Investigación

Hacienda abre inspección a la principal empresa funeraria de España por cobros en efectivo ilegales

Imagen de un tanatorio de Mémora, la principal empresa de servicios funerarios de España

El principal grupo de servicios funerarios de España, Mémora, está bajo la lupa de la Agencia Tributaria. La inspección se ha iniciado por el cobro en efectivo de facturas de más de 2.500 euros, una práctica que es ilegal en España desde el año 2012. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la empresa temen que Hacienda descubra también prácticas irregulares en los pagos a los que la propia Mémora denomina “prescriptores/comisionistas”. Un temor que apuntalan documentos internos de la compañía a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre.

Esa denominación de “prescriptores/comisionistas” incluye tanto a compañías que operan en el sector de las residencias de mayores y en el hospitalario como a personas físicas que trabajan en dichos centros. Los pagos se realizan a cambio de que avisen a Mémora cuando se produce un fallecimiento, de forma que sea esta empresa quien acuda al lugar del deceso para ofrecer sus servicios a los familiares. En algunos casos estas relaciones comerciales de Mémora con terceros están recogidas en un contrato, mientras que en otros el vínculo es más informal. 

infoLibre desveló hace un año el contenido de uno de esos contratos, firmado entre Mémora y DomusVi, el principal grupo de residencias de España. La funeraria pagaba a DomusVi hasta 700 euros por cada familia de un residente fallecido que contratase sus servicios. Una práctica que con la pandemia se convirtió en un negocio verdaderamente lucrativo, puesto que en los centros de DomusVi murieron 2.100 mayores durante el año 2020.

Mémora está controlada desde 2017 por el Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), un fondo que administra las pensiones de los maestros de dicho estado canadiense. Adquirió la compañía a otro fondo, el británico 3i, por una cantidad que los medios situaron entre los 450 y los 500 millones de euros. Según los datos de la propia compañía, su facturación anual supera los 150 millones de euros y presta 46.000 servicios al año. Mémora es también la principal funeraria en Portugal, donde opera con la marca Servilusa.

“Estamos hablando de muchas facturas”

A preguntas de infoLibre, la funeraria confirma que el pasado mes de octubre recibió un comunicado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) “para notificar la apertura de una inspección en relación a la realización de cobros en efectivo por facturas emitidas de importe superior a 2.500 euros del periodo comprendido entre los años 2017 y 2020”.

Mémora destaca que este tipo de inspecciones “son habituales” por parte de Hacienda cuando se trata de grandes grupos. Y especialmente en su sector: “Este tipo de inspecciones relativas a la aceptación de efectivo en el pago de facturas por encima del límite fijado por Ley es una labor generalizada en el sector funerario para asegurar el cumplimiento normativo y legal”.

Por último, Mémora señala su máxima disposición a colaborar y aportar la información que le requieran ”con el objetivo de favorecer las labores de control de la AEAT”.

Hasta aquí la versión oficial. Más detalles aportó la directora financiera de Mémora, Elisenda Marsá, en un correo enviado el pasado 27 de octubre a directivos de la compañía para informarles de la apertura de la inspección de Hacienda. En ese mensaje reconoce que los cobros en efectivo por encima del límite legal han sido una práctica generalizada y ordena a todas las gerencias territoriales que pongan fin a la misma .

“En una primera visión os puedo adelantar que estamos hablando de muchas facturas”, confiesa Elisenda Marsá en ese correo a directivos de la compañía, a quienes recuerda que la actual normativa es aún mas restrictiva en cuanto a cobros en efectivo, ya que el límite legal máximo está fijado en 1.000 euros. “Ruego hagáis extensivo este comunicado a todas las personas de vuestras gerencias que emiten facturas a particulares y que podrían cobrar en efectivo para que dejen de hacerlo”, escribe la directora financiera.

El mensaje de Marsà concluye pidiendo la “máxima colaboración” a los directivos del grupo y con una advertencia: “Una inspección como esta se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba, en función del resultado nos pueden abrir a inspección otras empresas del grupo y el año 2021 a partir de que se cierre el ejercicio actual”.

Mémora no respondió a las preguntas de infoLibre sobre las razones por las que ha estado cobrando facturas en efectivo por encima del límite legal, el número de operaciones afectadas o el importe total de las mismas. [Puedes consultar al final de esta información todas las cuestiones que Mémora se negó a explicar]

El semáforo para clasificar a los comisionistas

Ese temor a que la inspección de Hacienda se extienda por el grupo no es exclusivo de la directora financiera, sino que lo comparten algunos de los principales ejecutivos de Mémora, conocedores de las prácticas de la funeraria. Y la principal preocupación no está en los cobros a los clientes, sino en los pagos realizados a los “prescriptores/comisionistas”.

El sistema de pagos se llegó a interiorizar en la cultura de la empresa a través de un concepto que cualquier persona conoce: el semáforo. Los comisionistas se clasificaban como verde, amarillo o rojo de acuerdo con el tipo de relación comercial que Mémora hubiera establecido con ellos. El rojo, lógicamente, se asignaba a aquellos casos que eran más sensibles para la compañía, bien por la forma de pago o bien por el tipo de justificante acordado con el comisionista.  

Un año después de que el fondo de Ontario se hiciera con el control de Mémora, puso en marcha un procedimiento para sistematizar el control y la gestión de los comisionistas. En octubre de 2018, la entonces responsable de Auditoría Interna –Cristina G.R., quien el año pasado dejó la compañía– envió un mensaje interno explicando cómo se debía realizar a partir de entonces el “reporting a central de prescriptores/comisionistas”.   

En su correo, la directiva señala que Mémora está elaborando “un procedimiento sencillo/política para la gestión de comisionistas/prescriptores”, y añade que el objetivo es que todos los implicados sepan “cuáles son los criterios que aplican y tener información agregada y homogénea del grupo que permita su supervisión”.

A continuación, Cristina G.R. indica que en dicho procedimiento se “recogerán entre otros” los siguientes aspectos: “características para considerar a un comisionista verde, amarillo o rojo (el ya famoso semáforo); qué hay que hacer con cada uno de ellos y quién; qué posibilidades están permitidas y cuáles no; algunas pinceladas fiscales generales, respuesta a preguntas frecuentes; periodicidad y formato de reporting a central por parte de zonas; modelos de acuerdos”.

La responsable de Auditoría Interna explicaba a los destinatarios de su mensaje que, “mientras se establece el procedimiento”, Mémora iba a poner en marcha “la parte de reporting trimestral a central”. Por ello, pedía a los gestores de desarrollo y a los responsables de grandes cuentas, “en el caso de los grupos residenciales gestionados por ellos”, que le enviasen una “info mínima” sobre los comisionistas con los que trabajaban.

Los datos para el “reporting” eran en realidad la base para elaborar el procedimiento que les acababa de anunciar. Además del nombre del comisionista y de su “perfil/profesión”, debían informar sobre el tipo de justificante acordado, la forma de pago, las condiciones y soporte del acuerdo, y la “clasificación (verde/amarillo/rojo, según criterios usados hasta ahora). Si no se tiene, en base a los datos anteriores, realizaremos una clasificación provisional”.

Es decir, en ese documento interno de Mémora se vincula de forma indubitada el color adjudicado a cada comisionista con la forma de pago y el soporte del acuerdo.

A preguntas de este periódico, la funeraria admitió de forma alambicada que algo no funcionaba correctamente, pero situó cualquier responsabilidad en el terreno de los anteriores propietarios (el fondo británico 3i).

Mémora explica que puso en marcha “un proyecto liderado desde el departamento de Auditoría para el estudio, ordenación y regularización de los diversos modelos de relación existentes con otras entidades y que fueron heredados de las múltiples integraciones en el grupo durante las últimas décadas”.

La empresa se declara “consciente” de que algunos de esos “modelos de relación tradicionalmente aceptados y consolidados en algunos mercados y entre diferentes actores” tenían como resultado “prácticas alejadas de la libre competencia y que impactan finalmente en la actividad de las empresas que prestan estos servicios”.

Pero, siempre según Mémora, el actual equipo gestor “ha ido subsanando dinámicas relacionales existentes históricamente en algunos de los mercados en los que operaba la compañía fruto de la antigua gestión de sus responsables antes de esa adquisición y/o integración”.

En cuanto al conocido internamente como semáforo para clasificar a los comisionistas, Mémora afirma que es fruto precisamente de ese objetivo de “estudio, ordenación y regulación de los modelos de relación existentes para, en caso necesario, solventar cuanto antes cualquier situación que no cumpliese con los requisitos, directrices y valores de la compañía atendiendo a las políticas de auditoria y buen gobierno corporativo del Grupo”.

Pero, también en este caso, la empresa considera una cuestión del pasado ese tipo de situaciones que podía ser preciso “solventar cuanto antes” por no cumplir con “los valores” de la funeraria. En concreto, destaca que ese “proyecto de autorregulación se puede considerar como consolidado en 2019”.

La empresa no contestó a otras preguntas concretas de infoLibre sobre el sistema de clasificación de comisionistas y tampoco quiso aclarar a cuántos se les asignó el color rojo.

El milagro de facturar 1,2 millones sin trabajadores

Mémora admitió la existencia de la inspección de Hacienda y ofreció alguna explicación sobre su relación con los comisionistas a los que paga a cambio de conseguirle negocio, pero hay un terreno en el que se negó en redondo a responder cualquier pregunta planteada por infoLibre: sus vínculos con una empresa llamada Dobisol SL, cuyo administrador único es Pedro Herranz Duque, a su vez director territorial de Mémora en Madrid y Guadalajara.

Este periódico explicó tanto a Mémora como al propio Pedro Herranz la información recabada en fuentes de la empresa: que Dobisol había facturado importantes cantidades a Mémora en los últimos cinco años, que parte de ese dinero se había retirado en efectivo de una oficina bancaria en Guadalajara, y que posteriormente se había entregado a la persona encargada dentro de la funeraria de pagar a los comisionistas de la zona. Los correos enviados a Herranz para conocer su versión, el 22 de diciembre y el 3 de enero, quedaron sin respuesta. Por su parte, Mémora rechazó en varias ocasiones ofrecer cualquier aclaración al respecto.

La información sobre Dobisol que consta en el Registro Mercantil de Madrid dibuja una situación ciertamente excepcional en el panorama empresarial español. Sobre todo porque ha sido capaz de facturar 1,25 millones de euros en cuatro años, pese a no tener trabajadores en plantilla. De hecho, como gastos de personal en esos cuatro ejercicios figuran en total 6.723 euros. En otros términos, entre 2016 y 2019, la media en gastos de personal de Dobisol se limitó a 140 euros al mes, mientras que sus ingresos mensuales medios ascendieron a 26.245 euros. Expertos fiscales a los que infoLibre enseñó las cuentas de Dobisol destacaron que este hecho, que ya era anómalo por sí mismo, llamaba aún más la atención si se tiene en cuenta que la empresa declara como actividad la prestación de servicios técnicos: "A priori parece difícil realizar este tipo de servicios sin gastar nada en personal”.

De esta estructura de ingresos y gastos se deduce el segundo fenómeno atípico para una sociedad sin empleados: las enormes ganancias que declara. En los cuatro años mencionados, el beneficio antes de impuestos de Dobisol sumó en total 837.627 euros (que se quedaron en 635.659 euros tras pagar el impuesto de sociedades). ¿Dónde está ese dinero?  Pues en teoría en inversiones financieras a corto plazo, que ascendían a 611.843 euros a finales de 2019, según las últimas cuentas de la sociedad publicadas por el Registro Mercantil. En la memoria de Dobisol no se ofrece información alguna sobre esas supuestas inversiones financieras.

Constituida en 2009, la empresa de Pedro Herranz tiene su domicilio social en un centro de negocios de Madrid. Al menos entre 2012 y 2015 fue una empresa fantasma, sin ningún tipo de actividad. En 2016 resucitó y sus cuentas se convirtieron en un pequeño milagro económico.

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