De la integración de los menores migrantes en Galicia a su segregación por la lucha de la Xunta con el Estado

El edificio residencial Francisco Suárez de la asociación Prodeme en Monforte, elegido por la Xunta para instalar un “centro específico para menores extranjeros” con 80 plazas, ha saltado a los titulares en los últimos días a raíz del atentado perpetrado contra sus instalaciones. Apenas una semana después de que la conselleira de Política Social confirmase la elección, dos artefactos incendiarios fueron lanzados contra lo que la entidad monfortina había concebido en su día como un edificio de veinte viviendas tuteladas para personas con discapacidad.

El centro de Monfortino donde la Xunta prevé concentrar a 80 menores inmigrantes, ahora noticia por el atentado del pasado fin de semana, venía generando preocupación y críticas entre fuerzas políticas y profesionales del sector por el riesgo de crear un "gueto" ajeno a la integración

Instituciones públicas y fuerzas políticas y sociales albergan pocas dudas de que el ataque, aún bajo investigación policial, está íntimamente ligado a los discursos de odio contra los menores migrantes sin compañía familiar. En ámbitos de la extrema derecha el complejo ha sido señalado desde el momento en que el Gobierno gallego lo eligió e incluso Vox organizó una movilización contra su apertura el pasado martes.

Más allá de estos hechos y ya antes de que se produjesen, la decisión del departamento que dirige Fabiola García generó críticas políticas, así como honda preocupación entre profesionales y entidades especializadas en la protección de menores de edad. Crear un “centro específico” para migrantes en lugar de atenderlos como a cualquier otro menor necesitado de protección en Galicia, advierten, supone romper con el modelo de integración e inclusión que viene funcionando en el país para sustituirlo por otro que conduce a la “segregación” y al “gueto”.

"Los derechos no pueden cambiar en función del origen o la cultura" de los menores tutelados, advierte el presidente del Colegio de Educadores Sociales de Galicia

“Los modelos segregacionistas no funcionan, hay muchos estudios que así lo avalan e incluso en Galicia hubo experiencias que no funcionaron”, resume Sonia González, presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG). En conversación mantenida con Praza.gal antes del ataque del pasado sábado, González explica que la apuesta de Política Social implica “retroceder treinta años” alegando una “urgencia que no es tal”, dado que el Gobierno gallego, resalta, hace meses que sabe que tendrá que acoger a más menores migrantes en función de los criterios definidos por el Gobierno de España.

“Es cierto que existe sobreocupación” en las instalaciones ya existentes, “lo sabemos quienes trabajamos en protección de menores, porque no es nada fácil conseguir plazas”, evidencia la presidenta del CEESG, y por ello “hay que crear nuevos espacios”. “Pero los derechos —advierte— no pueden cambiar en función de la procedencia o de la cultura de un niño” y en el “mismo sistema” de protección no puede haber “distintos derechos”, exponiendo a los menores migrantes “a las consecuencias que tiene cualquier gueto”.

“Si la Xunta lleva años trabajando en el modelo de integración es porque funciona, aunque se necesiten más plazas” en, por ejemplo, “casas de familia” de pequeña dimensión, “situadas donde hay posibilidades de integración real, proximidad a centros escolares y otros recursos normalizadores”. Estos elementos, advierte, son especialmente importantes en el caso de “niños y niñas próximos a la mayoría de edad”, como ocurre con muchos adolescentes migrantes sin compañía familiar que “llegan con daño, con historias vitales muy duras” y que “necesitan especial atención” que “difícilmente se va a brindar alejándolos de los entornos en los que cualquier niño o niña funciona de una manera más integrada”.

La ministra admite que su plan "rompe con el sistema integrador e inclusivo de protección" de los menores pero culpa al Gobierno español de "imponer" que Galicia acoja a 317 menores migrantes pese a "no tener capacidad"

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A juicio de la presidenta del Colegio de Educadoras “se está utilizando a nivel partidista” y con un “macrocentro” se está dando una respuesta “de corto plazo” alejada “de los paradigmas técnicos” de “cualquier profesional de la intervención socioeducativa”. “Creemos espacios para la integración que merece cualquier niña o niño” en lugar de “favorecer guetos”, reclama.

La propia conselleira García admite que este plan “rompe con el sistema integrador e inclusivo de protección en Galicia, basado en pequeños recursos residenciales en los que los menores conviven sin tener en cuenta su origen”. Pero, defendió la titular de Política Social este lunes en una visita al complejo atacado, abrir un centro de 80 plazas solo para migrantes “es la única alternativa de la Xunta ante la imposición del Gobierno central de derivar a Galicia 317 menores” para los que “Galicia no cuenta con capacidad”.

Hace apenas una semana, con el primer anuncio de la elección del edificio de Monforte, la conselleira señaló que hasta ahora la Xunta había recibido apenas “seis expedientes de adolescentes” de ese total de 317 “a los que se suman 15 menores solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo”. Según la estadística de protección de la propia Consellería, en el año 2022 —último para el que ofrece datos— recibieron acogida en Galicia 177 menores de origen extranjero en situación de desamparo por no tener compañía familiar.

El edificio residencial Francisco Suárez de la asociación Prodeme en Monforte, elegido por la Xunta para instalar un “centro específico para menores extranjeros” con 80 plazas, ha saltado a los titulares en los últimos días a raíz del atentado perpetrado contra sus instalaciones. Apenas una semana después de que la conselleira de Política Social confirmase la elección, dos artefactos incendiarios fueron lanzados contra lo que la entidad monfortina había concebido en su día como un edificio de veinte viviendas tuteladas para personas con discapacidad.

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