La ‘marea blanca’ censura que Ana Mato fiche al imputado Lamela

Los colectivos que integran la marea blanca en contra de la privatización sanitaria –asociaciones profesionales, entidades sociales y sindicatos– censuran la adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad a empresas privadas de las labores de asesoría que tienen como finalidad abordar un cambio de gestión clínica –una "privatización encubierta", según denuncian estos colectivos– en los dos únicos hospitales que todavía dependen de este departamento a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Según ha informado este lunes la cadena Ser, una de esas compañías es BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL), presidida por el ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, imputado por los delitos de cohecho y prevaricación por las presuntas irregularidades cometidas los primeros hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid. 

Según el contrato, el ministerio que dirige Ana Mato ha adjudicado a dos consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta. La otra compañía es Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto también por profesionales provenientes del sector público.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a infoLibre que la adjudicación es fruto de un concurso público y que este departamento no tiene por qué saber quién está detrás de cada compañía que opta a un proceso de este tipo. Estas mismas fuentes han asegurado que el hecho de que Lamela esté siendo investigado por la Justicia no es ningún impedimento porque en el proceso "se han cumplido todos los requisitos legales"  y se ha llevado a cabo según la ley de contratos del sector público. 

Los profesionales del sector denuncian que el fin último de este concurso es entregar a manos privadas la gestión de estos centros hospitalarios a través de las llamadas unidades de gestión clínica. Y aunque tildan de "escandaloso" o "vergonzoso" que una de las empresas adjudicatarias esté dirigida por el exconsejero madrileño, creen que lo realmente importante es el fondo y la "voluntad privatizadora" del Gobierno. "Se trata de crear entidades con personalidad jurídica propia que se convierten en microempresas en cada uno de los servicios del hospital. Es una forma de privatizar por la parte de atrás", señala el doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). 

"Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado a través de la farmaindustria, las multinacionales sanitarias o los fondos de capital-riesgo a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos", amplía Sánchez Bayle. 

Sanidad defiende el contrato con la empresa de Lamela basándose en que es legal

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Patricia Alonso, geriatra y portavoz de AFEM, la asociación de facultativos que impulsó el movimiento contra la privatización sanitaria en Madrid, también critica este concurso. "Insistimos en que todavía no tenemos ningún informe que acredite que privatizar la gestión de la sanidad es más eficiente. Lo único que va a conseguir esta nueva adjudicación es derivar más dinero público a empresas privadas", lamenta. Asimismo, tilda de "vergonzoso" que esta medida vaya a tomarse en un lugar "donde es más complicado movilizarse" y que se haya adjudicado a una persona que está "bajo sospecha desde el punto de vista penal". 

Los socialistas han anunciado que van a registrar la comparecencia urgente de la ministra Mato para que explique por qué ha contratado Lamela. El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha dicho que su partido iniciará acciones políticas y judiciales "de inmediato" contra los planes de este departamento para "privatizar" los hospitales de las dos ciudades autónomas. 

Desde la FADSP señalan además que el contrato supone "desconocer que el Ministerio de Sanidad tiene suficientes recursos técnicos para realizar las labores de asesoramiento sin recurrir a empresas externas". Y estiman, por tanto, que "se esta incurriendo en un despilfarro económico que carece de justificación, máxime cuando se están realizando recortes en prestaciones fundamentales para la salud de la población". Desde el departamento de Ana Mato insisten en que el ministerio no cuenta con recursos para llevar a cabo este proceso y que por eso lo deja en manos de "empresas especializadas".