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Madrid vendió viviendas públicas a un fondo buitre a un precio “claramente inferior al previsto”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid junto a vecinos afectados.

La venta de 1.860 viviendas de protección pública del Ayuntamiento de Madrid a la empresa Fidere Vivienda S.L.U., filial del fondo norteamericano Blackstone –considerado un fondo buitre por su disposición a poner dinero en activos a precio de saldo– se hizo con un fin "especulativo" y a un precio "irrisorio". Así lo considera el grupo socialista en el Consistorio madrileño en una denuncia que fue admitida a trámite este lunes por un juzgado de la capital

En el auto de admisión a trámite, el juez señala que los hechos que relatan los socialistas en su querella hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Los denunciantes atribuyen a los responsables de la operación los delitos de malversación de caudales públicos y sustracción de cosas a su utilidad social, según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso infoLibre. Y ofrecen una serie de datos para argumentar estas acusaciones, entre ellos, varias actas de reuniones del consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que gestiona este patrimonio público, y en las que el propio consejero delegado admite que los ingresos provenientes de esa compraventa fueron "claramente inferiores a lo previsto".

En este sentido, los denunciantes aportan el acta de una reunión celebrada el 12 de marzo de 2013 –meses antes de la compraventa, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2013– en la que la presidenta de la empresa pública incide en el carácter público de las viviendas que gestiona. "La EMVS gestiona un patrimonio de viviendas que es público, que no es de la sociedad, es de todos los madrileños", aseveró. Y señaló que se habían aprobado en la Junta de Gobierno varias líneas de financiación de apoyo a las familias arrendatarias.

En las reuniones posteriores, responsables de la EMVS como su consejero delegado ya informan de la conveniencia de "adelgazamiento de la cartera de activos" y, a preguntas de los consejeros de la oposición, este último declina en mayo de 2013 dar información sobre el plan de viabilidad de la empresa pública –que incluía la compraventa de estas viviendas– y argumenta que cuando estuviera finalizado "se daría a conocer". 

Según la denuncia, en la sesión del 19 de junio de 2013 Fermín Oslé Uranga, vicepresidente de la EMVS, informa de las tres ofertas que había hasta la fecha: "Azora-Morgan Stanley con 118 millones, de Magic Real State y Blackstone con 127,5 millones y Harbor Group con Alvarez y Marsal con 130 millones". Días después, en la sesión del 24 de julio, Oslé señala que, según los informes técnicos, la mejor oferta era la presentada por Magic en UTE con Blackstone Group, que había ofertado 127,5 millones de euros, aunque finalmente se produjo un "ajuste" en el precio que suponía una reducción de dos millones de euros. Es decir, finalmente el fondo buitre –la adjudicataria final fue Fidere Vivienda S.L.U., que es una filial de Blackstone– pagó 125,5 millones de euros por las 1.860 viviendas más algunos locales y garajes

Poco después, responsables de la EMVS admiten que la operación no ha resultado todo lo ventajosa que se esperaba. Así, se relata cómo en la sesión celebrada el 10 de febrero de 2014 el propio consejero delegado admitió que "los ingresos provenientes de la venta de viviendas han sido claramente inferiores a lo previsto". Asimismo, los denunciantes aportan el acta de otra reunión que tuvo lugar 17 días después en la que un consejero manifestó que en la venta "había habido unas pérdidas asociadas de 30,6 millones y que hubo que pagar en la operación una comisión de dos millones". 

Los denunciantes ofrecen también algunos ejemplos para ilustrar sus acusaciones de vender a un precio "irrisorio" las citadas viviendas de protección pública. Por ejemplo, señalan que el precio máximo de venta de 122 de esas viviendas estaba fijado en la escritura en un total de 8.560.043 euros y que esos inmuebles se vendieron a Fidere por 6.034.850 euros, lo que supone una reducción en el precio de alrededor del 30%. Asimismo, ponen el ejemplo de otro piso escriturado en 79.704 euros que fue vendido por 41.141. Por otro lado, los socialistas también cuestionan el hecho de que cuando se constituyó, la empresa Fidere Vivienda S.L. tenía un capital social de sólo 3.000 euros, "mientras que lo exigido legalmente para este tipo de sociedades es que sea como mínimo de cinco millones de euros". 

Desahucian a un discapacitado de una vivienda municipal vendida a un fondo buitre

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Otra adjudicación bajo la lupa judicial

La adjudicación de las viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid no es la única que ha terminado en los tribunales. El pasado febrero, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid admitió a trámite la querella criminal interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Ignacio González por la venta de cerca de casi 3.000 viviendas de protección pública a la sociedad Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación.

En esta querella, los socialistas madrileños atribuían a la directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública. 

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