algunas de las aclaraciones que ha solicitado la familia del dictador, pero desde el punto de vista de lo que corresponde al Poder Ejecutivo, (…) eso va a ser cuanto antes, (…) en cuestión de días”, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Telecinco. Ahora, con el nuevo auto del Alto Tribunal, fuentes del Gobierno explican a infoLibre que llevarán la exhumación al Consejo de Ministros del viernes siempre que este jueves el órgano judicial resuelva sobre los otros tres escritos pendientes en relación con el mismo tema –Abadía, Fundación Franco y Asociación en Defensa del Valle– y se los notifique. Además, recalcan que no volverán a pedir autorización ni al prior ni a la Conferencia Episcopal. “Cumplimos las leyes civiles y acatamos las sentencias de los tribunales terrenales. Lo divino se nos escapa”, señalan.

Esas mismas fuentes también se muestran tranquilas ante las palabras del prior administrador asegurando que la intención del Estado es exhumar también a la veintena de benedictinos que están enterrados en Cuelgamuros. Así, señalan que el religioso “está mintiendo” puesto que ese camposanto “no se encuentra en la Basílica, sino que está en el recinto del Valle, fuera del edificio, a 300 metros del mausoleo”. Por ello, entienden esas mismas fuentes, la Ley de Memoria Histórica no les afectaría. Pero lo cierto es que la norma no deja claro en ningún momento que su aplicación se circunscriba exclusivamente al templo. “En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, figura en el Real Decreto-Ley 10/2018, que reformó la ley de 2007 y que declara “de urgente y excepcional interés público” la “inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados”.

“Valdría con una autorización judicial”

Los juristas consultados por este diario, de diferentes sensibilidades, también consideran que el Gobierno está habilitado para actuar sin necesidad de recibir autorización alguna del prior. “El Valle de los Caídos, la Basílica, es propiedad del Estado, aunque esté cedida a los benedictinos para que desarrollen actividades religiosas. Por ello, entiendo que el Estado puede disponer de ella y proceder a la exhumación, porque además no está interfiriendo con la libertad religiosa”, apunta Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Tampoco creen que se necesite el visto bueno de la Iglesia ni Joaquim Bosch, de Jueces y Juezas para la Democracia, ni María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Ambos juristas consideran, en este sentido, que la sentencia del Supremo dejó bien claro que el procedimiento de exhumación “no atenta contra la libertad religiosa ni conculca los acuerdos de la Santa Sede”. “En caso de que el prior se niegue, valdría con una autorización judicial”, explica Bosch.

Tampoco Amelia Sanchís, profesora de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Córdoba, considera que sea imprescindible la autorización eclesiástica para llevar a cabo la extracción de los restos del dictador. Así, señala el artículo 1.5 del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos del 1979: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente”. En este caso, apunta, el movimiento del Ejecutivo de Sánchez “no contraviene”, como ha apuntado el Supremo, el acuerdo con el Vaticano. Además, señala que si se quiere dar a todo el procedimiento el máximo halo de institucionalidad posible, otras autoridades eclesiásticas podrían dar su beneplácito. Desde el Vaticano han señalado desde el principio que la exhumación es “competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española”.

El prior administrador del Valle de los Caídos se ha mostrado en la misiva abierto a dialogar “para tratar de encontrar una solución a esta situación”, algo que ha dicho que es posible siempre y cuando se respeten los derechos que considera violentados. Pero, ¿qué pasaría si el religioso se opone por todos los medios a los trabajos el día de la exhumación? Si bien los diferentes expertos consultados no creen que se vaya a llegar a ese extremo, sí que recuerdan que las decisiones judiciales están para cumplirlas y, poniendo como ejemplo el caso de los desahucios, explican que existen las ejecuciones forzosas de sentencia con la colaboración de las fuerzas policiales. Incluso, sostienen que el prior administrador podría enfrentarse a un delito de desobediencia si se niega a cumplir con la ley. Aunque en este último aspecto prefieren mantenerse prudentes: “Habría que ver cómo se desarrollan los hechos, si hay órdenes claras, si se produce una negativa irracional y reiterada…”. Lo que el Gobierno tiene claro, al menos por ahora, es que no seguirá pidiendo más autorizaciones.

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