Un Poder Judicial con mandato caducado perpetúa en el Supremo el reparto de la era Rajoy pese a la oposición del Gobierno

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han dicho basta. Después de más de dos semanas de intensas negociaciones internas en las que el presidente Carlos Lesmes se ha involucrado personalmente, los sectores conservador y progresista han respondido al bloqueo político que impide la renovación de este organismo, y que ya está cerca de cumplir dos años, con los nombramientos en bloque de seis puestos clave en el Tribunal Supremo que estaban pendientes desde hace un año. Una decisión no compartida por el Gobierno, que sigue insistiendo en que un Poder Judicial en funciones no debería hacer designaciones así.

Tres magistrados para lo Penal y las presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar ya tienen nombres y apellidos confirmados en lo que ha supuesto un golpe en la mesa de los miembros del CGPJ, que con estas renovaciones han demostrado un consenso pocas veces visto en los últimos años. De los 21 miembros de conforman el órgano de gobierno de los jueces, incluido Lesmes, un total de 19 han apoyado los nuevos nombramientos, ninguno se ha opuesto y otros dos han optado por votar en blanco.

Pero eso sí, los nombramientos han salido de un órgano cuya composición se remonta a los tiempos del primer Gobierno de Mariano Rajoy y lo que revelan es una perpetuación de la mayoría conservadora en el Supremo, también en su jurisdicción Penal, la única Sala que puede abrir una investigación contra diputados, senadores o miembros del Ejecutivo, y la que tiene la última palabra sobre cualquier resolución judicial. En sus manos están ahora los recursos contra la sentencia de la primera época de Gürtel, la que condenó al PP como partícipe a título lucrativo al entender acreditada la existencia de la caja B, y es la que se ha encargado de juzgar el proceso independentista catalán y revisar la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia.

Un consenso como el mostrado el miércoles por los vocales del CGPJ sólo se entiende como un mensaje muy claro a los dos principales partidos, PSOE y PP, para instarles a que abandonen el bloqueo en el que está inmerso el Poder Judicial desde que en noviembre de 2018 llegaran a un principio de acuerdo que se frustró tras la publicación de un mensaje en el que el exsenador Ignacio Cosidó se congratulaba del pacto convencido de que su partido controlaría la Sala de lo Penal del Supremo “desde detrás”. El acuerdo incluía proponer a Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ, pero el magistrado renunció tras revelarse la confesión de Cosidó.

En los casi dos años que han pasado, el presidente del Poder Judicial, que también lo es del Tribunal Supremo, ha hecho diversos llamamientos a los partidos, también a las presidencias del Congreso y del Senado, urgiéndoles a retomar las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. En este tiempo, el CGPJ llegó a paralizar nombramientos al considerar que debía ser un nuevo órgano, salido de un nuevo Parlamento más plural, el que los hiciera efectivos.

Un CGPJ de la realidad de 2011

Hay que recordar que el Poder Judicial que preside Lesmes, renovado en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, ya agotó su mandato el 4 de diciembre de 2008. Por tanto, el CGPJ actual, aparte de estar en funciones, es el reflejo de la realidad política que salió de las urnas en 2011, una foto radicalmente distinta a la de 2020, pero que ha llevado a que los nombramientos de este miércoles salgan viciados por esa mayoría conservadora y, en realidad, el equilibrio entre conservadores y progresistas en el Tribunal Supremo continúe sin apenas cambios. En la Sala de lo Penal, los progresistas siguen en clara minoría con tres magistrados frente a 11 de perfil conservador.

Aun así, los vocales del CGPJ están satisfechos con el pacto alcanzado. Fuentes de la institución consultadas por infoLibre creen que se ha logrado un muy buen acuerdo en el que ambos bloques han hecho cesiones para llegar así a un consenso que permitiera renovar las seis plazas clave del Supremo. Según explican, la puesta en marcha de las negociaciones no puede atribuirse a una sola cabeza pensante, sino que era una aspiración que ya estaba en casi todos los miembros del organismo desde que en julio apoyaron paralizar esos mismos nombramientos ante las conversaciones existentes entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial. Dos meses después, el diálogo está paralizado y se ha recrudecido el enfrentamiento político, con acusaciones cruzadas.

Los vocales decidieron entonces que era el momento de abordar los nombres que ocuparían las seis plazas del Supremo –aunque tampoco han dejado de cubrir otras vacantes como presidencias de Sala en tribunales superiores de justicia o en audiencias provinciales–, que además de cumplir con el mandato que entienden que siguen teniendo aun estando en funciones, envía un directo mensaje a los partidos, y es que “se han equivocado”, según las fuentes consultadas.

Carlos Lesmes, como miembro del Pleno del CGPJ, también ha participado muy activamente en esas conversaciones, tratando de forjar un acuerdo, pero sin imponer ningún criterio o nombre concreto. No es que su actuación haya resultado decisiva, pero sí ha sido un valedor del diálogo, con cuyos resultados está de acuerdo, vista la votación. Otras fuentes consultadas han apuntado que algunos de los vocales que se pueden enmarcar en el bloque progresista son los que han ido atrayendo, a medida que avanzaban las negociaciones, a otros del mismo grupo que quizá estaban más dudosos ante los nombres que se iban proponiendo o estudiando. Para las citadas fuentes, no se les puede reprochar que estos puestos clave se hayan designado estando en funciones, ya que no lo impide ningún precepto legal y además no es la primera vez que ocurre.

Los conservadores siguen en mayoría en la Sala de lo Penal

En total, más de dos semanas de intensas conversaciones en las que unos y otros han ido calibrando sus preferencias, también las propuestas contrarias, y en las que han tenido que hacer “cesiones”, “dejando el ruido” político a un lado. El resultado es que dos magistrados progresistas y un conservador cubrirán las vacantes de la Sala de lo Penal del Supremo que estaban pendientes desde hacía un año, pero los equilibrios se quedan igual, ya que también era el perfil de los magistrados a los que sustituían.

El conservador es Ángel Hurtado, hasta ahora magistrado de la Audiencia Nacional y conocido sobre todo por ser el juez discrepante de la sentencia de Gürtel, y en un principio no era el favorito en las quinielas. Tenía más papeletas su compañera en el mismo tribunal, Concepción Espejel, pero era un nombre que los progresistas no estaban dispuestos a admitir por su afinidad al PP y cercanía a la ex secretaria general de este partido María Dolores de Cospedal. Los dos magistrados progresistas son Javier Hernández y Leopoldo Puente. Ambos han generado un gran consenso, incluso entre los vocales conservadores, por su preparación y brillantez técnica.

La votación de este CGPJ en funciones también ha dejado un nombramiento histórico: María Luisa Segoviano, no significada en ninguno de los dos bloques, será la primera mujer en presidir una Sala del Supremo, concretamente la de lo Social, en los más de 200 años de historia de este tribunal, creado por las Cortes de Cádiz en 1812. El resto de presidencias de Sala, el reparto ha sido equitativo: el conservador César Tolosa presidirá la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que es la que supervisa los acuerdos del Consejo de Ministros, mientras que en la jurisdicción Militar, la Sala Quinta, se ha impuesto el progresista Jacobo López Barja de Quiroga.

Dos votos progresistas en blanco

Todos los nombramientos han sido acordados en bloque, de ahí los 19 votos a favor que han obtenido las propuestas. Sólo ha habido dos votos en blanco, los que corresponden a los vocales Álvaro Cuesta (nombrado a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (a propuesta de IU). Según las fuentes consultadas, el primero pidió antes de iniciar la sesión del Pleno retirar del orden del día estos nombramientos, pero Lesmes ni siquiera sometió a votación esta propuesta al alegar que era una posición muy minoritaria.

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En el voto particular emitido por Cuesta tras finalizar el Pleno, al que ha tenido acceso infoLibre, el vocal justifica su postura no por los nombres de los elegidos para los puestos vacantes, sino porque un CGPJ en funciones no debe hacer este tipo de nombramientos estando en funciones.

Además, culpa del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces al PP por suponer una “injerencia política intolerable que se debería denunciar”, y advierte a sus compañeros de que la institución se juega “el prestigio y la credibilidad” con este tipo de decisiones. Una postura que coincide plenamente por lo defendido por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien desde hace meses pone la pelota en el tejado del PP para renovar el CGPJ.

"Rabiosamente no: el órgano de gobierno de los jueces no debe hacer nombramientos antes de ser renovado", dijo en una entrevista concedida a infoLibre. Sin embargo, hace 13 años el ministro ocupaba un puesto de vocal en un CGPJ también en funciones y que también hizo nombramientos; uno de ellos, el de magistrado de lo Penal quien ahora ocupa la presidencia de esa Sala, Manuel Marchena.