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Tribunales

Los investigados por el espionaje político-empresarial de Villarejo se instalan en el silencio mientras el BBVA mantiene la opacidad

Ignacio Pérez Caballero (i), director de Red de Banca Comercial de BBVA, a su salida de la Audiencia Nacional.

La cúpula del BBVA durante la época de Francisco González al frente de la entidad apuesta por el silencio absoluto en relación con el caso Villarejo. Cinco directivos y ex altos cargos del banco estaban llamados a declarar este jueves como investigados en la Audiencia Nacional por la operación de espionaje político-empresarial que el comisario jubilado, en prisión desde noviembre de 2017, montó hace tres lustros para el BBVA con el objetivo de evitar el desembarco de la constructora Sacyr en el consejo de administración de la entidad financiera. Sin embargo, tanto el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como los fiscales Anticorrupción se han terminado yendo con las manos prácticamente vacías. Sólo uno de los investigados ha colaborado, de momento, con la justicia. Los otros cuatro o no se han presentado en sede judicial o han preferido acogerse a su derecho a no declarar. Una omertá que también impera alrededor de la investigación interna que el banco puso en marcha hace medio año.

La Audiencia Nacional comenzó a indagar en la relación empresarial entre el banco y Villarejo el pasado mes de enero, después de conocerse que la entidad financiera había contratado a Villarejo para desactivar la ofensiva de Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del BBVA y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La conocida como Operación Trampa, por la que el banco se habría comprometido a pagar medio millón de euros, consistió en un espionaje masivo para descubrir trapos sucios de los protagonistas de la maniobra de la constructora con el objetivo de filtrarlos posteriormente a los medios de comunicación. Para ello, se realizaron escuchas ilegales e, incluso, seguimientos, llegando a utilizar medios técnicos de la Policía Nacional. En el marco de esta pieza separada, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió a comienzos de semana citar a declarar como investigadas a nueve personas, la mayoría de ellas ligadas a la entidad financiera.

Las declaraciones, organizadas para este jueves y viernes, son claves tanto para conocer tanto la implicación de todos ellos en la denominada Operación Trampa como para saber si es necesario seguir tirando del hilo en el organigrama de la entidad. Son, en definitiva, diligencias que permitirían, entre otras cosas, conocer el grado de implicación que pudo haber tenido en los hechos investigados Francisco González, contra el que se dirigen las querellas. Porque algunos de los afectados del espionaje político-empresarial que se llevó a cabo durante aquellos años esperan que la justicia consiga desenmascarar “toda la estructura” que estaba detrás de la operación, lo que incluye tanto a “máximos cargos del banco” como a “personas de fuera” de la entidad que participaron en ella. Lo único que les preocupa, dicen fuentes cercanas a algunas de las víctimas, es que los “cargos intermedios” de la época decidan asumir toda la responsabilidad de lo sucedido.

Viajes y silencio absoluto

Estaba previsto que el encargado de abrir la ronda de declaraciones fuera el consejero delegado del BBVA hasta diciembre de 2015, Ángel Cano. Sin embargo, el ex número dos de González esquivó su paso por la Audiencia Nacional alegando que debía viajar al extranjero para participar en una conferencia, lo que ha obligado al juez a retrasar su comparecencia hasta el jueves 11 de julio. El nombre de Cano aflora en uno de los audios del comisario Villarejo filtrados a los medios de comunicación. En la grabación, publicada por Moncloa.com, se escucha al entonces jefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, charlando con el expolicía y dejando entrever que “Ángel”, su “director”, estaba al corriente de los trabajos que estaba desarrollando Villarejo. En aquella época, Cano era director de Recursos y Medios del BBVA y tenía bajo sus órdenes a Corrochano. El exjefe de Seguridad del banco, al que se considera enlace entre la entidad y el comisario jubilado, está llamado a declarar este viernes.

García-Castellón y los fiscales Anticorrupción también tenían previsto que se interrogase en esta primera sesión a otras cuatro personas: el exdirector de Contabilidad del banco Ricardo Gómez Barredo, el exjefe de Riesgos Antonio Béjar, el exdirector de Finanzas Javier Malagón y el director de Red Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero. Sin embargo, ninguno de ellos ha tirado por el momento de la manta. Gómez Barredo ha esquivado su declaración acreditando un viaje al extranjero, por lo que tendrá que comparecer el mismo día que el ex consejero delegado. Malagón y Pérez Caballero, por su parte, se han acogido a su derecho a no declarar por encontrarse la pieza bajo secreto de sumario. En la actualidad, ambos siguen ligados al BBVA, que está cubriendo la defensa de todos los directivos salpicados en la causa. Un grupo en el que, además de Malagón y Pérez Caballero, se encuentran Inés Díaz Ochagavía y Nazario Campo, directora de Seguridad Corporativa y jefe del equipo de seguridad de la entidad, respectivamente.

El único que ha prestado declaración durante la jornada ha sido Béjar, aunque sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. En poco menos de diez minutos, el que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA ha reconocido que su departamento contrató a la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos, según ha informado Europa Press. No obstante, ha querido dejar claro que no sabía que esta firma pertenecía al comisario jubilado y que durante su estancia en el banco siempre trabajó de acuerdo a las normas legales y a los códigos internos de la entidad. En total, se estima que entre 2004 y 2018 el BBVA habría pagado a la empresa de Villarejo unos 10 millones de euros por diferentes encargos. Además del espionaje, el expolicía habría sido contratado también por el banco para investigar a la asociación Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda, que fue detenido junto con el líder Manos Limpias por extorsionar presuntamente a empresas o entidades financieras.

Cierre informativo del BBVA

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El silencio de los primeros investigados coincide con el cierre informativo total del banco. Este diario se puso en contacto con el BBVA para intentar recoger su opinión acerca de la negativa de algunos de sus directivos y ex altos cargos de colaborar con la justicia, pero a cierre de esta edición no se recibió respuesta. El banco tampoco aclara si ya tiene listo el informe forensic que encargó a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) después de que hace seis meses estallase el escándalo del espionaje político-empresarial, una investigación exhaustiva que pusieron en marcha una vez que finalizaron las primeras pesquisas internas sobre la relación de negocios que mantuvo durante años el banco con el grupo empresarial del comisario jubilado. Oficialmente, el banco se limita a señalar cuando es preguntado por esta cuestión que la investigación realmente importante es la que se está desarrollando en la Audiencia Nacional, con la que, según ha asegurado el actual presidente del BBVA, Carlos Torres, están “colaborando activamente”.

Otro de los focos de la denominada Operación Trampa se sitúa sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. El pasado mes de febrero, el exvicepresidente del supervisor bursátil y exconsejero del regulador bancario Carlos Arenillas remitió una carta a los líderes de ambos organismos pidiéndoles que revelasen cuál iba a ser “su posición” ante el procedimiento judicial que está investigando los hechos. En sus misivas, a las que tuvo acceso infoLibre, Arenillas recordaba a ambos que tanto su teléfono como los de las personas de su entorno fueron intervenidos en aquella época por Villarejo mientras era número dos de la CNMV. Un dispositivo, recordaba, que además de para sus comunicaciones personales utilizaba “para las profesionales”, por lo que podría haberse visto comprometida “información confidencial” sobre operaciones societarias o bursátiles. En este sentido, también señalaba que la entidad financiera salpicada por el escándalo se encuentra bajo la supervisión de ambos organismos.

Fuentes conocedoras de este intercambio de cartas explican a este diario que tanto el Banco de España como la CNMV respondieron "educadamente" que procedía esperar a ver cómo transcurría el procedimiento judicial. Por el momento, públicamente, el supervisor bursátil se ha limitado a mostrar su convencimiento de que el BBVA está “haciendo lo que tiene que hacer” y a poner sobre la mesa la posible prescripción de los delitos. Algo más contundente ha sido el regulador bancario, que el pasado mes de febrero pidió a la entidad tener cuanto antes los resultados del informe forensic. “Es muy importante que la investigación se realice con total profundidad y con la mayor prontitud posible para tratar de eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial que podría suponer para la propia entidad”, ha señalado en alguna ocasión el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la última a mediados de junio. Prisa que también han metido desde el BCE: “Lo fundamental no es solo la rapidez, sino que sea una investigación en la que se pongan de relevancia todos los elementos que han podido influir”, ha señalado el vicepresidente, Luis de Guindos.

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