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El juez del 'Delcygate' pide al PP que aporte sus cuentas anuales para poder personarse en el caso

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, inaugura el VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, sigue sin aceptar la personación del PP en la acusación del denominado 'Delcygate', según informa Europa Press. La formación conservadora no ha presentado formalmente querella ni ha prestado fianza, según expone en un auto dado a conocer este lunes. Les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.

Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto, que investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.

El PP no fue el primer partido en mover ficha en este asunto, pero sí el que logró la primera actuación judicial a raíz de la denuncia (no querella) que presentó al juzgado de guardia. Con ello consiguió que se ordenara a AENA no borrar las grabaciones que del encuentro que realizaron las cámaras del aeropuerto de Barajas.

Dicha denuncia se repartió al Juzgado de Instrucción número 47, cuyas diligencias se acumularon finalmente en el 31, que es el que se ha quedado el caso. Serrano-Arnal reprocha a su compañero que aceptara la personación del PP sin formular querella y sin prestación de fianza. Recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal "instaura la querella como el instrumento procesal necesario para que el acusador popular pueda ejercer la acción penal, siendo que también debe, dicho acusador (...) prestar fianza", y ninguno de estos requisitos se dan hoy con el PP.

Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares, el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto.  También ha pedido que se le comunique quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento, para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió dicho protocolo.

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