Dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal. Son las tres infracciones penales de las que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tendrá que defenderse cuando el Juzgado de lo Penal de Madrid al que corresponda el caso decida la fecha en la que lo sentará en el banquillo de los acusados. Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el comisionista sanitario son de tres años y nueve meses –cinco años y tres meses si se cuentan las peticiones del PSOE y Más Madrid– con lo que, en principio, una eventual condena comportaría su ingreso en prisión al superarse los dos años, el límite habitual para suspender las penas de cárcel. En el juicio también estarán sus cómplices, los que le ayudaron a crear facturas supuestamente falsas para ocultar el fraude fiscal y otro empresario mexicano también implicado en la trama.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado (que actúa en representación de la Agencia Tributaria) solicitan idénticas penas de un año y nueve meses para el primer delito fiscal cometido conjuntamente con el de falsedad en documento mercantil y de dos años y un día para el segundo. A esa nómina de delitos, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid suma los de delito continuado contable y el de pertenencia a grupo criminal para los que solicita sendas penas de seis meses y un año y medio más. En total, la pareja de la presidenta madrileña se arriesga a una condena de cinco años y tres meses de prisión.
Fuentes judiciales explican que el hecho de que se haya acordado la apertura de juicio no cierra la puerta a que González Amador busque un pacto con el Ministerio Público para reconocer –esta vez sí– sus presuntos delitos, pagar la multa, la sanción y los intereses correspondientes para tratar de evitar la foto de su entrada en un centro penitenciario. El auto de apertura de juicio oral conocido este lunes afecta únicamente a parte de los delitos que se imputan al empresario. La anterior instructora, Inmaculada Iglesias, que se jubiló el pasado agosto, abrió una pieza separada por otros dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal que todavía se encuentra en fase de instrucción.
Esta segunda investigación indaga una supuesta comisión de la pareja de la presidenta madrileña a un directivo del gigante sanitario Quirón, uno de los principales contratistas hospitalarios de la Comunidad de Madrid. González Amador compró a la esposa de este directivo una sociedad por casi medio millón de euros, pero la firma adquirida no tenía empleados ni equipamiento de ningún tipo y carecía de actividad, por lo que los investigadores sospechan que se trata de una operación simulada con la única finalidad de camuflar el pago de una mordida.
La resolución de este lunes, firmada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, sustituta de Iglesias a la espera de que tome posesión del juzgado su nuevo titular, Antonio Viejo, cita como única resolución de referencia el auto de apertura del juicio oral dictado por el instructor del Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado el pasado 9 de septiembre, de la cual recoge seis párrafos. La pareja de Ayuso, aquí procesada, actúa en ese otro caso como acusación particular contra el máximo responsable de la Fiscalía en el proceso que se sigue contra él en el Supremo por un delito de revelación de secretos del que el instructor no ha conseguido acumular una sola prueba.
Tanto el fiscal como el abogado del Estado solicitan que a González Amador se le aplique la atenuante de reparación del daño causado al haber ingresado el 17 de mayo de 2024 el importe presuntamente defraudado más los intereses. El novio de Isabel Díaz Ayuso también ha hecho efectivas las cantidades que pudiera corresponderle abonar en concepto de responsabilidad civil derivada de sus delitos. El juicio se celebrará ante el Juzgado de lo Penal de Madrid que corresponda. Junto a González Amador se sentarán en el banquillo su socio y presunto testaferro mexicano Maximiliano Niederer. También otros tres acusados –David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo– propietarios de sociedades andaluzas que redactaron parte de las facturas falsas que la pareja de Ayuso presentó a Hacienda.
Dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal. Son las tres infracciones penales de las que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tendrá que defenderse cuando el Juzgado de lo Penal de Madrid al que corresponda el caso decida la fecha en la que lo sentará en el banquillo de los acusados. Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el comisionista sanitario son de tres años y nueve meses –cinco años y tres meses si se cuentan las peticiones del PSOE y Más Madrid– con lo que, en principio, una eventual condena comportaría su ingreso en prisión al superarse los dos años, el límite habitual para suspender las penas de cárcel. En el juicio también estarán sus cómplices, los que le ayudaron a crear facturas supuestamente falsas para ocultar el fraude fiscal y otro empresario mexicano también implicado en la trama.