Políticos y paraísos fiscales

La Justicia obliga al Parlamento Europeo a facilitar la lista oficial de diputados de la sicav

Willy Meyer, durante la rueda de prensa en la que comunica su renuncia al escaño en Bruselas, este 25 de junio en la sede de IU.

La Justicia europea acaba de asestar un mazazo al Parlamento de Estrasburgo por su negativa a facilitar la lista oficial de aquellos eurodiputados que, como reveló infoLibre en 2014, se benefician desde hace años de un fondo privado de pensiones sustentado con dinero público y que gestiona sus inversiones a través de una sicav de Luxemburgo, el país más opaco de la Unión.

El mazazo ha llegado en forma de sentencia, la dictada el pasado 15 de julio por la Corte Europea de Justicia y que anula una decisión desconocida hasta la fecha: aquella por la que la Cámara de Estrasburgo denegó en 2012 a un periodista holandés el acceso a los documentos relacionados con la identidad de quienes se integran en ese fondo de pensiones. En contra de lo que ha venido sosteniendo el Parlamento, la sentencia concluye que ese dato -el de quienes participan en el fondo- no pertenece a la esfera privada de los diputados sino a la pública.

La sentencia anula la decisión de la Cámara “en la medida en que se deniega el acceso a los nombres de los diputados afiliados al régimen de pensión complementaria del Parlamento que, como diputados del Pleno del Parlamento, participaron efectivamente en las votaciones sobre dicho régimen de pensión complementaria”. La resolución se refiere a votaciones celebradas en tres años: 2007, 2008 y 2012.

En su demanda contra el Parlamento, el periodista, Gert-Jan Dennekamp, obtuvo el respaldo de dos países –Suecia y Finlandia- así como del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Ahora, el Parlamento tiene la opción de recurrir la sentencia, que además de infligirle un golpe moral por adoptar una medida contraria a la transparencia le obliga a pagar tres cuartas partes de las costas que el proceso acarreó para Dennekamp.

Pero incluso si el Parlamento recurre, algo que debe decidir en el plazo de dos meses, la sentencia de la Corte Europea debe cumplirse, aclaran fuentes de la Cámara. Pero eso -matizan los mismos portavoces- no significa que la lista de miembros actuales y pasados del fondo vaya a publicarse en la web de Estrasburgo: “Puede ocurrir que el Parlamento decida facilitar los datos solo al periodista que los solicitó”.

Cuando Dennekamp pidió ejercer su derecho a conocer y transmitir al público el listado de miembros del fondo de Luxemburgo obtuvo del Parlamento la misma respuesta que dos años después logró infoLibre: la adscripción de cualquier diputado a ese régimen voluntario de pensiones propietario de la sicav de Luxemburgo pertenece a su “esfera privada”.

Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado lo contrario: "La existencia del mandato de diputado del Parlamento -argumenta la Corte- constituye la condición primera y necesaria para beneficiarse de la jubilación complementaria que establece el régimen. Por esta razón principal, los datos personales de que se trata pertenecen a la esfera pública de los diputados".

La resolución judicial pone el dedo en una de las llagas sustanciales del asunto: el riesgo de conflicto de intereses en que se incurrieron aquellos parlamentarios que, perteneciendo al fondo, participaron en votaciones donde estaba en juego el papel del Parlamento en la financiación de ese mismo fondo.

“En el presente caso –dice la sentencia-, el conflicto de intereses potencial reside en el hecho de que los diputados, mediante su voto, pueden modificar el régimen [del fondo de pensiones de Luxemburgo] o expresar su posición sobre este de modo que favorezca a sus intereses”.

Y –añade la sentencia- “para poder sacar a la luz los conflictos de intereses potenciales de los diputados cuando se pronuncian sobre el régimen, es necesario conocer los nombres de aquellos que están afiliados a él”.

Casi 100 millones públicos en diez años

Solo entre 2000 y 2009, fecha en que la Cámara de Estrasburgo instauró un régimen común de jubilación y dejó de financiar el fondo de Luxemburgo, este recibió 95 millones de euros de origen público. Sus estatutos garantizan a sus miembros una pensión vitalicia con solo dos años de cotización. El fondo había sido creado en 1990. Y sus inversiones pasaron a estar gestionadas por una sicav de su propiedad -la de Luxemburgo- a partir de 1994. 

El sistema de cotización en sí presentaba ventajas sin precedente conocido: por cada euro que aportaba el eurodiputado –euro que al menos hasta 2006 procedía de sus dietas parlamentarias-, el Parlamento desembolsaba dos. Traducido, eso significaba 2.236 euros al mes por diputado.

A todo lo anterior, se suma un privilegio más: en caso de déficit, el Parlamento asumiría el fiasco. A finales de 2007, ese déficit se elevaba a 30,92 millones.

Ya en 2009, y tras una investigación periodística del semanario alemán Stern que no trascendió en España, el laboratorio de ideas Open Europe, con sede en Londres y Bruselas, difundió una lista de eurodiputados que participaban de ese fondo.

En 2014, y a través del Registro Mercantil de Luxemburgo, infoLibre accedió a nuevas listas actualizadas y publicó su contenido. Pero ninguna de ellas es exhaustiva, como recordó este jueves el propio Dennekamp en una conversación con este diario a través de Twitter.

El periodista narró cómo, cuando reclamó los datos, la Cámara de Estrasburgo ya argumentó ante él de que podíaz obtenerlos a través del Registro Mercantil de Luxemburgo. “Pero esas listas no son completas”, remarca Dennekamp.

La constatación de que en el fondo participaban parlamentarios españoles de todos los partidos provocó un agrio debate y condujo a una dimisión: la de Willy Meyer, dirigente histórico de Izquierda Unida, formación que abomina de las sicav en general y de la opacidad bancaria de Luxemburgo en particular.

Otros diputados, como la socialista Elena Valenciano, anunciaron que se daban de baja del fondo. Y otros, como todos los del PP que se benefician del fondo –entre ellos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– pero también como el socialista Enrique Barón, expresidente del Europarlamento, defendieron su posición y se aferraron a que la sicav es "legal".

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