El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado este jueves que se desmarca de la futura ley contra la violencia vicaria, tras la "negativa" del Ministerio de Justicia a "corregir los riesgos advertidos por el movimiento feminista". Según han indicado a infoLibre fuentes del departamento de Sira Rego, el ministerio decide dar un paso atrás en señal de desaprobación al no incorporar las "observaciones planteadas por su departamento con el propósito de corregir los riesgos que conlleva para la protección de las víctimas, como ha advertido el movimiento feminista". En consecuencia, decide abandonar la coproponencia de la futura norma.
Las modificaciones planteadas por el ministerio se centran en "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes". Aspectos que son "indispensables para que la ley avance en la garantía de derechos para las víctimas", abundan las mismas fuentes.
La Coordinadora Estatal parala Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional –formada por una veintena de organizaciones– advirtió este miércoles que la tipificación de la violencia vicaria planteada en los términos actuales "deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica". Las entidades feministas también han recalcado que la actual redacción del texto sigue "permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género".
El departamento de Sira Rego insiste en la máxima feminista de que "un maltratador no puede ser un buen padre" y añade que el "Estado tiene la obligación de proteger a la infancia". Además, prosigue, el derecho a la escucha de los menores "no queda garantizado, un aspecto central para el ministerio".
Las mismas voces subrayan que su propósito ha sido en todo momento el de "mejorar el texto", por lo que mantienen "abierta la puerta al diálogo para tener una ley a la altura".
Fuentes del Ministerio de Igualdad, impulsor de la ley, se limitan a señalar que "la negociación sigue abierta a esta hora". En una línea similar se expresan desde el Ministerio de Justicia: "El proyecto de ley, así como las aportaciones e informes técnicos recabados, se están analizando", sostienen. El ministerio de Félix Bolaños, además, está "trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable del proyecto de ley que ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores".
Una ley en el limbo
La idea de una ley específica contra la violencia vicaria empezó a sobrevolar en los despachos ministeriales a mediados del año pasado. En un primer momento, el departamento de Ana Redondo planteó la posibilidad de trabajar en un paquete de medidas específicas, una propuesta que fue tomando forma hasta derivar en el actual proyecto normativo.
El anteproyecto de ley fue aprobado en septiembre en el Consejo de Ministros y en diciembre el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad su informe, donde introdujo también recomendaciones.
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En tanto que integral, la futura norma pretende abordar este tipo de violencia ya no desde la perspectiva de medidas aisladas, si no apoyándose en una estrategia coral que va desde la prevención hasta el castigo y que toma como referencia los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reeditado el año pasado. Para hacerlo, modifica leyes clave como el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pero la Coordinadora Estatal ha dado un golpe sobre la pesa. Cree que el texto supone un paso atrás ante décadas de avance feminista y que las propuestas son meros retoques superficiales. "Es urgente abordar de forma coherente y decidida las consecuencias jurídicas de reconocer que los hijos e hijas también son víctimas", subrayan las organizaciones en un comunicado, lo que a su entender implica "eliminar excepciones que permiten mantener el contacto con el agresor, reforzar la formación de los y las profesionales, sancionar las malas prácticas y establecer mecanismos reales de reparación para las víctimas".
La intención, hasta ahora, pasaba por aprobar la ley en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del próximo martes, pero el paso del Ministerio de Juventud e Infancia obliga a reorganizar la agenda y reordenar las prioridades.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado este jueves que se desmarca de la futura ley contra la violencia vicaria, tras la "negativa" del Ministerio de Justicia a "corregir los riesgos advertidos por el movimiento feminista". Según han indicado a infoLibre fuentes del departamento de Sira Rego, el ministerio decide dar un paso atrás en señal de desaprobación al no incorporar las "observaciones planteadas por su departamento con el propósito de corregir los riesgos que conlleva para la protección de las víctimas, como ha advertido el movimiento feminista". En consecuencia, decide abandonar la coproponencia de la futura norma.