El juez Ruz enfila la recta final en el caso de Caja Castilla-La Mancha

El juez Pablo Ruz pidió el viernes a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si deben realizarse más diligencias en el caso de Caja Castilla-La Mancha o si, por el contrario, hay que cerrar ya la fase de instrucción, han confirmado a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional. Salvo que los fiscales consideren necesarias nuevas diligencias o pidan el sobreseimiento de la causa, Ruz elevará el caso a la Sala para juicio una vez tenga respuesta del ministerio público.

La investigación se abrió tras la denuncia que presentaron en 2010 varios representantes del Partido Popular contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega. 

Pese a que aquella denuncia está en el origen de la investigación judicial, el Partido PopularPartido Popular, lleva meses desaparecido del caso. O, lo que es lo mismo, sin participar activamente en las diligencias practicadas pese a que está personado como acusación.

Además, la entidad financiera que ahora gestiona los activos de CCM, Liberbank, tampoco está personada en la causa, por lo que los posibles afectados no participan en el proceso. El sindicato Manos Limpias, que también pretendía sumarse al caso, vio rechazado su intento de personarse como acusación popular.

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Así las cosas, y de no ser requerida ninguna nueva diligencia, el juez podría dar por finalizada la instrucción. En este sentido, Ruz no ha tomado una decisión acerca de si piensa mantener o no la imputación de los delitos de estafa, administración desleal y falsedad contable contra Moltó y Ortega. Hasta el momento, la investigación no ha detectado un enriquecimiento ilícito. De hecho, una pieza separada que trataba de comprobar estos términos fue archivada.

Fuentes judiciales explicaron, además, que la acusación sobre los directivos de CCM no es comparable con las investigaciones que se desarrollan en la Audiencia Nacional sobre otras cajas de ahorros, como por ejemplo el caso de Bankia. Por eso la instrucción se resolverá, con toda probabilidad, mucho antes que los otros casos, sostienen las mecionadas fuentes judiciales.

En las declaraciones del pasado lunes, los dos testigos coincidieron con la versión de los imputados de que las operaciones de riesgo de la caja se comunicaban a la comisión ejecutiva de la entidad financiera y no solo a Moltó. Al mismo tiempo, dos peritos corroboraron las conclusiones de un informe previo en el que aseguraban que los contratos de la dirección de CCM provocaron un perjuicio a la entidad de 267 millones.