La continuidad de Mozo al frente del CGPJ allana la negociación del TC, que ahora se enreda en los vetos

Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El magistrado Rafael Mozo seguirá al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos, por el momento. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado en la mañana de este miércoles las medidas cautelares planteadas en el par de recursos interpuestos contra la entronización del vocal progresista tras la salida de Carlos Lesmes del órgano de gobierno de los jueces. Aunque los magistrados aún no han entrado al fondo del asunto, sí que han considerado que el vocal progresista puede continuar llevando la batuta mientras el Alto Tribunal decide si la sucesión se ajusta a derecho –en caso de que al final lo haga, porque uno de los dos recurrentes ha decidido ya desistir de su recurso–. Esto, según reconocen a infoLibre fuentes del CGPJ, elimina un escollo importante en la negociación para la renovación del Tribunal Constitucional, que ya va con más de dos meses de retraso. Ahora bien, aún hay otros que mantienen alejados a ambos bloques.

La sucesión de Lesmes al frente del Poder Judicial estuvo cargada de polémica desde el minuto uno. Antes de abandonar el barco, el magistrado se ocupó de señalar como su sucesor a Francisco Marín, presidente en funciones del Supremo. Un plan que fue rechazado categóricamente por la inmensa mayoría del Pleno, quien decidió situar a Mozo al frente del órgano de gobierno de los jueces de forma interina. No todos los vocales, sin embargo, respaldaron esta decisión. Wenceslao Olea votó en contra. Y posteriormente recurrió, igual que hizo el secretario general del CGPJ, ese acuerdo ante el Tribunal Supremo, argumentando que "no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal" y que, por tanto, la presidencia debería haber pasado de forma "automática" a Marín.

Por aquel entonces, los dos principales partidos políticos habían anunciado que llevarían a cabo un intento para renovar un Poder Judicial que lleva ya caducado la friolera de cuatro años. Esta "última oportunidad" paralizó las negociaciones para el nombramiento de los magistrados pendientes del Constitucional. La ruptura de los puentes entre PP y PSOE, sin embargo, obligó al CGPJ a ponerse de nuevo manos a la obra. Y en este nuevo escenario, el riesgo de que el Supremo apartara a Mozo se convirtió en un lastre. En la última reunión, los conservadores pidieron esperar a que el Alto Tribunal despejase la incógnita antes de seguir avanzando. Al fin y al cabo, argumentaban, una suspensión de la elección podría poner en entredicho cualquier nombramiento que se hiciera para el Constitucional.

El pronunciamiento del Supremo permite, por tanto, esquivar este escollo. Y eso, según señalan algunas fuentes consultadas por infoLibre, facilita que se siga avanzando en las negociaciones sin esa espada de Damocles pendiendo sobre cualquier decisión que se tome. Sin embargo, no habrá fumata blanca en el Pleno ordinario de este jueves, en cuyo orden del día figura la renovación de los dos magistrados del tribunal de garantías. La reunión que los equipos negociadores han mantenido este miércoles tras la decisión del Alto Tribunal sobre las cautelares en el caso de Mozo ha terminado sin avance alguno. De hecho, lo que ha permitido el encuentro ha sido vislumbrar un nuevo escollo que tiene que ver con la posibilidad de que se lleven a cabo vetos cruzados.

Tradicionalmente, cada bloque designaba un nombre y ese era acatado sin impedimentos por la contraparte. Pero en el encuentro que los equipos negociadores mantuvieron la pasada semana, el bloque conservador propuso un "cambio de metodología de discusión" por el cual cada grupo "evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que le propongan". Es ahí donde está ahora la madre del cordero, en un giro –otro más– que los progresistas rechazan. "Se niegan a valorar o negociar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos y no sea meramente un intercambio de un nombre por otro", han resaltado los conservadores en un comunicado hecho público a primera hora de la tarde. Ambos bloques volverán a sentarse en la mesa dentro de una semana.

Los progresistas interpretan la propuesta como un intento de la otra parte de vetar a su candidato para el Constitucional: José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y en el bloque conservador lamentan que sus colegas no quieran ni oír hablar de otro nombre diferente. Dentro de este sector del Consejo General del Poder Judicial consideran que Bandrés, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia, tiene un perfil demasiado próximo al Gobierno. Por eso, creen que es más idóneo el otro nombre que barajaron los progresistas pero que solo obtuvo un voto a favor en la elección interna: Pablo Lucas, el también magistrado de lo Contencioso-Administrativo que se encarga del control de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La ausencia de posibles candidatos siempre ha sido el argumento esgrimido por los conservadores para justificar el retraso en las negociaciones. Pero ahora parecen tener algunos jueces dispuestos a dar el paso. Suenan el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar o los magistrados del Supremo Pablo Llarena –instructor de la causa del procés–, César Tolosa –presidente de la Sala Tercera– o Inés Huerta. Todos los ojos se sitúan también sobre Vicente Magro, quien fuera senador del PP. Sin embargo, el grupo de vocales nombrados a propuesta del PP aún no ha designado un candidato oficial. Y eso, unido a las diferencias respecto al cambio de metodología y los posibles vetos cruzados, hace que no se pueda esperar una fumata blanca, como pronto, hasta el próximo mes de diciembre.

El Consejo General del Poder Judicial, no obstante, ya va muy tarde. De acuerdo con la ley, el órgano de gobierno de los jueces debía haber designado a sus dos magistrados para el Constitucional hace más de dos meses, un tribunal de garantías que cuando se produzca la renovación tendrá mayoría progresista. Los conservadores, sin embargo, nunca aceptaron aquel plazo impuesto por el Gobierno. Y mantuvieron una posición de bloqueo que todavía perdura. En sus manos está desatascar la renovación, ellos tienen la llave. Al fin y al cabo, los nombramientos del tribunal de garantías tienen que contar con el respaldo de 11 de los 18 miembros actuales del Pleno del CGPJ.

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