"Es alguien de mi confianza": los emails del Ayuntamiento de Madrid revelan el intenso papel de los intermediarios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida durante su intervención en la presentación de la futura Ciudad del Deporte.

Madrid, 20 de marzo de 2020. No ha pasado ni una semana desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretase el estado de alarma y el confinamiento de la población para hacer frente a una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan desde la gripe de 1918. Y al buzón de correo electrónico de la Coordinación General de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, un departamento pilotado por Matilde García Duarte, no dejan de llegar ofrecimientos para la adquisición de material sanitario. A primera hora de la mañana, un email pone sobre la mesa del consistorio de la capital el nombre de un contacto con posibilidad de facilitar la compra de unas mascarillas, guantes o batas por las que entonces competía medio mundo. Se llama Bruno del Prete. Y es el CEO de The Networking Agency, una firma que se dedica principalmente a la intermediación.

La identidad llega al buzón de la Coordinación General de Alcaldía a través de una tercera persona. Se llama Daniel Garrigues. Y, a la vista del contenido del email, parece que ya ha existido un contacto previo. "Hola Matilda, buenos días. Como quedamos ayer por la tarde y de cara a vuestra inminente reunión con los responsables de adquirir todo lo que se necesita para combatir el virus, adjunto esta carta-presentación de la persona que te comenté ayer por teléfono", arranca el correo. Garrigues dice que Bruno del Petre es "intermediario" pero solo "a la hora de localizar proveedores serios, solventes y que cumplan en tiempo y forma con los contratos que se firmen". Una vez que se llegue a un "acuerdo", la interlocución se hará de forma directa entre gobierno local y fabricante.

"Es alguien de mi entera confianza", resalta, al tiempo que pide que, en la medida en que "sea posible", se ponga "encima de la mesa" la propuesta. Con el correo adjunta una carta de presentación firmada por Del Prete. En la misiva, el empresario presenta su compañía como una firma "dedicada principalmente a la intermediación": "Nuestro trabajo es poner a las autoridades públicas con los proveedores de materiales en cuestión asegurando que sean fiables en tiempo y forma". Cuenta que están trabajando con fábricas de Turquía, India y China o que los proveedores "están garantizando" eficiencia en cuanto a productos, volumen y puntualidad. Y deja caer que pueden conseguir mascarillas, respiradores, ges hidroalcohólico, guantes, batas o kits de detección rápida del virus.

A comienzos de junio, el juez instructor del caso mascarillas, Adolfo Carretero, pidió al Ayuntamiento de Madrid una copia de todas las propuestas u ofertas recibidas en la dirección de correo electrónico de la Coordinación General de Alcaldía –el famoso cgalcaldia@madrid.es que el primo del alcalde dijo haber facilitado al aristócrata Luis Medina– desde mediados de marzo a finales de abril o a la de Elena Collado, la entonces jefa de compras. El consistorio ha aportado recientemente toda esa información. Son más de dos centenares de emails, a los que ha tenido acceso infoLibre, en los que se refleja el aluvión de propuestas recibidas durante los momentos más negros de la pandemia y el papel que jugaron los intermediarios a la hora de hacer llegar ofertas. Eso sí, algunos dejando claro que lo único que querían era ayudar y no hacer negocio.

Para cuando Garrigues escribió al consistorio, el nombre de Luis Medina ya se encontraba en el buzón de entrada del departamento dirigido por García Duarte. Había escrito un par de días antes. "Siguiendo las instrucciones de Carlos [Martínez Almeida] te envío algunos productos que tenemos disponibles y listos para enviar por avión a terminal cargo Barajas", comienza, al tiempo que resalta que en ese momento le estaban vendiendo también material a los gobiernos de Alemania y Bélgica. Ahora, más de dos años después, la justicia investiga en el marco del caso mascarillas el papel del aristócrata y su socio, el empresario Alberto Luceño, alrededor de varios contratos para la adquisición de material sanitario adjudicados por el consistorio de la capital. Ambos se llevaron, según las pesquisas de Anticorrupción, alrededor de seis millones de euros en comisiones.

De las consultoras a los despachos de abogados

No es la única operación mediática que se encuentra bajo la lupa de los jueces. En el Juzgado de Instrucción número 30 de la capital hay abierta desde hace un par de meses una causa relacionada con la compra a Sinclair&Wilde de 500.000 mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse por 2,5 millones de euros. Esta consultora estadounidense llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de la empresa Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, administrada por Araceli Vida. De ella, el primer correo del que se tiene constancia entre los facilitados al juez es de la madrugada del 21 de marzo. Se lo reenvía el abogado Carlos Fernández Pita González al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, quien luego se lo rebota a la presidenta de la funeraria municipal. Es una suerte de presentación acompañada de un dossier en el que se especifican diferentes productos, precios y forma de pago de los mismos.

Fue la primera comunicación que consta vía email. Sin embargo, no fue la única, según la documentación aportada por el consistorio. En el buzón de Collado figuran al menos siete correos más que la administradora de Aifos dirige a la entonces jefa de compras hasta el 24 de marzo. En algunos casos, para hacerle llegar las facturas proforma relacionadas con diferentes operaciones. En otros, para comunicar problemas y ofrecer soluciones: "Te llamo ahora porque esta mañana a las 7 de la mañana ya estaba yo tramitándolo, pero nos han quitado las mascarillas. He encontrado otras que podrían estar en 2 días aquí pero a más precio". Según reveló este diario, a través de Aifos se realizaron alrededor de una veintena de contratos para la adquisición de material sanitario con distintas empresas.

Durante aquella semana, consultoras o despachos de abogados funcionaron a pleno rendimiento para hacer de nexo de unión entre empresas que podían suministrar material y la administración local. "Representamos a un cliente ubicado en China el cual tiene la capacidad de venta y de abastecer todo el material sanitario que tanto hace falta en estos momentos", se ofrecía una persona a nombre de un bufete ubicado en Barcelona. "Te paso la información de un test de COVID 19 de un laboratorio chino que me llega a través de mi firma de allí", rezaba horas después otro correo que entraba en el buzón de la Coordinación General de Alcaldía a nombre de una responsable de una compañía de consultoría.

Y luego estaban los comerciales. Estos no necesitaban introducción previa. Eran ellos los que, directamente, se presentaban ante la administración local. Así, por ejemplo, en el buzón de correo del departamento dirigido por García Duarte figura un correo de un ciudadano alemán en el que ofrecía la capacidad de producción de una empresa de fabricación textil búlgara. O de un sueco que se presentaba como agente con "derechos exclusivos" para los kits de detección del coronavirus de dos de las cinco compañías que en Corea contaban con la "aprobación de exportación del Gobierno". "Podemos enviarlo tan pronto como recibamos la confirmación de un pedido de prueba. La demanda actual es extremadamente alta y el tiempo es crítico y, como puede imaginar, la logística de envío es un desafío con todos los vuelos cancelados", decía.

La oferta de un exasesor en el Congreso de los Diputados

Algunas de estas propuestas para el suministro de material las ponían sobre la mesa cargos del consistorio. "Me llama un buen amigo (...) para indicarme que, si lo precisáramos, un familiar suyo en Asturias tiene una fábrica con capacidad para, diariamente, fabricar: 10.000 mascarillas y 3.000 batas", apuntó en un email el entonces coordinador general de Cultura del consistorio, Jorge Moreta. O la propia Policía Municipal. "Hemos venido realizando gestiones para conseguir material. No ha sido posible porque todo está intervenido, la única solución es conseguirlo fuera de España. En esas gestiones hemos localizado a una persona que está muy conectada con el sector sanitario, como Sanitas o Mapfre, y también puede ser importador de productos desde China", escribió a Collado el subdirector general económico-administrativo del cuerpo, al tiempo que ponía sobre la mesa un nombre y un teléfono de contacto.

Al correo de la Coordinación General de Alcaldía llegó incluso una propuesta para la compra de material sanitario puesta sobre la mesa por un exasesor en el Congreso de los Diputados. "Se adjunta listado de materiales de protección contra el COVID-19 que se ha recibido en esta DG [Dirección General] por parte de un contacto (fue asesor en el Congreso de los Diputados) que trabaja habitualmente con empresas de China, por si fuera de interés su adquisición", escribía a finales de marzo Cecilio Cerdán, director de Cooperación y Ciudadanía Global. El dossier adjunto a aquel correo incluía máscaras quirúrgicas a 0,83 dólares la unidad, KN95 a 2,52 dólares, FFP2 a un coste unitario de 2,95 dólares o trajes de protección por 17,5 dólares la pieza.

"No cobro ninguna comisión como mediadora"

Otras, sin embargo, llegaban directamente de los ciudadanos. Algunos, porque recibían ofertas de empresas y se las rebotaban directamente al consistorio de la capital. Otros, porque conocían proveedores con capacidad de suministro en aquellos momentos tan negros. No pocos, de hecho, aseguraban hacerlo de forma altruista. "Actualmente estoy en búsqueda de empleo y desafortunadamente tengo tiempo libre y me dedico a poder echar una mano. Por supuesto hago esto de una manera desinteresada", señalaba un ciudadano, que apuntaba que por su antigua ocupación tenía "bastantes contactos" en China y que se había puesto en contacto con él un laboratorio del país con una capacidad de producción de "unos 800.000 test diarios".

Algunos de esos mensajes llegados al buzón de Coordinación pretendían dejar claro que no había comisión alguna. "Que quede por delante, que al igual que los vehículos que intercedí para su préstamo, yo no llevo comisión, por tanto solo os pondría en contacto con mi socio en Emiratos, yo no sería vuestro contacto, os presento y me quito", apuntaba un empresario del sector fotovoltaico, que ofrecía al consistorio la capacidad de producción de un grupo chino al que compraba los paneles. "Recientemente me ha llegado una oferta de una empresa hongkonesa que fabrica EPI, con la cual no mantengo ninguna relación contractual, por lo que no cobro ninguna comisión como mediadora de sus operaciones", apuntaba, por su parte, una profesora universitaria que decía haber recibido el contacto a través de un colega del Partido Conservador británico.

Más allá de esto, los correos electrónicos aportados al juez también permiten comparar los precios y condiciones de las ofertas recibidas durante todos aquellos días. Según laSexta, el consistorio de la capital rechazó al menos siete ofertas de mascarillas más baratas y que llegaban con mayor celeridad que las de Medina y Luceño.

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