Caso Nóos

El juez Castro amenaza con imputar a los directivos de Citibank si no dan datos de una cuenta de Urdangarin

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en una imagen tomada el pasado septiembre.

El juez del caso Urdangarin, José Castro, ha lanzado una amenaza firme a los gestores de Citibank: o le envían de inmediato los movimientos registrados entre julio de 2008 y el mismo mes de 2010 en una de las cuentas investigadas del yerno del rey o los imputará por "desobediencia grave a la autoridad”. El magistrado cursó su petición el 28 de febrero, pero el Citi no ha dado señales de vida hasta la fecha. Esa cuenta figura entre las ocho sobre las que el juez requirió información. En cuatro de ellas, la infanta compartía la titularidad con su marido.

De materializarse, la amenaza de imputación podría afectar a un amigo de Urdangarin y Cristina de Borbón, casado con una prima de la infanta y cuyo nombre aparece en los emails incorporados a la causa: Pedro López-Quesada, cuyo perfil profesional le define como "managing director" en Citi.

En una providencia notificada ayer a las partes, el juez recuerda cómo el 28 de febrero requirió a Citibank para que le remitiera los movimientos registrados en una cuenta de Urdangarin entre el 1 de julio de 2008 y el mismo día de 2010. “A su vez, recordado el día 13 de este mes –añade a renglón seguido- recuérdesele de nuevo su inmediato cumplimiento con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se depurarán las responsabilidades penales que procedan por supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad respecto de los gestores de la entidad”.

El director general de Citigroup, el gigante financiero que opera con la marca Citibank es Pedro López-Quesada, casado con una sobrina del rey, por quien el juez inquirió a Cristina de Borbón durante su declaración como imputada, aunque esa línea no condujo a ningún sitio. El magistrado introdujo su nombre al hilo de un fin de semana que las dos parejas habían compartido durante 2003 en la casa de un alto directivo de Telefónica en La Granja (Segovia) y que figura mencionada en un correo electrónico.

Antes y después de ser nombrado consejero de Telefónica en 2006, la operadora financió con largueza las pretendidas ONG de Urdangarin -Instituto Nóos y Fundación DCIS-, así como su empresa Nóos Consultoría, cuya titularidad compartía al 50% con su socio Diego Torres. Entre 2003 y 2009, Telefónica pagó en total 1,09 millones de euros a esas tres entidades.

El misterio de la transferencia a Ucrania

El juez Castro dio su aviso al Citibank al tiempo que otra entidad financiera, La Caixa, le hacía llegar los papeles que acreditan la existencia de una misteriosa transferencia de 12,7 millones a Odesa (Ucrania) en diciembre de 2007.

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Enviado desde una de las oficinas que la extinta caja sevillana El Monte -cuyo negocio pertenece ahora a La Caixa- tenía en Madrid, la transferencia fue ordenada por dos altos directivos de Telefónica y llegó a la cuenta de una sociedad radicada en Odesa y de la que se reclama titular un empresario español que el sábado declarará como testigo en Palma, Juan José López Ribes.

Según ese empresario, el dinero aterrizó en su cuenta como si tuviera por objeto el alquiler de líneas. Pero, según su versión, los 12,7 millones tenían por destinatario real a Urdangarin. De momento, ningún indicio tangible sustenta ese relato y nadie consigue explicar cómo habría podido Urdangarin cobrar en cualquier caso 12,7 millones de euros enviados a la cuenta de un tercero, López Ribes, con el que no tenía relación. O, al menos, nada apunta a que la tuviera.

Fue un registro practicado en Barcelona dentro de otro caso por completo ajeno al de Urdangarin lo que sacó a la luz la extraña y multimillonaria transferencia, que se ha colado en el sumario que instruye Castro en su recta final. El empresario no llegó a cobrar el dinero: rechazó la transferencia y, según su relato, eso le obligó a abandonar de inmediato Odesa por miedo a que le acusaran de estafa y acabara en comisaría.

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