El informe final de la Policía en el 'caso mascarillas' deja dudas sobre la existencia de más comisionistas

El informe final de la Policía Nacional en el marco del llamado caso mascarillas, centrado en varias compras de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, siembra dudas sobre la existencia de otros comisionistas más allá del empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. Los investigadores dejan caer dicha posibilidad después de analizar todo lo incautado en los registros llevados a cabo en el domicilio y en la compañía del primero de ellos. Una maraña de información entre la que se encuentra un correo electrónico en la que se menciona la existencia de varios comisionistas. El informe fue remitido al juez del caso pocos días después de que éste propusiese enviar a juicio a Medina y Luceño.

El mail sobre el que se asientan las sospechas fue enviado a las 16:55 horas del 21 de julio de 2020. El remitente es Alberto Luceño. El destinatario, el ciudadano singapurense Chan Beng Kay, alias Anthony, a quien la investigación ha situado como el enlace entre los dos comisionistas y la empresa de Malasia a la que el consistorio de la capital compró el material sanitario: Leno Sdn Bhd. Y en copia, "sanchichoon". "Me he reunido con todos los comisionistas de operaciones sanitarias y hemos acordado lo siguiente", arranca el correo de Luceño. Y continúa: "Ayer se transfirieron a mi cuenta bancaria todas las comisiones que han cobrado, por lo que a efectos de investigación no han cobrado comisiones. En unos días llegará el dinero, como si solo lo hubiéramos cobrado Luis y yo".

"Luego, cuando pase la investigación en España, volveré a transferir ese dinero a cada comisionista", prosigue el empresario. El correo electrónico se envió en un momento muy concreto, en el que comenzaba a estrecharse el cerco alrededor de Luceño y Medina. De hecho, sólo dos días después de que se mandara ese mail, la Fiscalía Anticorrupción recibió un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (Sepblac) alertando de posibles delitos de malversación o blanqueo de capitales alrededor de dichas operaciones de compraventa. Aquel documento fue el que dio inicio a las pesquisas del Ministerio Público. Y el que puso los cimientos de lo que luego se conocería como caso mascarillas.

La unidad adscrita a Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial expone ese correo electrónico en su totalidad en el informe. Lo hace "dada la relevancia de lo manifestado". Pero a pesar de lo mencionado, los investigadores no han conseguido más hilos de los que tirar. "En el análisis de los efectos no se han logrado ulteriores datos respecto de la existencia de terceros comisionistas, a parte de los investigados en la presente", resaltan en el atestado. El documento policial tiene fecha del pasado 14 de abril. Once días después de que el instructor del caso, el juez Adolfo Carretero, diese por concluida la investigación con el procesamiento de Medina y Luceño. Una decisión que, sin embargo, ha sido recurrida por varias de las acusaciones populares.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el abogado de Luceño para recabar la versión del empresario. Lo ha hecho tanto a través del despacho en el que desarrolla su actividad como a través del correo electrónico corporativo que utiliza en el bufete. En concreto, se ha preguntado si hubo más comisionistas alrededor de la operación, quiénes eran y a qué investigación hacía referencia el empresario en el mail enviado a Anthony, el nexo de unión con la empresa malaya Leno. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta.

No es la primera vez que sale a la palestra la posible existencia de otros comisionistas alrededor de las operaciones de compraventa de material sanitario que se encuentran bajo la lupa judicial. El pasado mes de octubre, elDiario.es publicó un correo electrónico fechado el 20 de abril de 2020 en el que Luceño trasladaba a Medina un cuadro de reparto de comisiones en relación con las operaciones cerradas de mascarillas, test y guantes. En el mismo figuraban, además de los dos comisionistas españoles, la empresa "Leno" y alguien llamado "Lin Shin". "Probablemente el señor Lin Shin fue algún proveedor que en los momentos iniciales de la operación pareciera que iba a participar, sin llegar a hacerlo finalmente", trató de explicar Luceño en un escrito remitido al juez instructor.

"Lo voy a tener que reclamar por la vía legal"

La información extraída por la Policía de los distintos dispositivos del empresario permite reconstruir cómo fueron aquellos intensos meses de pandemia para todas las partes relacionadas con el caso. El cruce de mensajes refleja, por ejemplo, los intentos de Luis Medina por cobrar una serie de comisiones que supuestamente se le debían. "Luis exige que le paguen los 900K. Ya ha esperado más de dos meses y entiende la situación, pero desde que hablamos hace mes y medio quiere que se le haga un plan de pagos", traslada Luceño a Anthony. Ocho días más tarde, Medina vuelve a insistir por Whatsapp a su socio español: "Diles que ingresen la semana que viene algo y dos pagos más agosto sept. Mail por escrito. Si no yo, entiéndeme lo voy a tener que reclamar por la vía legal".

En aquel momento, según las conversaciones intervenidas, la firma Leno tenía las cuentas bloqueadas. Y así se lo hace saber Luceño a Medina. Unas semanas antes, el Banco de Malasia había pedido a Leno explicaciones por las altas comisiones cobradas en el marco de estas operaciones. Algo sobre lo que también había puesto la lupa la entidad bancaria MayBank. "Junto con la exposición detallada de las cantidades, se demanda una explicación al hecho de que las comisiones de los agentes españoles supongan el 59,8% y el 70,95% del valor de los productos, respectivamente", recoge el informe de la Policía Nacional. En concreto, el banco malayo centraba el tiro, según le traslada Anthony a Luceño, sobre las mascarillas y las pruebas de coronavirus.

La investigación de la información intervenida también pone de manifiesto que el enlace con Leno y el empresario habrían estado analizando posibles alternativas para lograr que al aristócrata se le ingresara lo que se le debía. "Sobre el dinero de Luis 'que se confisque' o 'no se confisque', depende del resultado de la investigación. Yo personalmente prefiero ir por el método de la puerta trasera mediante el pago de algo de dinero para luego liberar todo el dinero", señala Anthony. "Respecto al dinero de Luis, ¿cuánto dinero habría que dejar por la puerta de atrás? ¿Y cuándo podríamos pagar a Luis?", le pregunta Luceño horas más tarde.

Para los investigadores, dicho "método" de la puerta de atrás no sería otro que "pagar una cantidad indeterminada de dinero a las entidades públicas o privadas, competentes para la cancelación del expediente que mantendría el capital inmovilizado para que el mismo se libere y se pueda transferir".

"Ahí entran los de blanqueo de capitales a mirar"

El informe de la Policía también pone de manifiesto que los dos comisionistas españoles eran perfectamente conscientes de la "elevadísima cuantía" de las comisiones a percibir. Se apoyan, sobre todo, en un audio que Medina envía a Luceño el 14 de julio, una semana antes del correo en el que el segundo deja caer la existencia de más comisionistas. En el mismo, el aristócrata sugiere a su colega que hagan los Imfpa –un tipo de contrato que se utiliza en el comercio internacional para proteger las comisiones de los intermediarios– separados para que sus bancos no vean que los beneficios son tan elevados y evitar así una investigación por blanqueo de capitales.

"¿No crees que es mejor que las IMFPA'S las hagamos separadas de cara a aquí a nuestros bancos de cada uno para que no vean, que sabes que el beneficio tuyo y mío es tan grande, sabes? No es lo mismo que de un test que vende 17 que el banco crea que el beneficio son 3,6, que es lo que me llevo yo, a que vea que es 3,6 mío y 3,6 tuyo que van a decir ostia, pero que tipo de pelotazo es este, ¿sabes? Y que ahí entran los de blanqueo de capitales a mirar a investigar", expone Medina. Algo que Luceño ve con buenos ojos, según el informe policial: "Toda la razón".

Al final, detalla la Policía, entre la documentación aportada por ambos comisionistas a sus entidades bancarias "se entregan IMFPAs en el que figuran ambos agentes, y a mayores de ello, Alberto Luceño entregaría otros en los que figuran más comisiones cobradas por él mismo en exclusiva".

Luis, el "miembro del Gobierno"

En ese tira y afloja para que se abone a Medina la cantidad que supuestamente se le debía, Luceño llega a presentar a su socio en este negocio primero como una persona "importante en el Gobierno de España" y después, directamente, como miembro del Ejecutivo nacional. "Necesito que realices el pago de manera responsable, profesional, honorable y urgente al miembro del Gobierno, Luis, de los 375.000 dólares que te corresponden. (...) Piensa cómo te sentirías si le debieras dinero a tu gobierno", señala en una misiva que hace llegar a Anthony. Es 14 de octubre de 2021. Y en ese momento tanto Medina como Luceño son plenamente conscientes de que Anticorrupción les está investigando. De hecho, ambos han prestado ya declaración ante el fiscal del caso.

Tras casi un año de investigación, el instructor de la causa decidió a comienzos de mes procesar a los dos comisionistas. A ambos, les ha atribuido estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Pero sobre la cabeza de Luceño también coloca un delito fiscal y otro de falsedad en documento público. Este último se apoya, fundamentalmente, en la localización en los registros de documentación "con diversas versiones o modificaciones" en unos casos o con "elementos discordantes o faltos de realidad" en otros. Entre los efectos intervenidos, copias con la apariencia de carnets del Centro Nacional de Inteligencia, del Departamento de Seguridad Nacional, del Ejército de Tierra o de miembro honorario del Cuerpo Nacional de Policía. Todos con la fotografía de Luceño.

En cuanto al delito fiscal, el juez expone que Luceño no declaró las comisiones percibidas en el IRPF de 2020, sino que lo hizo "mediante su inclusión" en el Impuesto de Sociedades de su empresa Tamaka Invest, que ni siquiera estaba constituida en el momento en el que se prestaron los servicios o se cobraron las comisiones. El objetivo, recoge el auto judicial, era "beneficiarse" del tipo inferior de Sociedades. En total, siempre según la investigación, Luceño habría dejado de pagar al fisco 1,35 millones.