Privatización de la sanidad

Madrid no sabe cuándo abrirá un hospital por el que paga a Capio 9 millones al año

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acudió en mayo a 2012 a visitar las obras del Hospital de Collado Villalba.

Las obras comenzaron en noviembre de 2010. Su construcción acabó dos años después y debía estar en funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2012. Se aplazó su inauguración al 1 de enero de 2013 y, después, se dijo que para finales de este año. Sin embargo, el Hospital de Collado Villalba –uno de los cuatro hospitales de gestión puramente privada levantados en la región con dinero público bajo el mandato de Esperanza Aguirre– todavía permanece cerrado y sin fecha a la vista para su apertura. El problema es que, a pesar de que no presta servicio, la Consejería de Sanidad madrileña tiene que abonar cada mes a la empresa que ganó el concurso de la concesión en 2010, IDC Salud –antigua Capio Sanidad–, la cantidad establecida en el contrato. Ese montante asciende a 757.000 euros al mes más un 10% de IVA. 

Según fuentes del departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty, los pagos, que se hacen a mes vencido, comenzaron a abonarse el pasado abril. Por tanto, Capio ya ha recibido hasta la fecha 5,3 millones de euros por un centro sanitario que nunca ha llegado a abrir sus puertas. Sin embargo, el desembolso para las arcas públicas es mayor –5.828.900 euros en total hasta el momento– si se tiene en cuenta el pago de impuestos por esa transacción.

Aunque las tareas de construcción acabaron en 2012, la Consejería de Sanidad decidió retrasar su puesta en marcha en varias ocasiones. La última, hasta "finales de 2013". Sin embargo, el pasado octubre, el consejero de Sanidad madrileño dijo en la Asamblea que veía "difícil" que el hospital abriera en 2014. Señaló que la razón de este retraso era la "crisis" y que la voluntad del Gobierno regional era la de que el centro comenzara a funcionar "en cuanto las limitaciones presupuestarias lo permitan".

A preguntas de infoLibre, fuentes de este departamento admiten ahora no saber cuándo podrá abrirse este centro sanitario, concebido para ofrecer asistencia sanitaria a 110.000 ciudadanos. Y se remiten a las últimas declaraciones del consejero sobre este asunto. Además, señalan que este departamento seguirá pagando ese canon mensual a la compañía. En un año, por tanto, esta empresa que gestiona en Madrid cuatro hospitales pagados con dinero público y cuyo hilo societario pasa por Holanda y Luxemburgo y llega a las Islas Caimán, recibirá más de nueve millones de euros de dinero público. Esta cantidad está destinada a pagar la parte correspondiente a la amortización de la inversión y el mantenimiento en buenas condiciones de la infraestructura. Es decir, siempre según la versión oficial, el pago de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y pago de impuestos y seguros.

Fuentes de la compañía confirman estar recibiendo cada mes la cantidad que aparece en el contrato y aseguran que la consejería no les ha comunicado si tienen alguna fecha prevista para la apertura del hospital. "Como es comprensible, IDC Salud espera y desea que sea lo antes posible. También creemos que los vecinos adscritos a esa zona sanitaria desean que el hospital se ponga en marcha lo antes posible", señalan. E insisten en que el centro "lamentablemente no está operativo por razones ajenas a la compañía". En este sentido, recuerdan que IDC ha invertido 150 millones de euros en este hospital y que, por tanto, ellos son “los primeros interesados en que el hospital comience a funcionar lo antes posible”. 

Sin "compensación" a la concesionaria

En la Consejería de Sanidad señalan que este retraso en la apertura "no implica que se realice compensación alguna a la concesionaria". Se trata, insisten, del inicio del pago de la inversión realizada por esta empresa en cumplimiento de la Ley de Contratos y de gastos para asegurar que la infraestructura "se mantiene adecuadamente hasta su entrada en funcionamiento". La oferta de empleo que IDC Salud esperaba retomar tras el verano después de que la Consejería de Sanidad madrileña paralizara el proceso, también sigue detenida. "No obstante estimamos que se crearían 600 puestos de trabajo", aseguran en la compañía. 

El pasado octubre, Lasquetty también dijo en sede parlamentaria que no haber abierto el hospital supuso para las arcas madrileñas un "ahorro" de 21,9 millones de euros en 2012, pues no había servicios sanitarios ni no sanitarios que sufragar. Sin embargo, el diputado del PSM en la Asamblea de Madrid José Manuel Freire asegura que mantener el hospital abierto tendría un coste de más de sesenta millones de euros anuales.

De hecho, este grupo presentó una enmienda a los presupuestos encaminada a incluir un dinero extra en estas cuentas que garantizara la apertura de este centro hospitalario siempre que hubiera un cambio en su gestión y pasara a ser 100% público. "Los ciudadanos están pagando por un servicio que no están recibiendo. Lo más grave de este proceso es que se está privatizando la caja sanitaria de la población", añade Freire, que cree que la Comunidad abrirá el hospital en 2015, cuando se celebrarán comicios autonómicos en la comunidad. 

Esta decisión de la consejería tampoco convence a las personas que simpatizan con la marea blanca en contra de la privatización de la sanidad. El pasado febrero, cientos de personas se concentraron frente al hospital para protestar por la asignación económica que recibe cada mes IDC Salud por esta concesión a pesar de que el centro no está funcionando.

Un hospital más del 'modelo Alzira'

El modelo bajo el que se ideó este centro es el llamado Partenariado Público-Privado o Alzira. Se trata de un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio la Adminsitración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias.

Casi 750 facultativos del Marañón firman una carta para criticar "graves carencias" del centro y reclamar más inversión

Más sobre este tema
stats