Castilla y León

El ‘gobierno provisional’ del PP se lava las manos ante la posibilidad de que Mañueco meta a Vox en su ejecutivo

Cuca Gamarra y Esteban González Pons, este lunes en la sala de prensa de la sede del PP.

Ni una referencia a los principios del PP. El gobierno provisional del principal partido de la oposición ya ni menciona las líneas rojas que el 15 de febrero marcó Pablo Casado a Alfonso Fernández Mañueco a la hora de negociar con Vox.

“Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Y quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos”, advirtió Casado apenas 48 horas después de ganar por la mínima las elecciones autonómicas de Castilla y León y a la vista del órdago de Vox: o les dan entrada en el Gobierno de la Junta o habrá que repetir las elecciones. 

Aquel día Casado puso algunos ejemplos en clara referencia a Vox: para el PP “la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa”. Por eso no aceptará ningún acuerdo “con formaciones que dividan a las personas por el color de la piel, su género, acento u orientación sexual”, ni que defiendan “el revisionismo constitucional contra las comunidades autónomas”.

Lo dijo alegando los “principios” del PP pero también pensando que aceptar gobernar con Vox echaría por tierra su estrategia para llegar a las elecciones generales de 2023 sin la mochila —y el previsible lastre electoral— de haber pactado con la extrema derecha. “Yo no estoy en política para llegar como sea donde sea ni para hacer lo que sea”, avisó. “No fue ese el mandato que recibí de mi partido y no es el mandato que pediré a los españoles porque jamás lo concederían”. 

Si pactaba con Vox, si hacía útil votar a la ultraderecha, vino a decir Casado, no conseguiría reunificar el espacio político que su partido monopolizaba hasta la aparición de Ciudadanos y de la formación de Santiago Abascal. “Los españoles nos conocen y esperan de nosotros que hagamos algunas cosas y que no hagamos otras. La credibilidad y la confianza en nuestro partido son fundamentales”, decía Casado hace apenas tres semanas.

La revuelta de los barones, desencadenada por el enfrentamiento en torno a los contratos que pusieron dinero público en manos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aprovechando la emergencia sanitaria de la primera ola de la covid-19, se ha llevado por delante a Casado y con él su aparente resistencia a ser la vía de entrada de Vox en las instituciones de gobierno.

El que será el próximo presidente del PP una vez concluya el trámite del congreso extraordinario convocado para los primeros días de abril en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo, reiteró en una de las entrevistas que está concediendo a medios afines desde que confirmó su candidatura, esta vez en Antena 3, que el PP ha dejado en manos de Mañueco la decisión de dar entrada a Vox en su gobierno a cambio de los votos que necesita de la ultraderecha para conseguir su investidura. 

Tiene “la responsabilidad de pensar lo que va a hacer” y “después de pensarlo hacerlo”, pero por lo que a él respecta no habrá “más líneas rojas que respetar la Constitución, respetar el Estado de las Autonomías, respetar nuestros compromisos en materia de igualdad y respetar nuestro planteamiento atlantista y europeísta”.

Es decir: si Vox no plantea nada incompatible con la organización territorial del Estado, no cuestiona “la igualdad” en materia de género y tampoco exige nada contrario a la pertenencia de España a la OTAN y a la Unión Europea, ni Feijóo ni el PP pondrán objeciones a que Mañueco ponga en marcha un nuevo gobierno de coalición en Castilla y León en el que los consejeros de Ciudadanos habrán sigo sustituidos por representantes de la extrema derecha.

La coordinadora general, Cuca Gamarra, no respondió directamente este lunes las preguntas en las que los periodistas le plantearon si el PP está dispuesto a dar entrada a Vox en el Gobierno de Castilla y León, pero sí indirectamente al contestar que la decisión será exclusivamente de Mañueco.

La hora de Abascal

La prioridad del partido de Santiago Abascal es asumir por primera vez en su corta historia tareas ejecutivas. Su partido se siente fuerte —las encuestas les dan estos días una expectativa del 20% de los votos, muy cerca del PP— y cree que si además consigue entrar en los gobiernos habrá demostrado que votar a sus candidatos sirve para algo. Las elecciones de Castilla y León han evidenciado que se ha derribado el “muro mental” del voto útil, resumió el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, después de los comicios. 

Hasta ahora la extrema derecha española se había limitado a facilitar ejecutivos del PP y de Ciudadanos en comunidades en las que, de otro modo, habría gobernado el PSOE. Es lo que sucedió en 2019 en varias autonomías y en ayuntamientos de la España que confió en las candidaturas ultras. Entonces Vox fue decisivo para apartar a la izquierda, pero entregó sus votos sin conseguir nada a cambio más allá de algunas promesas por parte de los presidentes del PP.

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Dos años y medio después, Vox quiere gobernar. Primero en Castilla y León. Después, en Andalucía. Y el año que viene en todo los municipios y Comunidades Autónomas en los que sume mayoría absoluta con el PP. Todo con la vista puesta en el premio gordo: las elecciones generales de 2023.

Para conseguirlo, Vox no pondrá peticiones de máximos encima de la mesa. Santiago Abascal ya explicó que su partido es consciente de que aunque uno de sus propósitos es acabar con el Estado Autonómico, no cuenta por el momento con la mayoría que necesita para cambiar la Constitución y poner fin a a la estructura territorial nacida de la Transición. Y dejó clara su disposición a ser flexible en la negociación con Mañueco.

De momento nada ha trascendido sobre los acuerdos que puedan haber alcanzado, pero la primera fecha límite se aproxima. El jueves, a mediodía, las nuevas Cortes de Castilla y León deben elegir a la mesa de la Cámara y al PP le urge un acuerdo. Si no pacta con Vox y el PSOE sí lo hace con Unidas Podemos y otras fuerzas minoritarias, Mañueco se arriesga a perder el control de las Cortes.

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