Corrupción política

La imputación del presidente de Murcia pone en el disparadero el pacto PP-Ciudadanos

Albert Rivera muestra desde su escaño una información de un periódico.

El Congreso de los Diputados debatió este martes en pleno una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes presentada por Ciudadanos. Según esta, todos los cargos electos en ejercicio "perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos". La redacción supone una variación de la postura tradicional de la formación naranja. Y llega en un momento en el que Ciudadanos está reclamando la renuncia del presidente de Murcia (Partido Popular) tras su imputación en el caso Auditorio.

A efectos prácticos, con esa ley en vigor, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no tendría que dejar su cargo, tal y como le demandan desde Ciudadanos, formación gracias a la que gobierna en la comunidad autónoma. Pero en Ciudadanos lo matizan. Cuanto el texto legal, que recibió ayer el primer visto bueno de la Cámara baja, esté en vigor, su articulado será un marco general para todos los partidos políticos. Pero los pactos y los acuerdos, como los firmados en Madrid y el propio de Murcia, están por encima de esa proposición de ley.

"Se trata de dos cuestiones distintas. Lo que presentamos en el Congreso es una propuesta de modificación legislativa, mientras que los pactos autonómicos son compromisos políticos entre dos formaciones", señalan a infoLibre desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. "Los acuerdos prevalecen en el ámbito en que se han suscrito, y son de validez inmediata desde que se firman", añaden.

Además, recuerdan que el texto debe ser todavía debatido hasta su entrada en vigor, por lo que no se trata de una cuestión inmediata. "La exigencia de Ciudadanos ha sido máxima para garantizar que se facilita la gobernabilidad sin que quepa duda respecto a la limpieza de los gobiernos. En el caso de la ley integral anticorrupción, hoy [por este martes] iniciamos el trámite que debe pasar por varias fases de debate y deliberación antes de entrar en vigor", mantienen.

El PP: "doble discurso"

Por su parte, desde el PP mostraban su sorpresa por lo "contradictorio" de la propuesta de Ciudadanos y su "doble discurso". "No entendemos el porqué de esa disparidad de criterios", señalaban fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario. De hecho, los conservadores defienden que Pedro Antonio Sánchez siga en el puesto, pese a la imputación y aplazan el momento de la asunción de responsabilidades políticas al momento previo a la apertura del juicio oral. Así lo defienden tanto desde Génova como desde el Gobierno murciano, unas tesis que están erosionando el pacto entre ambas formaciones mientras Podemos y el PSOE hablan ya de una moción de censura.

En el entorno de Rajoy no restan importancia al cruce de declaraciones y a la exigencia de responsabilidades, pero confían en que, con el paso del tiempo, la situación se reconduzca y estos escándalos no se crucen en la negociación para los Presupuestos Generales del Estado

Este mismo martes, el partido de Albert Rivera instó al dirigente conservador murciano a dar un paso atrás y a proponer un sustituto antes de plantear una moción de censura. Y el PP, por boca de su número tres, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que su intención era "convencer" a Ciudadanos de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia porque no está afectado por un "caso de corrupción".

Cuatro delitos

Los argumentos del coordinador general del PP y vicesecretario de Organización se tambalearon poco después de pronunciarlos. Cuando Martínez-Maillo sostuvo que, en el caso de Pedro Antonio Sánchez, "no estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción" estaba a punto de entrar a un desayuno informativo protagonizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero a última hora de la mañana el caso adoptaba un giro importante. El juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Julián Pérez-Templado, emitía un auto de corrección [ver aquí] de las diligencias ordenadas este lunes por las que se citaba a Sánchez a declarar en calidad de investigado por solo un delito de de prevaricación administrativa.

En la nueva redacción, el magistrado incluye los delitos de "prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos". No pasó inadvertido tampoco que al delito de prevaricación administrativa incluido el lunes añade ahora el calificativo de "continuada".

Pese a esta variación del contenido de la imputación del presidente de Murcia, el PP considera que el momento de la apertura del juicio oral es el "adecuado" para exigir que se aparten los cargos públicos. 

Los conservadores dicen haber aprendido las lecciones del caso Barberá en lo que a exigencias de responsabilidades políticas se refiere y, hasta la fecha, han respondido de forma coordinada a las novedades judiciales sobre los casos que afectan a Pedro Antonio Sánchez. Rajoy ha pedido "prudencia" y máximo respeto a la presunción de inocencia. Y nadie en el PP se ha movido de ese argumentario. De hecho, hay dirigentes que en estos días se lamentan por el hecho de que el PP no se hubiese sentado con Ciudadanos en las últimas semanas para "retocar y revisar" el pacto a fin de dejar por escrito la cuestión de la apertura de juicio oral. Son los mismos dirigentes que creen que no se puede permitir a Rivera que les marque su día a día.

¿Hay miedo a un vuelco de la situación en Murcia que les lleve a perder el Gobierno? De momento, no. El PP cuenta con 22 diputados en la Asamblea de Murcia, y PSOE, Podemos y Ciudadanos juntos suman 23. Para que saliese adelante una moción de censura, el partido de Albert Rivera tendría que votar con Podemos y con los socialistas, un escenario que en la formación naranja no acaban de ver.

La tensión entre PP y Ciudadanos a cuenta de la corrupción quedó patente este martes en el pleno del Congreso en el que Rivera presentó su ley ómnibus contra la corrupción.

"No se extrañen de que la gente se preocupe por la corrupción porque llevan un ritmo de un imputado por semana", espetó Rivera a PP y PSOE. Una alusión que, junto a otras, como la demanda a los conservadores de que el partido "devuelva hasta el último euro que Bárcenas robó a los españoles", irritó a la portavoz en la Comisión de Calidad Democrática del GPP, Beatriz Escudero. 

"No es precisamente  sobrellevar la corrupción lo que ha hecho el Gobierno, ni mi Grupo Parlamentario. El Gobierno del Partido Popular ha sido el primero en la historia de España que ha presentado un Plan Nacional de Regeneración Democrática para la Disuasión y el Castigo de las Prácticas Corruptas, con más de 70 medidas tanto preventivas como coercitivas", dijo Escudero.

De igual modo, Escudero reclamó al jefe de Ciudadanos que "no mienta". "Ha subido a la Tribuna y ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concedido indultos a sus concejales y alcaldes. 2014 y 2015, años en los que usted [en referencia a Albert Rivera] no existía políticamente, el Gobierno de España no ha concedido ningún indulto por delito de corrupción", subrayó.

En un momento del debate, Escudero preguntó a Rivera si los 3.123.169 ciudadanos españoles que les votaron son los buenos y si los 7.906.185 que votaron al PP son los malos. "Hablar de buenos y malos y utilizar la demagogia en este tema lo único que produce es el debilitamiento del Estado", consideró.

Discrepancias

Los conservadores llevan preparando el terreno para justificar su reacción a la situación de judicial de Sánchez desde la semana pasada. Desde entonces, en el Gobierno de la Región de Murcia se acogieron a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Lo explicaban apuntando a que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". 

El acuerdo, con fecha de 22 de junio de 2015, sostiene lo siguiente en lo que puede afectar al presidente murciano: "C's presentó en su día una propuesta de Acuerdo por la Regeneración Democrática que PP y D. Pedro Antonio Sánchez López asumen su cumplimiento expresamente". Entre otros asuntos, se firmó el compromiso de "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial". 

Desde el Gobierno de Murcia señalan que el pacto se redactó antes de la sustitución en la ley del término "imputado" por "investigado" y que esto lleva el momento de la toma de decisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Una opinión que no comparten en el partido de Albert Rivera aunque es esta su apuesta para la ley presentada este martes en el pleno.

Dirigentes del PP murciano consultados por infoLibre consideran que es dentro de Ciudadanos donde existe disparidad de criterios e interpretan que cuando los dirigentes nacionales del partido naranja hablan de imputación formal se refieren al momento previo a la apertura de juicio oral y que es la dirección regional la que pretende que dimita cuando sea llamado por el juez. Se trata de un justificación que se cae al escuchar a los dirigentes de Ciudadanos.

Entre otros cambios, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sustituyó el término "imputado" por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación.

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