Justicia

Los jueces creen que acortar los plazos para investigar los casos de corrupción favorecerá la impunidad

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros hoy en el Palacio de la Moncloa.

El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este viernes por el Gobierno ha conseguido el rechazo unánime de las asociaciones de jueces. Desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz, Pablo Llarena, alerta de que algunos casos complejos podrían acabar archivados o con acusaciones desarmadas, hasta la Asociación Francisco de Vitoria, cuyo portavoz Marcelino Sexmero considera que la limitación de los plazos para investigar causas complejas es un intento del Gobierno de controlar a los jueces.

Los jueces son tan críticos con esta disposición, que regula el desarrollo de las investigaciones judiciales, tras constatar que cuando se apruebe definitivamente la normativa, la Fiscalía "tendrá la llave" para controlar la duración de las causas penales pues será la única parte que podrá solicitar las prórrogas al plazo que establece la nueva norma para las instrucciones, de seis meses para procedimientos sencillos y de 18 para los complejos con posibilidad de ampliarlo hasta los 36. El juez no podrá ordenar de oficio la ampliación del tiempo necesario para la instrucción, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia.

La versión oficial es que la reforma sustituye "el inoperante plazo de un mes", previsto en la actual ley para la instrucción de los procedimientos, por plazos "realistas", transcurridos los cuales se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional.

Aplicación de los plazos a las causas en curso

Es decir, si a la finalización del plazo máximo de 18 meses para causas complejas el fiscal no solicita la prórroga de las actuaciones, el juez se verá obligado a elevar la causa para su enjuiciamiento o a archivarla.

Además, la norma se acompañará de una disposición transitoria que ampliará la aplicación de estos plazos a las causas que ya estén curso, como por ejemplo el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la financiación ilegal del PP. En todo caso, el tiempo de instrucción "límite" comenzará a correr a partir de la publicación en el BOE de la norma y no se tendrá en cuenta cúantos meses o años se hayan dedicado a la investigación penal hasta ese momento.

Es precisamente el tiempo de instrucción el aspecto más controvertido. Y por eso Pablo Llarena, de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, cree necesario que en el trámite parlamentario se establezcan los mecanismos procesales que permitan a los jueces cumplir los plazos. Y esto significaría más medios para los juzgados, incluyendo ahí un mayor número de funcionarios. Pero fuentes del Ministerio de Justicia ya han adelantado que la nueva ley no implicará un aumento del presupuesto.

Llarena también considera, en relación a la prórroga de los plazos en las causas complejas, que la decisión última no la debe tener el fiscal. "El juez tendría que poder decretar una prórroga de oficio, ya que una discrepancia puede dar lugar a un sobreseimiento o también podría abordarse una acusación desarmada".

"Verdades a medias"

En similares términos se expresa la viceportavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, Victoria Rosell: "Hay un cierto fraude en pensar que al poner un plazo concreto los jueces van a acabar de instruir en ese plazo. Esto puede promover las verdades a medias o incluso los sobreseimientos falsos de los casos de corrupción más complejos. Y no por voluntad. Es increíble creer que la causa Gürtel se podría haber investigado en 18 meses, o el caso Nóos"

Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, sostiene que algunas de las modificaciones "son tonterías", como por ejemplo acabar con la denominación de imputado, en beneficio de la palabra investigado, que tiene una connotación menos negativa.

Para Gallardo, el principal problema es que la estructura de la investigación actual está obsoleta. "Aprobar por decreto que los sumarios se tienen que concluir en seis o 18 meses no mitigará la corrupción, sino que en realidad la va a favorecer. Van a promover la impunidad. Una ley parecida la aprobó Silvio Berlusconi en Italia, con la intención de que se archivaran sus casos de corrupción".

"Manipular las causas"

El portavoz del Foro Judicial Independiente va incluso más allá al valorar la decisión del Gobierno de dar la "llave" al Ministerio Público de las prórrogas de las macrocausas: "Al final la Fiscalía está controlada por el partido político del Gobierno, y nos podemos encontrar con que se puedan manipular las causas de los que tienen el poder".

Uno de los más combativos con el royecto de ley es Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco Vitoria. Este juez considera que instaurar plazos para las instrucciones "es inconcebible. No tiene sentido fijar un tiempo concreto. Su intención es controlar al juez, que en los casos más complicados tendrán auténticos problemas para finalizar sus investigaciones".

Sexmero también destaca que habrá muchos casos menores que puedan investigarse en menos de seis meses: "Puede provocar un perjuicio para el ciudadano. Con los mismos medios no se pueden mantener esos plazos", se lamenta este magistrado.

"Autonomía para los fiscales"

Pero el rechazo de los jueces coincide también con importantes objeciones de las asociaciones de fiscales. Es el caso de Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales: "Que la acusación pública sea la que tenga la llave de los derechos fundamentales no me parece mal. Pero esta decisión tiene que ir acompañada de un refuerzo de la autonomía del Ministerio Público. Tendría que ser más transparente para evitar las sospechas de que esté mediatizada por el poder político, Habría que aumentar su autonomía y dotarlos de autonomía presupuestaria".

En parecidos términos se expresa Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. "No he visto el texto definitivo, pero desde un principio nosotros ya hemos dicho que la realidad es que la Administración de Justicia está colapsada, pero el Gobierno decreta que la instrucción se acabe en un plazo".

Por su parte, Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, es la única voz discrepante, y destaca que el hecho de que los fiscales sean nombrados por el Gobierno no implica que tengan que hacer caso al Ejecutivo: "Los fiscales tienen herramientas para ser independientes".

Imputado e investigado

Tanto los fiscales como los jueces también han valorado, a preguntas de infoLibre, el cambio de la denominación de imputado y procesado por el de investigado y encausado. "Solo cuando los imputados han llegado a las cercanías del poder, pese a que este concepto tiene más de 130 años de vigencia, se han decidido a cambiarlo. No era lo mismo cuando los imputados no eran gente notable", se lamenta Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales.

En sentido contrario Pablo Llarena, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ve bien esta modificación, habida cuenta de que el término imputado "compromete la honestidad e investigado es más respetuoso con la presunción de inocencia".

El PSOE acusa al Gobierno de obstaculizar la labor de la Justicia

El PSOE acusa al Gobierno de obstaculizar la labor de la Justicia

Más sobre este tema
stats