La lucha obrera y la movilización social pierden músculo

La movilización de los trabajadores ya no es lo que era. Las 958 huelgas convocadas en España en 2014 representan un 23,9% menos respecto al año anterior. En ellas participaron 328.356 trabajadores, un 43,62% menos qe en 2013, según datos recogidos en el informe sobre conflictividad laboral que elabora cada año la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En horas de trabajo las cifras confirman el retroceso: en 2014 se perdieron 9,19 millones de horas de trabajo, un 40,15% menos que en el ejercicio anterior.

La caída en el número de huelgas registrada por la CEOE en 2014 no es un hecho aislado. Según los informes de la patronal, la cantidad de huelgas anuales en España ha ido descendiendo progresivamente desde 2012, año en el que 3,9 millones de trabajadores secundaron respaldaron 1.284 huelgas para presionar a sus empleadores y se perdieron 40,4 millones de horas –una cifra más de cuatro veces superior a la registrada durante el 2014–.

¿Qué está pasando? "Esta disminución puede deberse a dos factores fundamentales: la mejora de las condiciones económicas durante la segunda mitad de año y el efecto de la última reforma laboral, porque muchos de los conflictos que antes se planteaban en el seno de la empresa y las negociaciones se están judicializando, están pasando a manos de los tribunales, algo que es claro en el caso de los despidos colectivos", asegura a infoLibre Manuel Pérez del Prado, doctor en Derecho y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid.

Una percepción similar tiene Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. "Los trabajadores son conscientes de que la reforma laboral los ha debilitado. Las movilizaciones para ejercer presión pueden aumentar considerablemente sólo en los casos de empresas de grandes dimensiones o en aquellas donde lo que está en juego es el cierre definitivo", asegura a este diario. Además, Villalón añade otro factor importante a la ecuación: la progresiva pérdida de puestos de trabajo. "Está claro que la destrucción de tres millones de puestos de trabajo en nuestro país reduce el número de personas con capacidad para participar en las huelgas", afirma.

El catedrático, además, resalta la importancia de la situación económica a la hora de entender la conflictividad laboral a través de la convocatoria de huelgas en cada país. "Si algo diferencia a España de otros vecinos europeos es que en nuestro país la tasa de huelga es notablemente más reducida", dice Villalón, aunque destaca que no "hay una tónica general", sino que cada Estado "tiene una historia y una tradición distinta en este sentido".

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, coinciden con el catedrático Villalón, aunque muestran reticencias en relación a los datos aportados desde la CEOE porque, según ellos, no están claras las fuentes utilizadas a la hora de realizar los informes. "En el texto publicado por la CEOE no se menciona la fuente. Dan datos del mes de diciembre cuando lo último publicado por el Ministerio de Empleo es del mes de septiembre", explica Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical en CCOO. Asegura que las estimaciones que maneja el sindicato sitúan el número de huelgas en cifras cercanas a las del año 2011, cuando se convocaron 1.168, una cifra menor a la registrada en 2013.

Sin embargo, el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viñas, asegura que "los datos son fiables y nadie los ha rebatido en los últimos veinte años". Explica a este diario que el informe se elabora a partir del "cruce de los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y el Ministerio del Interior".

Górriz coincide con la percepción del catedrático. "En una situación económica con cinco millones de parados alcanzados a raíz de una destrucción desproporcionada de puestos de trabajo, es normal que disminuya la cantidad de conflictos laborales en forma de huelga", apunta el secretario de Acción Sindical, que añade otro factor "relevante a tener en cuenta": la negociación colectiva. "En 2013 hubo un repunte de la conflictividad laboral como consecuencia del bloqueo en la negociación colectiva pero, gracias al acuerdo alcanzado en mayo de 2013 entre la patronal y los sindicatos en este sentido, la situación mejoró", remacha Górriz.

De la misma opinión es Elena Gutiérrez, representante de UGT en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). "Si prestamos atención a las cifras del Fondo de Garantía Social, el incremento, en más del 50%, de las ejecuciones laborales –han pasado de 43.258 durante el año 2013 a 88.839 en 2014– es un dato que puede explicar el menor número de empresas, de trabajadores y, en este sentido, de huelgas", asegura. Además, apunta que "las movilizaciones se están reduciendo en el sector público" porque ha sido objeto de "un aplastamiento de derechos y también de prestigio profesional que pesa en su contra". Gutiérrez también señala, como causa de la disminución del número de huelgas en los últimos años, el "aumento del número de acuerdos en mediación y conciliación laboral".

García Viñas coincide con los sindicatos en este último aspecto. "Se están logrando más acuerdos que nunca. La mayoría de los despidos colectivos se están resolviendo por esta vía", afirma a este periódico. Preguntado por la destrucción del número de puestos de trabajo y la reforma laboral como factores determinantes en la disminución progresiva del número de huelgas en nuestro país, el responsable de Relaciones Laborales de la CEOE asegura que "son meras conjeturas".

Cruz Villalón también apunta que "la debilidad de los sindicatos en el escenario que estamos viviendo" es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar los datos. Una percepción que comparte el sociólogo Ramón Adell Argilés, profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). “El aumento de la precariedad, la reducción de la población laboral y la dificultad para ejercer el derecho a huelga son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Pero también la pérdida de credibilidad sindical a la hora de convocarlas. Todas estas explicaciones son básicas para entender por qué que los trabajadores, en numerosas ocasiones, prefieren conservar su nómina y no secundar la huelga, aunque posteriormente acudan a las manifestaciones fuera de su horario laboral”, explica el sociólogo.

Górriz difiere en este punto. El representante de CCOO asegura que "los sindicatos en España no han perdido músculo". "Sólo hay que ver que en las elecciones sindicales los trabajadores vuelven a depositar su confianza en los dos sindicatos mayoritarios", asegura el secretario de Acción Sindical de CCOO.

El factor miedo

"Claro que puede existir un miedo lógico a la participación en las huelgas. Esto, además, tiene un efecto directo en las convocatorias, porque si los sindicatos consideran que una huelga no va a tener mucho seguimiento no se convocará", asegura Pérez del Prado.

Cruz Villalón, por su parte, apunta que existe un "miedo derivado de que una convocatoria por parte de un sindicato tenga un seguimiento reducido". También recalca que "el temor a represalias por parte de la empresa" es un "asunto latente", pero señala que "cuando se han producido este tipo de conductas por parte de los empresarios, los tribunales han actuado con rotundidad porque son medidas no admitidas por el ordenamiento vigente". Górriz, por su parte, cree que los trabajadores no temen "secundar una huelga convocada por la organización sindical que les representa".

García Viñas no considera que el miedo sea un factor a tener en cuenta en los resultados. "Creo que el factor miedo a la hora de convocar y secundar una manifestación es muy reducido en España. Por lo tanto, no lo considero un elemento que explique los datos de nuestro informe", apunta a este diario.

Las severas interpretaciones del Código Penal y, siendo más exactos, del artículo 315.3, que marca una pena de hasta tres años de prisión para quien "actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccione a otras personas a iniciar o continuar una huelga", podrían explicar el aumento del miedo de los trabajadores a participar en huelgas. Las penas impuestas a un gran número de huelguistas en el último año son un claro ejemplo de ello. Desde los sindicalistas de Airbus –para los que la fiscalía pide ocho años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de atentado contra los antidisturbios– por su participación en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, a los tres del astillero Navantia de San Fernando (Cádiz) –el Ministerio Público pide para ellos penas de 2 años y 3 meses de prisión– por la comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones en una una manifestación de 6 noviembre de 2012.

"Se está intentando criminalizar la protesta", asegura el secretario federal de Acción Sindical de CCOO. Górriz apunta que "no es normal que trescientos sindicalistas estén a la espera de años de cárcel", y agrega que "estos datos, estas actuaciones, evocan tiempos dictatoriales". No cree que existan restricciones a la hora de ejercer el derecho a huelga en España, "lo que es en el derecho, estrictamente, no", pero asegura que sí que hay "en los resultados de aplicación de ese derecho". "Que haya imputaciones por defender el derecho a la huelga o participar en piquetes es un claro ejemplo de esto", sentencia.

"El Código Penal no es el instrumento más apropiado para reaccionar frente a este tipo de conductas, incluso durante las huelgas generales", asegura Cruz Villalón, añadiendo, a renglón seguido, que "hay que buscar otros procedimientos, sobre todo cuando se evidencia que en la mayoría de las ocasiones el derecho a la huelga se ejerce de manera pacífica".

“Una sociedad amordazada y desmovilizada”

Las huelgas no es lo único que ha retrocedido en 2014, también lo han hecho las perotestas sociales en la calle. El pasado viernes 16 de noviembre, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hizo balance de sus tres años al frente de institución. Durante la rueda de prensa, la dirigente conservadora desveló la cifra de manifestaciones registradas en la comunidad autónoma durante el año 2014: 3.058, un 29,8% menos que el año anterior, en el que se celebraron 4.354.

El dato aportado por Cifuentes durante la reunión con los medios de comunicación rompe con la tendencia alcista registrada desde el año 2011, cuando se celebraron en la comunidad autónoma 1.963 manifestaciones, cifra que ascendería a 3.419 en el 2012.

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El sociólogo Adell Argilés apunta numerosas claves que hay que tener en cuenta a la hora de comprender esta disminución. "El primer elemento es el salto a la política de los movimientos sociales, algo que rompe por completo el escenario al que estábamos acostumbrados en España. El 15-M, por ejemplo, ya no goza de la capacidad de movilización de años anteriores porque ese descontento se está canalizando mediante la participación en la vida política", asegura Argilés. En este sentido, el sociólogo asegura que las mareas ciudadanas "se han ido desactivando o cansando de que desde el Gobierno se hagan oídos sordos a sus peticiones". "Aunque la Marea Blanca, por ejemplo, sigue saliendo a las calles, apenas se ven ya movilizaciones de la Verde", explica.

Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, añade otro elemento importante: la emigración. "La gente está saliendo del país en oleadas muy grandes, algo que reduce el número de personas que se encuentran en situación de conflicto, las más asiduas a movilizarse", apunta Bouza. El sociólogo explica que "tenemos, por lo tanto, una ecuación en la que el drástico descenso de una de las variables está condicionando el resultado final".Adell Argilés comparte esta percepción. El profesor de la UNED asegura que “la juventud ha desaparecido de las manifestaciones, sobre todo del 15-M”, en muchas ocasiones por motivo de “emigración hacia otros países”. “Estos jóvenes deberían ser los principales actores del cambio en nuestro país”, remacha el sociólogo.

Además, ambos coinciden en que el factor miedo vuelve a estar latente en el análisis. “Juega un papel decisivo. Las últimas manifestaciones fueron realmente duras con motivo de la actuación policial”, asegura Bouza, que también deja claro que, en algunas ocasiones, “los manifestantes se han excedido”. Adell Argilés, por su parte, alerta de que la aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana, también denominada ley mordaza, puede perpetuar esta tendencia negativa. “Me resulta curioso Cifuentes dijese que 'sólo hay algo más desestabilizador para la democracia que una sociedad convulsa, y es una sociedad amordazada'. Con esta última palabra está definiendo perfectamente la hoja de ruta del Gobierno: conseguir que nos acerquemos a una sociedad amordazada y desmovilizada”.