El requerimiento ya está en la Puerta del Sol. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un mes por delante para contestar al Gobierno si va a cumplir la ley del aborto y materializar el registro de objetores. Si se niega, el Ejecutivo central llevará a los tribunales, por la vía de lo contencioso administrativo, su rebeldía para hacer que un juez obligue a la administración autonómica.
El registro de médicos objetores es obligatorio por la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2023 y fue acordado en el protocolo entre el Gobierno y las autonomías en diciembre del año pasado, votando a favor también Madrid. Además, de esta comunidad, Aragón y Baleares, del PP, incumplen ese extremo y asimismo han recibido ese requerimiento por parte del Ministerio de Sanidad, aprobado vía Consejo de Ministros.
“La ley se tiene que cumplir”, sale de manera tajante desde el corazón de La Moncloa y de Sanidad. Por eso, se abre esta batalla legal, que recuerda a los arduos enfrentamientos entre el Gobierno central y Díaz Ayuso durante la pandemia. Y, además, pone el foco en que Alberto Núñez Feijóo no ha sido capaz de hacer que la política madrileña se atenga a las normas después de que dijera que los populares acatan la norma actual.
Si Ayuso se niega a hacerlo o no contesta, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para interponer ese recurso ante un juzgado de Madrid. Tanto en el ala de Sumar como en la socialista están absolutamente convencidos de que ganarán la batalla legal y no esperan que la presidenta de Madrid dé en estos momentos su brazo a torcer.
El PP de Madrid, que representa el ala más dura dentro de su partido, ha convertido el aborto en un nuevo campo de batalla. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, educado un colegio del Opus Dei, abrió esta batalla pactando con Vox un texto para someter a las mujeres madrileñas a la información de un supuesto trauma post aborto, que no tiene ninguna base científica. Y Ayuso se ha unido en este frente a través de su negativa a publicar esta lista prevista en la norma.
Se recrudece la batalla entre Moncloa y Sol
Este rechazo ha vuelto a caldear el ambiente político entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la popular. El primero anunció a primera hora del martes la aprobación del requerimiento y recordó, por ejemplo, que en Madrid menos del uno por ciento de los abortos se realiza en centros públicos, una cifra que contrasta con los porcentajes de Roma (más del 90 por ciento) y de París (más del sesenta por ciento).
La jefa del Ejecutivo madrileño respondió criticando el tono de “machito” del socialista y remarcó que no habrá “listas negras” de médicos por practicar abortos ni por negarse a ellos. “He sufrido la pérdida de dos bebés, por desgracia. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree para hablar en nombre de todas las mujeres? ¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa ligereza? Hemos pasado de las lecciones del franquismo, a las lecciones del sanchismo”, indicó ante la prensa.
Fuentes del Sol posteriormente insistieron en las palabras de la presidenta y recordaron su argumento: “Se va a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid. El respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución española, la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias, también recogido en la Carta Magna. Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes”.
Arranca el trámite para reformar la Constitución
Desde el Gobierno insisten en que, a pesar de las críticas de Génova 13 de que el PSOE quiere abrir una herida dentro del PP, ellos no han iniciado esta guerra ideológica. Pero sostienen en el Ejecutivo que no piensan quedarse con los brazos cruzados ante las políticas que quieren extender los populares madrileños.
El Ejecutivo ya ha arrancado los trámites para el blindaje del derecho al aborto con una reforma constitucional. El Consejo de Ministros, tras la aprobación del anteproyecto, ha remitido al Consejo de Estado su propuesta de texto para la Carta Magna.
La idea es ampliar el artículo 43, añadiendo un punto con esta redacción pactada por el PSOE y Sumar: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
La reforma se tramitará, según el Gobierno, mediante el procedimiento ordinario y requerirá un informe del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraría un texto alternativo, sometido de nuevo a votación. Si de nuevo no se alcanzase un acuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
El acuerdo podría llevarse, con la petición del diez por ciento de diputados o de senadores, a un referéndum entre los ciudadanos. No obstante, el Gobierno ha dicho que en estos momentos arranca la tramitación y no se ha pronunciado sobre una posible consulta, que implicaría la disolución de las Cortes.
El Consejo de Estado tiene dos meses para su informe
Ahora el Consejo de Estado tiene un plazo de dos meses para emitir su informe con los detalles técnicos sobre la redacción propuesta por el Ejecutivo, como recuerdan fuentes de la institución liderada en estos momentos por Carmen Calvo. El calendario provisional que tiene el Gobierno pasaría por llevar ese proyecto de reforma al Congreso durante el próximo mes de enero.
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El principal problema que hay en estos momentos sobre la mesa es que el PSOE necesita al Partido Popular para poder acometer esta reforma y Génova 13 ya ha mostrado su rechazo a ese blindaje a través de la Carta Magna. Desde la coalición se ha pedido expresamente a los populares que sean un “partido de Estado” y se avengan a dar su sí en el Parlamento.
Para el Gobierno, es “urgente” acometer esta reforma ahora ante la ola reaccionaria internacional. En palabras de la titular de Igualdad, Ana Redondo: “Lo hemos visto en Estados Unidos, en varios países europeos y también en España, con iniciativas de gobiernos autonómicos que han cuestionado o dificultado el acceso a este derecho. Desde Castilla y León hasta Madrid, hemos asistido a propuestas o medidas contrarias a la ley vigente, desde el intento de imponer la escucha del latido fetal hasta la negativa a crear registros de objetores de conciencia”.
Otro de los argumentos del Ejecutivo para esta reforma se basa no sólo en blindar el derecho, sino en garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Para el Ministerio de Sanidad, se refuerza constitucionalmente la obligación contemplada en la ley de que cada comunidad autónoma deba contar con al menos un hospital público de referencia para realizar estas intervenciones.
El requerimiento ya está en la Puerta del Sol. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un mes por delante para contestar al Gobierno si va a cumplir la ley del aborto y materializar el registro de objetores. Si se niega, el Ejecutivo central llevará a los tribunales, por la vía de lo contencioso administrativo, su rebeldía para hacer que un juez obligue a la administración autonómica.