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Justicia

Jueces y fiscales aseguran que la corrupción sí se paga en España

La no entrada en prisión por parte del exconsejero de Solidaridad de la Comunidad Valenciana Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por haber desviado ayudas para la cooperación internacional por valor de algo más de 1,5 millones de euros, es tan sólo la última contribución a la sensación de impunidad presente en la ciudadanía con respecto a los casos de corrupción, de la cual incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó el pasado febrero. Pero, ¿es cierto que la corrupción no se paga en España?

Para librarse de la cárcel, al menos de momento, el exconsejero de la Generalitat ha tenido que abonar 200.000 euros para cubrir la fianza que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España, y está obligado a comparecer periódicamente ante el tribunal para evitar cualquier riesgo de fuga. No obstante, llama la atención la diferencia de criterio entre la Fiscalía y el juez, ya que frente a la cantidad impuesta por el tribunal, el Ministerio Público solicitaba una fianza de dos millones de euros: diez veces superior a la que finalmente se ha aprobado.

Sobre esta disparidad entre las cifras los expertos consultados por infoLibre tienen opiniones diferentes. Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, se muestra crítico con la petición del fiscal y señala que no es "habitual" que haya tanta diferencia entre lo que se solicita como fianza y lo que posteriormente se impone. En este sentido, Sexmero señala que lo normal es que los condenados en primera instancia, como es el caso de Blasco, no sean privados de la libertad hasta que su pena sea firme si durante el periodo de instrucción no han sido encarcelados provisionalmente.

Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, abunda en la misma idea y apunta en este sentido un dato más: al no ser aún firme la condena contra Blasco, sigue primando la presunción de inocencia. No obstante, sí que asevera que resulta "llamativa" la diferencia entre la petición de la Fiscalía y la decisión del tribunal, toda vez que tanto juez como fiscal manejan los mismos datos sobre el patrimonio del condenado, información en base a la cual se decide la cuantía de la fianza.

"La fianza tiene como función que una persona no se escape, básicamente", explica por su parte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante es reacio a señalar un patrón con respecto a la manera de decidir las cantidades que se imponen como fianza. Pero entonces, ¿por qué tanta diferencia entre los criterios del fiscal y el juez? García aventura, y en ello coincide con Sexmero, que la posible explicación es que "el fiscal quiera que [Blasco] entre en prisión ya por no poder pagar la fianza".

"Pero no hay que olvidar una cosa: lo progresista es que una persona entre en prisión cuando tenga una condena firme", señala el portavoz de la Francisco de Vitoria en relación a esto. "La prisión provisional solo está para casos gravísimos, como los delitos de terrorismo o el homicidio, o para casos en los que sea posible que la persona juzgada pueda eludir la justicia, saliendo del país o evitando que las pruebas lleguen a juicio", abunda Sexmero, que se muestra tajante: salvo en los casos mencionados, "cualquier doctrina de cualquier país civilizado tiene prohibido anticipar la pena".

De la misma opinión es García, que explica que a la hora de encarcelar a alguien si la sentencia no es firme, el juez "se lo piensa mucho", porque supone violar el derecho a la libertad de alguien que aún mantiene la presunción de inocencia. "A veces el tribunal que condena a ocho años lo hace sabiendo que sus tesis jurídicas pueden ser discutidas en la instancia superior, y por eso se guardará mucho de meter a alguien en prisión" si no estima que existe un riesgo real de que se fugue o destruya pruebas que impidan llevar adelante el proceso.

"La justicia es lenta, pero no perdona"

En lo que sí son unánimes los diferentes expertos es en que la sensación que tiene buena parte de la ciudadanía sobre que los casos de corrupción no se castigan es real, si bien cada uno apunta diferentes razones a la hora de explicarla. No obstante, todos ellos dejan claro que la justicia sí actúa contra este tipo de delitos, aunque con deficiencias. Y en este sentido, los portavoces destacan dos motivos claros: la falta de medios y, especialmente, la lentitud de la justicia a la hora de resolver los casos.

"La justicia es lenta, pero no perdona", afirma tajantemente Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, que insiste en que "aunque tardemos, siempre vamos a dar una respuesta satisfactoria", lo que no significa que la sentencia "sea siempre condenatoria". No obstante, Frías sí admite que la sensación de impunidad puede verse provocada por la dilación de los tribunales, y pone sus propios casos como ejemplo al asegurar que ahora mismo está trabajando en juicios por delitos presuntamente cometidos en los años 2006 y 2007.

Por su parte, Victoria Rosell apunta que, a su juicio, el mayor elemento que contribuye a esta sensación de impunidad por parte de la ciudadanía es "la falta de responsabilidad política". "Si en cuanto hay indicios serios [de este tipo de delitos] la administración y los partidos reaccionaran, las personas no tendrían esa impresión", señala la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que cita como ejemplo de esta falta de asunción de responsabilidades que el propio Blasco no haya "dejado el escaño mucho antes".

"Los jueces tenemos que actuar con garantías, y nuestro sistema es además muy garantista", explica Rosell, que denuncia la "falta de medios" que sufren los jueces para llevar a cabo sus funciones, especialmente a la hora de juzgar casos de corrupción, "que son procedimientos muy complejos". "No tenemos los medios que pueda tener, por ejemplo, Hacienda, para investigar el patrimonio, ni peritos propios, ni una unidad de policía judicial propia con este tipo de conocimientos y que responda única y exclusivamente ante los jueces", explica la magistrada.

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Pero entonces, ¿cómo solucionar esta conciencia ciudadana de que los delitos contra la corrupción no se persiguen lo suficiente? Rosell es clara: Jueces para la Democracia no es partidaria de un endurecimiento general de las penas en un Código Penal que es "durísimo en comparación con el ámbito europeo". Pero eso no significa que no haya que hacer cambios, ya que según la portavoz "la propia clase política es muy condescenciente a la hora de legislar contra los delitos contra la administración pública o los de tipo societario, por ejemplo".

Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente, también hace hincapié en que los cambios son más necesarios a nivel legislativo que judicial, y hace referencia a la prerrogativa del indulto, que su asociación judicial propone eliminar. En este sentido, Dolado denuncia que ya se rechazó el pasado marzo en el Congreso de los Diputados limitar la posibilidad del indulto a los condenados por delitos relacionados con la corrupción –una iniciativa que tumbó en solitario el PP–. No obstante, sí señala que en los últimos años se han conseguido algunos avances desde el punto de vista político, como que algunos partidos se comprometan a no incluir imputados en sus listas electorales.

La nota positiva la pone Álvaro García, que afirma que, a pesar de que aún queda camino por recorrer, la justicia está mejorando a la hora de tratar los casos de corrupción. En este sentido, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales señala que los corruptos finalmente terminan entrando en prisión, y pone como ejemplo el caso de María Antonia Munar, exdirigente de Unió Mallorquina cuya condena a cinco años y medio de prisión ratificó el pasado octubre el Tribunal Supremo. "Yo prefiero verlo en optimista, no venimos de hacerlo muy bien, pero se están dando condenas duras, como ésta [la de Blasco] de ocho años, y se están recuperando activos importantes", remacha García.

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