El juicio por el espionaje a Cifuentes, Cobo y Prada se celebrará después del verano

El juicio a los presuntos espías que habrían realizado en 2008 seguimientos al que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, se celebrará antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019, en plena batalla por la disputa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

El nombre de Cifuentes como posible espiada surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo de 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza la pretensión de tres de los procesados para no celebrar la vista por un tribunal compuesto por ciudadanos. Ahora la causa que se sigue por un delito de malversación de caudales públicos será devuelta a la Audiencia para el señalamiento de la vista, que tendrá lugar previsiblemente después del verano.

En concreto, el Alto Tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación presentado por el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces número dos de Gamón, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil Luis Caro.

En la citada Comisión de Investigación, el acusado Antonio Coronado aseguró que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Precisamente en el recurso se pedía sin éxito investigar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a González por formar parte de una presunta "organización criminal", que "operó con funcionarios de distintas administraciones públicas" y que utilizó a los acusados como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas".

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de pandora al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Previsiblemente Granados, exsecretario general del PP de Madrid, comparecerá en la vista como testigo. Ya lo hizo en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

Hace unas semanas, Granados, en la sede de la Audiencia Nacional, y en el marco de la trama Púnica, aludía a una relación personal entre González y Cifuentes, que la habría hecho conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Aseguró entonces el exsecretario popular el distanciamiento entre ambos se produjo tras una "ruptura sentimental".

También podría testificar la propia Cifuentes, quien este mismo miércoles aseguró en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia que había sido vigilada. Dentro de esa mafia que la espió, Cifuentes enmarcó el vídeo en la que se la ve robando unas cremas, unos hechos que precipitaron su dimisión tras estar varias semanas bajo el foco de atención por el asunto del máster.

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Con Cifuentes como presidenta, la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicitó en su día la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entendía, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.