El reto de los Presupuestos

Iglesias acepta graduar la reforma fiscal y propone a Sánchez un plan para relanzar la dependencia y las residencias

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en el salón de plenos del Senado.

Reforzar el sistema de dependencia se ha convertido en el objetivo central de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en la que ya trabajan desde hace varios días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Porque hacerlo implica un fuerte desembolso en los próximos ejercicios, lo que convierte este capítulo en una de las principales ambiciones de Unidas Podemos de cara a los presupuestos de la reconstrucción.

La crisis económica de 2008 y los recortes aprobados por el PP se comieron la atención a la dependencia nada más nacer. Desde entonces, el Estado ha sido incapaz de completar financieramente el llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, algo que Iglesias quiere empezar a resolver en el próximo Presupuesto. Se trata de poner la dependencia a pleno rendimiento, y de situar los cuidados de larga duración y las residencias, a las que la pandemia ha hecho tristemente famosas, en el centro de la atención pública para “recuperar los derechos y la financiación recortada por el PP”, aseguran fuentes de Unidas Podemos consultadas por infoLibre.

El vicepresidente Iglesias ya anticipó a finales de mayo en la comisión de reconstrucción del Congreso la importancia que otorga a la dependencia. Los más de 5.000 millones de euros de recortes que el PP llevo a cabo en el Sistema de Atención a la Dependencia, subrayó aquel día, “han colocado a nuestros mayores en una situación de vulnerabilidad. No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de los cuidados a la más absoluta e indigna precariedad. La reconstrucción social y económica debe incorporar este consenso transversal y avanzar en una dirección de cuidar a quienes cuidan y de reconstruir un sistema de cuidados y de atención a la dependencia que sea público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas”.

Unidas Podemos quiere que ese ambicioso plan de reconstrucción de los servicios sociales incluya una reforma del sistema de cuidados de mayores y dependientes. “Hay que impulsar un modelo centrado en la persona” y “potenciar la asistencia domiciliaria. Frente al modelo de las megaresidencias”, explican las fuentes citadas, la Vicepresidencia Segunda quiere potenciar un modelo de que respete la condición de “viviendas” de los centros de mayores.

El objetivo para conseguirlo es “transformarlas en unidades de convivencia, más pequeñas y de proximidad, que permitan a los mayores vivir en su entorno más cercano”. Y para ello UP trabaja con el fin de cerrar acuerdos con el PSOE que incluyan, de cara al Presupuesto de 2021, un “plan de choque de financiación de la dependencia” y de “reducción de las listas de espera” en las residencias.

El diseño elaborado por el departamento que dirige Iglesias pasa por “reforzar los servicios sociales públicos” aumentando las transferencias del Estado a las entidades locales, las administraciones más próximas a las necesidades de los ciudadanos y quienes, sobre el papel, mejor conocen la situación sobre el terreno. 

Nuevas políticas activas de empleo

La dependencia y las residencias destacan entre las prioridades presupuestarias de Unidas Podemos pero no son los únicos asuntos sobre los que están tratando de llegar a acuerdos con los socialistas para preparar el borrador del proyecto de ley. También las políticas activas de empleo, responsabilidad de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De la importancia que Iglesias le concede a estas políticas dio prueba él mismo durante la investidura fallida de 2019, cuando llegó pedírselas a Sánchez antes de la votación como parte del acuerdo de coalición,pedírselas algo a lo que los socialistas se negaron después de minimizar su importancia alegando que están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Y así es, aunque lo normal es que se gestionen mediante un acuerdo entre Trabajo y las comunidades autónomas para administrar medidas de formación, bonificaciones a la contratación —que sí dependen del Estado y representan la mayor parte del presupuesto— o la orientación laboral. Una suma que, por regla general, se ha movido en los últimos años en torno a los 6.000 millones de euros.

Unidas Podemos busca, según las fuentes consultadas por infoLibre, “reorientar la estrategia de inserción y estabilidad laboral” y “concentrar los recursos en los colectivos y situaciones con especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo”. Planean también impulsar la nueva formación que implica el cambio tecnológico y la digitalización.

En materia de transición ecológica, un asunto que es competencia de la ministra Teresa Ribera pero que está muy vinculado a los objetivos de la Agenda 2030, que sí dependen de la Vicepresidencia de Iglesias, Unidas Podemos quiere que el Gobierno ponga en marcha “un plan de rehabilitación de viviendas con criterios de sostenibilidad” y que dedique inversión a la movilidad sostenible, lo que significa, entre otras cosas, “aumentar infraestructura para la recarga de coches eléctricos o facilitar la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes”.

Los morados quieren además que los Presupuestos de 2021 den pasos en la dirección de “universalizar las escuelas de 0 a 3 años”, construyendo infraestructuras educativas y contratando profesorado. Y también reforzar la financiación del Pacto de Estado para la lucha contra las violencias machistas, que depende de la ministra de Igualdad Irene Montero.

El escudo social y la recuperación de derechos perdidos por culpa de los recortes están en el núcleo de las prioridades de Unidas Podemos a la hora de redactar los presupuestos. Pero ya no, al menos no inmediatamente, la reforma fiscal pactada con el PSOE en el programa de la coalición.

La reforma fiscal ya no es urgente

Lo anticipó el jueves en una entrevista xconcedida a La Cafetera el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, máximo responsable de Unidas Podemos en las negociaciones con la ministra Montero para pactar el borrador de Presupuestos que después servirá para negociar con los demás grupos, incluidos Esquerra y Ciudadanos. “No es una urgencia abordar una reforma fiscal en este momento; se puede aceptar que haya que graduar algunos de los elementos del acuerdo de coalición en aras de que tengamos un presupuesto lo más expansivo posible”, declaró.

Eso, no obstante, no quiere decir que Unidas Podemos renuncie a la reforma fiscal, ni siquiera a “ir dando pasos” en esa dirección. Porque aunque el “contexto económico invita a la graduación” de la reforma, hay que empezar ya el año que viene a “repartir esfuerzos fiscales”. Especialmente en relación con la tributación de “las rentas de capital” y la recaudación de “los grandes patrimonios”, que los morados quieren que “vayan asumiendo el mayor esfuerzo que necesitamos para garantizar las políticas públicas”. “Hay que dar pasos firmes y claros”, sostiene Álvarez, porque es preciso “enviar un mensaje claro, de cara a los próximos años, de reducción de déficit público con cargo a una nueva fiscalidad”.

¿Qué ha cambiado para que Unidas Podemos acepte ahora modular la reforma fiscal, cuando hace menos de dos meses el propio Iglesias defendía la urgente “necesidad de reconstruir la justicia fiscal y dotarnos de instrumentos de recaudación eficaces, tal y como marca nuestra Constitución, que nos permitan sostener el escudo social y reconstruir la economía”?

La explicación está en el fondo europeo de reconstrucción y en la colaboración del Banco Centra Europeo (BCE). “En este momento la realidad es que las nuevas políticas públicas que se van a poder incorporar a los Presupuestos”, explica el número dos de la Vicepresidencia Segunda, “están financiadas por los fondos europeos y además el sector público español tiene capacidad de emitir deuda” con el respaldo del BCE.

Los fondos europeos “van a facilitar el desarrollo de estos Presupuestos”. Se convertirán en la “autopista” en la que “acelerar el desarrollo de los acuerdos de coalición”. Nada que ver con la “moderación” que pide Ciudadanos, subrayan. Unidas Podemos quiere unos Presupuestos “fuertemente expansivos, que incorporen “una fuerte inversión para facilitar la recuperación económica” y aprovechar los fondos europeos “para transformar nuestra economía”. La propuesta de Arrimadas, asegura Álvarez, es “fuertemente disonante con los que estamos negociando el PSOE y Unidas Podemos”, de ahí que insista en la necesidad de “cuidar” la mayoría de la investidura y sacar adelante con ella los Presupuestos.

“Cuando hablamos de impuestos lo importante es qué se sube y qué se baja, para quién y para qué”, indicó Álvarez aludiendo a que el acuerdo de Gobierno también incluye reducciones de impuestos para, por ejemplos, las PYME, principales perjudicadas por la pandemia. No hay que olvidar que el Gobierno mantiene sus planes para probar dos nuevos impuestos, ya en trámite en el Congreso —las tasas Google y Tobin— y la desaparición de las desgravaciones del diésel.

Otra cosa es cómo se “gradúen” el resto de las medidas fiscales del acuerdo de coalición PSOE-UP. El documento firmado por Sánchez Iglesias les obliga, a lo largo de la legislatura, a aprobar, entre otras cosas, una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, límites más rigurosos para los pagos en efectivo, la creación de una “unidad de control de grandes patrimonios” y la vigilancia de las SICAV.

Además de una reforma del impuesto de sociedades para garantizar que las grandes empresas y corporaciones tributen como mínimo un 15% —un 18% en el caso de las entidades financieras y empresas de hidrocarburos— y una subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

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