La detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Joseba Antxon Alonso ha abierto una nueva ruta en el mapa judicial que rodea al PSOE. Los tres fueron arrestados en el marco de una operación de la UCO coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos y en la que se han practicado casi una veintena de registros en varias provincias.
Pero la foto no se acaba en esa causa. Díez arrastra ya otro procedimiento abierto en Madrid, en el Juzgado de Instrucción 9, donde se analizan sus movimientos en un contexto distinto: supuestas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales de Anticorrupción, con la intención de influir en investigaciones judiciales sobre el Gobierno. Mientras tanto, Antxon Alonso es el administrador de Servinabar, la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de una red de adjudicaciones públicas bajo sospecha, y que conecta a los tres detenidos en la vertiente empresarial del caso.
Sobre la mesa, por tanto, hay dos piezas que se solapan: una trama de contratación pública bajo sospecha ligada al entorno de Servinabar —participada por Santos Cerdán en un 45%, según un documento hallado por la UCO en su vivienda—, y una causa por cohecho y tráfico de influencias en la que se examinan reuniones, audios y presuntos intentos de presión sobre investigadores y fiscales. Dos hilos que avanzaban en paralelo y que ahora confluyen en una misma operación policial.
Leire Díez: de “mano derecha” de Cerdán a pieza central de dos causas penales
El nombre de Leire Díez saltó a los titulares en mayo, cuando la publicación de varios audios reveló que había pedido información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales de Anticorrupción. En esa grabación, incorporada a la causa de Madrid, se presentaba como “mano derecha” de Santos Cerdán y como la persona que el PSOE habría puesto a investigar y contrarrestar la supuesta persecución judicial al Gobierno, un relato que el partido niega.
Díez tiene hoy un pie en cada procedimiento. Por un lado, está imputada por el Juzgado 9 de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia de la organización Hazte Oír avalada por la Fiscalía. El juez investiga si participó en un plan para desacreditar a la UCO y a dos fiscales recurriendo a información personal o comprometedora sobre ellos. En la misma causa figura como investigado el empresario Javier Pérez Dolset, que acudió con ella a declarar el pasado 17 de noviembre.
Por otro lado, su detención este miércoles en Madrid la coloca en el centro de una segunda investigación, esta vez en la Audiencia Nacional, por presuntas irregularidades en contratos públicos en el entorno de empresas vinculadas a Servinabar.
Su trayectoria ayuda a explicar por qué su nombre toca tantas aristas: fue jefa de Comunicación de ENUSA —empresa nuclear participada por la SEPI en un 60%— en la etapa en la que la presidía José Vicente Berlanga, dirigente cercano a José Luis Ábalos y cesado apenas cinco meses después de la salida del exministro. Berlanga fue sustituido por el actual presidente de la entidad y antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno. En el marco de esta investigación, la UCO ha requerido documentación a ENUSA, a la SEPI, y a las también públicas Sepides y Mercasa.
Posteriormente, Leire pasó a ser directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, empresa pública también dependiente de la SEPI, al tiempo que se sentaba en el consejo de una empresa tecnológica navarra, Cistec Technology —de la que la SEPI adquirió un 25% en 2018— y que centra parte de las pesquisas de la investigación, según han declarado fuentes de la misma a El País.
Vicente Fernández Guerrero, de la SEPI a Servinabar
El segundo vértice del triángulo es Vicente Fernández Guerrero, jurista malagueño, exalto cargo de la Junta de Andalucía y presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, a propuesta de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Antes había sido su interventor general en el Ejecutivo andaluz, durante el Gobierno de Susana Díaz.
Fernández dimitió de la presidencia de la SEPI en 2019 tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. El pasado 5 de diciembre fue absuelto junto a los otros 15 acusados, en una sentencia que calificó de “infundadas” las acusaciones y condenó en costas a las acusaciones particulares.
Tras su salida de la SEPI, el exalto cargo fichó por Servinabar en 2021, primero como asesor externo y después como director comercial. Según Público, Fernández habría cobrado 219.000 euros brutos entre 2021 y 2023 de la empresa participada de Antxon y Cerdán.
Ahora, con su detención junto a Leire Díez y al empresario Antxon Alonso en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos, Fernández vuelve al centro de otra investigación penal. Con él, son ya dos dirigentes de la SEPI con mandatos consecutivos los que forman parte de sendas causas penales abiertas, cada una de un lado del hemiciclo: la anterior presidenta, Pilar Platero, figura como investigada en el caso Montoro, que se instruye en Tarragona.
Joseba Antxon Alonso: el empresario en el vértice de Servinabar
El tercer detenido en la operación es Joseba Antxon Alonso, empresario vasco y administrador de Servinabar, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama de contratos públicos bajo sospecha y que atribuye a la órbita de Santos Cerdán. Durante años ha mantenido un perfil discreto, lejos del foco político, pero su nombre figura en los expedientes de obra pública en Navarra y en otras comunidades donde Servinabar aparece como socio o subcontratista en grandes proyectos de infraestructuras.
Las diligencias de la Guardia Civil ya le habían colocado en el radar del caso Koldo, al vincular a Servinabar con un esquema de comisiones del 2% asociado a adjudicaciones logradas por la constructora Acciona. En esa documentación, Antxon aparece como la cara visible de la empresa: firma memorandos de entendimiento, contratos de “seguridad y salud” y acuerdos de colaboración que, según los investigadores, servían de cobertura a los pagos.
Un triángulo que pasa por Servinabar, la UCO y la Audiencia Nacional
La conexión entre Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso es directa: tras salir de la SEPI, Fernández pasó a trabajar en Servinabar, la empresa administrada por Antxon, que ya estaba en el radar de la UCO por adjudicaciones irregulares con el sector público, el mismo ámbito del que procedía el exalto cargo. Con Leire Díez, la relación era hasta ahora más política que empresarial: ella misma se presentaba como “mano derecha” de Santos Cerdán —también socio de Servinabar— y su nombre aparecía en maniobras de influencia ajenas a la contratación pública.
Pero la operación de esta semana introduce un elemento nuevo: su presunta participación en contratos bajo sospecha, que la sitúa en el mismo terreno que Fernández y Antxon y estrecha la distancia entre las dos variantes. Aunque el secreto de sumario impide dibujar todavía la operativa completa, la detención de Díez por la misma causa que afecta al exjefe de la SEPI y al administrador de Servinabar sugiere que no solo acompañaba a Cerdán en las gestiones internas del partido, sino que también pudo tener un lugar en la parte del engranaje que la Audiencia Nacional investiga por corrupción.
La detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Joseba Antxon Alonso ha abierto una nueva ruta en el mapa judicial que rodea al PSOE. Los tres fueron arrestados en el marco de una operación de la UCO coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos y en la que se han practicado casi una veintena de registros en varias provincias.