Elecciones 20-D

Iglesias intenta sin éxito convencer al juez Castro para ir en las listas de Podemos

El CGPJ concede al juez Castro dos años más como instructor

Jesús Maraña | Alicia Gutiérrez

El juez José Castro, instructor del caso Nóos que ha llevado a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina al banquillo por presuntos delitos relacionados con la corrupción, ha rechazado ir en las listas de Podemos para las elecciones generales por considerar que ese paso puede interpretarse como una contradicción ética después de haber solicitado continuar con la instrucción de los casos que tiene entre manos pese a cumplir en diciembre la edad legal de jubilación en la judicatura. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha hablado este último fin de semana con Castro para intentar convencerle, pero no ha logrado una respuesta afirmativa. El juez se ha sentido “honrado” con la propuesta de Iglesias pero se mantiene en que debe seguir en su juzgado. “Tengo que ser congruente”, ha manifestado a preguntas de infoLibre.

El primer intento de atraer a Castro a las listas de Podemos lo protagonizó este verano Alberto Jarabo, secretario general de la formación de Iglesias en Baleares, pero el juez lo rechazó, como publicó en su día Diario de Mallorca. Se le ofrecía encabezar la candidatura morada por la isla al Congreso de los Diputados. El magistrado argumentó que no se veía “en la política” y que era muy reciente su petición oficial de prórroga de jurisdicción para poder concluir los sumarios que tenía en marcha. Entre ellos destacan el llamado caso Palma Arena y sus piezas separadas, que giran en torno a la financiación del PP balear y a la gestión del expresidente Jaume Matas.

Reuniones y llamada

Pese a aquella negativa, el núcleo de Pablo Iglesias y representantes de Podemos en las islas han recuperado en los últimos días el intento de convencer a Castro. Se han celebrado algunas reuniones en Palma entre el juez e intermediarios locales del entorno judicial, y el fin de semana fue el propio secretario general, Pablo Iglesias, quien llamó a Castro y mantuvo con él una larga conversación. Tras la incorporación del exJEMAD José Julio Rodríguez a las listas de Podemos por Zaragoza, Iglesias consideró que debía intentar convencer al magistrado para que diera el paso hacia la política. Esta vez, Iglesias le ha ofrecido un puesto que no es de cabeza de lista ni exigiría hacer campaña electoral. La propuesta principal ha consistido en que Castro asesore a Podemos y represente e inspire su programa en materia de Justicia, especialmente en lo que se refiere al compromiso de derogar la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que jueces y fiscales ven un alto riesgo de impedir la investigación de las causas más complejas en materia de corrupción al establecer plazos limitados a la investigación, sólo prorrogables en casos excepcionales. Castro figuraría en la lista de Podemos por Mallorca en un puesto de salida, aunque no encabezándola. Una fórmula similar a la aceptada por el exgeneral Rodríguez en Zaragoza.

Desde Podemos han intentado vencer la resistencia de Castro, que se siente obligado a concluir su instrucción del caso Palma Arena después de que solicitó en febrero permanecer en el servicio activo más allá de la edad de jubilación de los 70 años, que cumple en diciembre. Esta posibilidad fue introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado 21 de julio. Fuentes judiciales consideran que el Gobierno lo hizo precisamente para que no se le pudiera acusar de legislar “contra los llamados jueces estrella”. Pocos días después de aprobarse esa modificación, el propio Castro declaró: “Estoy satisfecho porque por fin se ha impuesto el sentido común. No tenía lógica ninguna que se pudiera prorrogar la permanencia en la carrera judicial si se iba a un tribunal colegiado y no si se estaba en un órgano unipersonal cuando tan importante puede ser uno como otro”. Cabe recordar que, en un primer momento, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como el Consejo del Poder Judicial se pronunciaron en contra de la solicitud de Castro de retrasar su jubilación. Nadie puede asegurar una relación “causa-efecto” entre la petición de Castro y la reforma introducida en la LOCPJ, pero lo cierto es que “con ocasión de” esa solicitud se cambió la norma de jubilación forzosa de los jueces de instrucción. “No se entendería fácilmente –insiste Castro a infoLibre- que después de haber solicitado terminar la instrucción del Palma Arena y de haberme sido concedida fuera yo el que abandona”.

La "afinidad" con Podemos

El propio Pablo Iglesias, según reconocen desde la dirección de Podemos, ha intentado convencer a Castro de que esa prórroga concedida no evitará los efectos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya entrada en vigor pondrá límite a los plazos de instrucción de las causas por corrupción.

José Castro ha expresado en esos contactos y conversaciones su “afinidad” con algunas de las propuestas políticas de Podemos conocidas hasta ahora, y especialmente su “acuerdo con la necesidad de una regeneración profunda en el ejercicio de la actividad política”. Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Castro recuerda que “no hay ley procedimental cuyos plazos no puedan prorrogarse”, y confía en que lo mismo ocurra con la última reforma de la LEC.

Ni Iglesias ni quienes han ejercido una labor de intermediación para convencer al titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma han conseguido hacerle cambiar su decisión de continuar con la investigación de las 19 piezas pendientes que componen el caso Palma Arena. Castro comenzó su instrucción en 2008 para determinar las posibles responsabilidades penales por el sobrecoste en la construcción del velódromo mallorquín, un proyecto impulsado por Jaume Matas desde la presidencia de la comunidad autónoma balear. De esa investigación, una de cuyas ramas condujo a la condena de Matas por la que ya ha cumplido un año de prisión en Segovia, se derivó a su vez el caso Nóos, que sentará en el banquillo a partir del 11 de enero por presunta corrupción al cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y por supuestos delitos fiscales a la infanta Cristina.

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