Los juristas de la querella contra el emérito recurren el cerrojazo del Tribunal Supremo

Los impulsores de la querella contra el rey emérito recurren el cerrojazo impuesto esta semana por el Tribunal Supremo a la investigación del monarca por delitos contra la Hacienda Pública. En un recurso de súplica, al que ha tenido acceso infoLibre, los juristas insisten en que los efectos de la regularización tributaria que realizó Juan Carlos de Borbón cuando se encontraba acorralado se aplicaron "indebidamente". Defienden que el monarca tenía conocimiento de que se le investigaba a nivel fiscal cuando presentó las declaraciones complementarias. Y cargan contra la Sala de lo Penal, a la que acusan de "malgastar" más de una decena de folios en reprochar a los querellantes una "falta de conocimientos". La misma Sala que ahora deberá resolver este recurso de súplica, que se erige como paso previo al Tribunal Constitucional.

Una docena de personalidades decidió en noviembre querellarse contra el emérito por delitos contra la Hacienda Pública. Ponían el foco en las rentas y donaciones no declaradas por el emérito a través de dos fundaciones: Zagatka, con sede en Liechtenstein, y Lucum, en Suiza. Estos hechos ya fueron investigados en su día por la Fiscalía, pero rechazó judicializarlos al entender que los mismos estaban prescritos o fueron objeto de una regularización tributaria con la que el rey emérito logró esquivar la acción de la justicia. Pero cuya validez, sin embargo, ponía en cuestión la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo.

Los juristas defendían que la misma se había realizado después de que el Ministerio Público hubiese comunicado al emérito la incoación de diligencias de investigación. Y que el Código Penal solo contempla la excusa absolutoria cuando se lleva a cabo antes de que el defraudador tenga conocimiento formal del inicio de pesquisas en su contra. Pero a finales de abril la Sala de lo Penal del Alto Tribunal dio plena validez a la regularización y al posterior archivo, que considera "más que conveniente". Los magistrados consideraron, por unanimidad, que se ajustaba a derecho al entender que aquellas notificaciones sobre la apertura de pesquisas no hacían referencia en ningún momento al fraude fiscal.

Un pronunciamiento que ahora impugnan los querellantes. En su recurso de súplica, los juristas insisten en que el monarca conocía que se le estaba investigando por delitos contra la Hacienda Pública antes de la regularización. Ponen el foco en el párrafo final del decreto de archivo de la Fiscalía, en el que se congratulaba de que con su actuación se hubiesen podido recuperar para las arcas públicas 5,09 millones adeudados por el monarca. Algo que en opinión de los querellantes "echa por tierra" la tesis defendida por la Sala de lo Penal del Supremo: "Si es gracias a la Fiscalía, será porque se puso en conocimiento formal del contribuyente que existían defraudaciones tributarias".

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Los recurrentes reprochan a la Sala el tono utilizado en la resolución. "Nos habría gustado que se hubiesen ahorrado calificativos que consideramos impropios de una resolución procedente del Tribunal Supremo", apuntan. Los magistrados se refirieron a ellos como "entusiastas valedores" de unos intereses tributarios ya satisfechos. Y les acusaron de haber hecho una "selección fragmentada e interesada" del decreto de archivo del Ministerio Público en su querella. "Ante semejantes intemperancias solo nos cabe contestar que, afortunadamente, conservamos nuestro entusiasmo por las causas justas y nuestra capacidad de indignación frente a las injusticias", responden en su recurso.

Los juristas, en este sentido, critican que los magistrados dediquen más de diez folios a reprocharles "falta de conocimientos" tras haber formulado una "querella deslavazada, sin documentos que la apoyen y poco menos que disparatada". "En nuestra opinión, el auto se aleja del núcleo de la cuestión", sostienen. En relación a la ausencia de documentación, explican que los únicos papeles relevantes para pronunciarse –el contenido de las diligencias de investigación y el contenido íntegro de las dos comunicaciones dirigidas al emérito comunicando la apertura de diligencias– tan solo están en poder del Ministerio Público. Y que, por eso, los solicitaron en su querella como diligencias de prueba.

Pero esta solicitud, completan, ha sido "ignorada de forma inexplicable" por la Sala de lo Penal, "olvidando su propia jurisprudencia y principios constitucionales". "El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que omitir un pronunciamiento sobre la prueba solicitada o rechazarla sin motivación razonable constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que expresamente denunciamos", apunta el escrito. Los querellantes entienden este recurso de súplica, que deberá ser resuelto por los mismos magistrados, como paso previo al Tribunal Constitucional, al que no descartan acudir si, tras la respuesta que reciban, consideran vulnerados sus derechos fundamentales.