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Corrupción en el PP

El juez de 'Púnica' pregunta por Cifuentes a un empresario que hizo donaciones a una fundación del PP

Cristina Cifuentes, junto a Mariano Rajoy y otros cargos del PP.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.

El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

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Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano. 

El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.

Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

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