Escándalo de las tarjetas

El juez Andreu imputa a los 78 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia por las tarjetas B

Andreu destaca como una evidencia que en los gastos de las tarjetas se aprecian numerosos cargos en compras de alimentación, de electrodomésticos, en grandes superficies, en ropa o retiradas de efectivo, “por lo que ese carácter de tarjeta de empresa o de representación no se daría, atendiendo al uso generalizado dado por los usuarios de las tarjetas”.a Nacional Fernando Andreu ha imputado a los 78 titulares de las 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia que gastaron 15,5 millones de euros en gastos personales, aunque por el momento solo cita como imputados por un delito de administración desleal o apropiación indebida entre el 16 y 18 de febrero a los 27 consejeros y administradores de las entidades financieras.

Pese a esos interrogantes, Andreu explica que los informes de auditoría y el informe pericial de los funcionarios del Banco de España vienen a señalar hasta este momento que las Visa “se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad”. También destaca la inexistencia de soporte contractual ni de previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno sobre la existencia de estas tarjetas.

La tercera de las evidencias, según el auto de Andreu, es que la utilización de las tarjetas no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales “por lo que las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que las mismas, como queda dicho, no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda Pública”.

En su auto, el magistrado explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos. Andreu considera que existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Y lo que pretende aclarar el juez es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

Andreu hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, "convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un limite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa".

Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas Andreu tiene serias dudas de que se trataran de tarjetas de empresa.

Ahora bien, ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron "o por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".

Para aclarar estos términos el juez quiere oír también como testigos a los cinco directivos que nunca usaron las tarjetas y al ex presidente de Caja Madrid Jaime Terceiro. A estos seis testigos les cita para el 20 de febrero. Los 78 imputados ahora tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también pregunta a Bankia y la Fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.

Asimismo, el juez ha llamado a declarar como testigo al que fuera secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, que es el autor de numerosos correos electrónicos con destino a Blesa en los que se explican los límites de gastos de las mismas. En otro mensaje, llega a reconocer que con la Visa llegó a pagar un recurso de Izquierda Unida.

Entre los consejeros, el primero que declarará como imputado será el que fuera vicepresidente en representación de Izquierda Unida en Caja Madrid José Antonio Moral Santín; el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el representante de los impositores Guillermo Marcos; el empresario Alberto Recarte, que fue testigo en el caso Gürtel; el socialista Antonio Romero, y los representantes en nombre del PP Ricardo Romero de Tejada y Estanislao Rodríguez-Ponga. También están imputados otros consejeros como Carmen Cafranga, Ramón Espinar (PSOE), Virgilio Zapatero (PSOE), Francisco Baquero Noriega (CCOO), José Ricardo Martínez Castro (UGT), y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

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