El Gobierno prepara un nuevo decreto antidesahucios por el retraso de la ley de vivienda

Cuando a principios de mayo el Gobierno acordó la ampliación por tres meses de las medidas de protección a personas vulnerables que pudieran ser desahuciadas, los planes eran otros. Al menos, los planes del PSOE. Ya entonces, desde Unidas Podemos propusieron que esa ampliación se prolongase hasta, como mínimo, finales de año. Pero los socialistas pensaron que para verano la nueva ley estatal de vivienda que los socios de coalición negocian desde hace meses ya estaría en marcha. Ahora, esa ley sigue sin tener luz verde y las medidas antidesahucios caducan el 9 de agosto, así que el Ejecutivo sacará adelante en las próximas semanas un nuevo decreto que no deje sin protección a aquellos hogares sin recursos en pleno verano.

La idea en la que trabaja el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y que tendrá que acordar con el ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, es adelantar vía real decreto la batería de medidas antidesahucios que aparecen en el texto de la futura ley. La negociación de ese apartado sí está muy avanzada con Unidas Podemos, aunque no cerrada. El principal escollo sigue siendo el de siempre: la regulación de precios del mercado del alquiler.

Los precios del alquiler

Tal y como adelantó infoLibre, hace quince días los socios de Gobierno acercaron posturas tras una reunión cara a cara entre Ábalos y Belarra. Por primera vez, el PSOE accedía a legislar sobre el control de precios y no solo a incentivar a los propietarios que accediesen a bajar sus rentas. Sin embargo, la última propuesta del ministerio de Transportes es que ese control de precios establezca como máximo subidas del 10% del precio del alquiler para nuevos contratos de viviendas en zonas declaradas tensionadas y congelación para los inquilinos que decidan renovar.

Para Unidas Podemos, la propuesta es un avance pero resulta “insuficiente”. Los morados consideran que en el acuerdo firmado entre ambas formaciones el compromiso es que se puedan bajar las rentas de aquellas zonas con precios abusivos, y no simplemente congelarlos o limitar las subidas. Los equipos de ambas formaciones siguen trabajando en encontrar una salida pactada a este choque de posturas que está provocando un retraso de siete meses respecto a lo acordado en la tramitación de la norma.

Ante ese retraso, la situación es que el 9 de agosto las personas vulnerables en riesgo de desahucio se quedan sin la protección puesta en marcha por el Gobierno dentro del escudo social impulsado durante la pandemia. Por esa razón, según ha podido confirmar infoLibre el ministerio de Transportes ya prepara un nuevo decreto que, en la práctica, sirva para prorrogar esas medidas. La idea que tiene en mente José Luis Ábalos es adelantar la entrada en vigor del paquete antidesahucios incluido en la nueva ley y hacerlo vía aprobación de un real decreto en Consejo de Ministros.

El nuevo decreto

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Ese decreto también deberá ser negociado con el socio de coalición. Según fuentes de Unidas Podemos, los morados exigirán que ese texto recoja al menos tres aspectos: la suspensión de los desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional real que sea una vivienda (no un centro), que el juzgado tenga que solicitar obligatoriamente un informe a los servicios sociales que determine si el afectado es vulnerable y aumentar los criterios de vulnerabilidad para que más personas puedan estar protegidas ante cualquier tipo de desahucio.

En el ministerio de transportes consideran que no habrá problema en la negociación de este decreto porque durante las negociaciones de la nueva ley las posturas en materia antidesahucios están ya muy cercanas. La idea central del decreto y de la futura ley, en materia de desahucios, es que una persona notificada para un lanzamiento pueda solicitar a los servicios sociales una acreditación de vulnerabilidad. En el caso de que el propietario de la vivienda sea una persona física, el tiempo de moratoria para que los servicios sociales elaboren ese informe y proporcionen otra vivienda será de un mes. En caso de que el arrendatario sea una empresa o un banco, tres meses.

Este mismo martes, varias socios parlamentarios del Gobierno registraron en el Congreso una petición de prórroga de las medidas antidesahucios. Erc, JuntsxCat, la CUP, EH-Bildu, BNG, PdeCat y Compromís presentaron una PNL para que la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional se extiendan más allá del 9 de agosto.