Servicios públicos

Los médicos de familia agitan el nuevo brote de movilización sanitaria

Decenas de médicos de atención primaria se concentran ante el Parlament.

Un persistente malestar recorre la sanidad española. De norte a sur, de este a oeste, hay rumor de batas blancas. "Existe un descontento generalizado. Tras los años de crisis, en que hemos hecho un gran esfuerzo para mantener a flote el sistema, vemos que se perpetúan las medidas adoptadas a pesar de la recuperación. Está aumentando la demanda asistencial, cada vez tenemos menos tiempo con el paciente, la tasa de reposición está bloqueada, se van compañeros de vacaciones y no se cubren las plazas", relata José Polo, médico de atención primaria en Extremadura y vicepresidente de Semergen, la asociación de los profesionales de esta rama, la que más contundentemente expone ahora sus reivindicaciones en Cataluña, Galicia y Andalucía, entre otras comunidades. SOS Sanidade, una plataforma de defensa de la sanidad pública gallega, ha alertado de que es crucial la batalla por la atención primaria.

"Sin una atención primaria potente la sanidad pública será mucho más costosa, ya que se dispararán los gastos curativos", señala su portavoz, Manuel Marín. No obstante, la atención primaria no es el único ingrediente de unas protestas que meten en la misma coctelera el enfado por el deterioro de las condiciones de trabajo con el cuestionamiento del rumbo del modelo, en especial por lo referente al protagonismo del sector privado.

  Huelga y acuerdo en Cataluña

Las movilizaciones más sonadas han sido en Cataluña, donde todo adquiere mayor relieve por la enconada crisis política. Los médicos de familia desconvocaron a finales de noviembre la huelga tras cuatro jornadas al aceptar la oferta del Govern de inyectar 100 millones de euros a atención primaria. El acuerdo prevé la incorporación de 250 sanitarios para reducir las sobrecargas asistenciales. El planteamiento inicial de la huelga era forzar a la Generalitat a limitar por decreto a 28 las visitas diarias. No se ha llegado a tanto. Pero el Instituto Catalán de la Salud (ICS) afirma que garantizará un "tiempo de referencia" de 12 minutos por paciente.

El acuerdo entre la Generalitat y Metges de Catalunya para detener –al menos de momento– las movilizaciones ofrece una panorámica elocuente de los problemas existentes no sólo en la comunidad del noreste. El ICS garantiza un tiempo de 45 minutos (en entorno urbano) y de 60 minutos (en entorno rural) para llevar a cabo las visitas domiciliarias, otra de las reivindicaciones más extendidas de unas protestas que han alcanzado al ámbito rural. También evaluará la carga asistencial de los profesionales de pediatría, ginecología y enfermería para llevar a cabo un análisis de la situación de todos los miembros que conforman un equipo de atención primaria. Y recuperará las llamadas "pagas por objetivos", perdidas durante la crisis.

  Sobrecarga y derechos perdidos

La sobrecarga asistencial y los derechos abrasados por los años de recortes han sido el detonante de las protestas en Cataluña y otras comunidades. Las movilizaciones se producen justamente cuando las administraciones públicas recuperan cierto pulso inversor. Por primera vez se ha superado la cifra presupuestada en 2010. Pero hay hambre atrasada. La diferencia presupuestaria negativa acumulada en el periodo 2011-2018, de haberse mantenido constante cada año el presupuesto de 2010, es de 23.377 millones. En los sistemas sanitarios los años de falta de inversión provocan heridas en el sistema que no se saldan recuperando los niveles de gasto previos a la contracción. Lo mismo ocurre con el capítulo de personal de los presupuestos autonómicos. Aunque lleva ya cinco años creciendo, la diferencia presupuestaria negativa acumulada en el periodo 2011-2018 es de 7.597 millones. El envejecimiento de la población española apunta a crecientes necesidades sanitarias.

Las demandas laborales se mezclan con las movilizaciones en defensa de la calidad del sistema público. Profesionales y usuarios lanzan una alerta contra los mensajes apocalípticos sobre el sistema sanitario público español. Se trata de protegerlo y consolidarlo, no de hacerle una enmienda a la totalidad que acabe desprestigiándolo y facilitando su depredación por parte de la sanidad privada. Es el diagnóstico que hacen Marciano Sánchez Bayle y Sergio Fernández en Sanidad pública. Entre el éxito y el desastre (Tevescop, 2015), una síntesis de los puntos fuertes y débiles del sistema. El informe sitúa precisamente la atención primaria como "eje del sistema", pero advierte de que las políticas sanitarias no la toman como tal y le dedican sólo un 14,2% del presupuesto de media, cuando la eficiencia requiere un 25%. "Además los datos son engañosos. Las Administraciones imputan un presupuesto muy elevado de prescripción a atención primaria, cuando en realidad el 40% viene impuesto desde el hospital", señala el médico de familia José Polo.

  Frentes abiertos en Galicia

La aparente tranquilidad también se ha quebrado por atención primaria en Galicia. Había runrún desde principios de año. En febrero miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela convocadas por SOS Sanidade contra el deterioro del sistema y los recortes. La protesta también se dirigía contra una reforma sanitaria impulsada por la Xunta, proyecto estrella del tercer mandato de Alberto Núñez Feijóo, que la mantuvo pese a las críticas recibidas. La muerte en agosto de un enfermo en unas urgencias sin médico en A Estrada volvió a levantar críticas de colectivos como la Confederación Intersindical Galega, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y el Colegio de Médicos de Pontevedra. El malestar ha cristalizado en una espiral de protestas tras el verano. Ahora los frentes abiertos son múltiples: huelga del personal de los puntos de atención continuada, que prestan atención urgente; protestas del sindicato médico O'Mega contra lo que consideran un desmantelamiento del sistema; paros en las urgencias hospitalarias de Santiago, cuyo impacto se ve matizado por los elevados servicios mínimos. Uno de los problemas es que la ampliación de las urgencias del Hospital Clínico Universitario no ha ido acompañada de una ampliación de la plantilla.

En medio de la escalada, 22 jefes de servicio de atención primaria de la comarca de Vigo dimitieron la pasada semana por la situación "insostenible" derivada de la "sobrecarga" de trabajo. El esquema se repite: la protesta laboral se entremezcla con la denuncia de deterioro del servicio. Y la denuncia encuentra múltiples apoyos en el seno de la comunidad sanitaria. Más de 200 profesionales de Ferrol han firmado una carta apoyando a los dimisionarios.

La oposición pide la cabeza del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, que ha anunciado una reunión con colectivos profesionales y sociales para intentar aplacar los ánimos. De momento, Vázquez Almuíña mantiene el apoyo de Feijóo, que lidia con el problema sin querer dar por buenas las críticas que recibe el sistema –hay "mentiras", dice– pero reconociendo que no todo está como debería: "Hacemos lo que podemos". En medio de la crisis, la Xunta ha anunciado que los profesionales del Servicio Regional de Salud (Sergas) recibirán, a partir de enero de 2019, los suplementos relacionados con el reconocimiento de la carrera profesional en su nómina, lo que supondrá un aumento retributivo medio del 6%. El acuerdo con los sindicatos se alcanzó en julio.

  Las lecciones de Andalucía

Feijóo, última mayoría absoluta tras el derrumbe del bipartidismo, podría extraer lecciones de Andalucía. La segunda legislatura en la presidencia de Susana Díaz (PSOE), que previsiblemente perderá el poder en las próximas semanas, ha estado marcada por las revueltas sanitarias. Díaz también ha vivido protestas –más multitudinarias–, dimisiones y peticiones continuas del cargo del que fue su consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, al que acabó destituyendo. El detonante de las protestas fue un proyecto de reorganización hospitalaria impulsado como consejera por María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, cuya aplicación posterior desveló múltiples disfunciones. De esa percha acabó colgándose la expresión del malestar laboral y las críticas a las listas de espera, al economicismo de las unidades de gestión clínica y a la supuesta politización de los cargos de gestión.

El resultado fue una eclosión movilizadora en 2016 liderada por un médico sin filiación, Jesús Candel, alias Spiriman, que con el tiempo ha radicalizado su perfil hasta acostumbrarse al insulto a voz en grito. Hoy Spiriman muestra un moderado optimismo ante el inminente gobierno de derechas. Tras la adopción de medidas cautelares contra él por parte del juzgado 6 de Córdoba, que le solicita 30.000 euros de fianza y ordena a Facebook y Twitter retirar los vídeos en los que insulta a un juez, Candel ha anunciado que deja su cargo como presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad.

Sindicatos y partidos de la oposición han sido incapaces de articular las protestas a lo largo del ciclo movilizador. Al previsible Gobierno PP-Cs le toca ahora encarar el malestar. Aunque las movilizaciones nunca han llegado a apagarse del todo, las concesiones que hizo el Gobierno andaluz, especialmente en Granada, lograron atemperarlas. Pero no apagarlas. A lo largo del mes de diciembre ha habido diversas concentraciones por las listas de espera. Tras una jornada de huelga en noviembre de los médicos de atención primaria, hay prevista otra el 19 de diciembre. Es decir, este miércoles. Otra vez los médicos de familia lideran las protestas. Los próximos interlocutores ya no los tendrán en el PSOE, sino en el PP o Ciudadanos, partidos que se han convertido la mejora de la sanidad en una de sus grandes banderas en campaña. El 20 de enero la Asociación Justicia por la Sanidad tiene convocada una concentración contra la "corrupción sanitaria, política y judicial", siguiendo una línea diseñada contra un Gobierno que ya no existe.

  Problemas rurales

Carmen Esbrí, coordinadora estatal de Mareas Blancas, observa que tras el ciclo de movilización alta de los años 2013-2014, la protesta sanitaria vuelve a brotar. "Cada vez llega a sitios más pequeños. Se están denunciando ya los problemas de la sanidad rural y las carencias concretas. Porque el fracaso del modelo neoliberal que se quiere imponer se ve ya en cada vez más puntos", afirma. Y pone como ejemplo la controversia alrededor de la plaza de pediatría sin cubrir en Astorga (León), que ha provocado una recogida de firmas. Esbrí ve a los responsables políticos en una situación de"estabilidad inestable", resistiéndose a aceptar las demandas o acudir a la raíz de los problemas, que a su juicio están en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en el famoso Real Decreto 16/2012 de Cristóbal Montoro.

A la pregunta de por qué el brote movilizador ahora, justo cuando hay una cierta recuperación presupuestaria, responde: "La pregunta es en qué se aplica la recuperación presupuestaria". "Se quiere dar lugar a un desplome de lo público", afirma. Esbrí considera que los problemas en atención primaria y listas de espera forman parte de una agenda para incrementar el poder de la sanidad privada, que se reparte en conciertos más de 5.000 millones de euros sin contar con Cataluña, según datos oficiales de 2016. A esto se suma un incontenible gasto farmacéutico.

  Lo concreto y lo general

Los elementos más políticos, ideológicos o de modelo se mezclan a menudo con los laborales en las protestas. En Madrid las movilizaciones por el regreso a la jornada de 35 horas se han sumado a una huelga de los MIR del Hospital del 12 de Octubre, finalizada tras ocho jornadas gracias a un compromiso de cambios organizativos y una ampliación de recursos. La protesta había empezada por la "falta de supervisión" de su labor, con dos facultativos adjuntos para 22 médicos en formación. En Madrid se celebró este domingo la 75ª marea blanca, movilización dominical a la que Esbrí se refiere como "una llama que no hemos dejado que se apague". El lema de la convocatoria ha sido "Por los derechos humanos, los inmigrantes delante".

En Aragón han tenido lugar diversas protestas, que han culminado con el refuerzo por parte de Salud del servicio de atención primaria. En Castilla y León este domingo tuvo lugar en Burgos una manifestación con cerca de 3.000 personas contra el "acoso" a la atención primaria. En Canarias Marea Blanca denuncia el "perverso mecanismo" de las listas de espera y la creciente gestión privada. La retirada de un anuncio de una valla publicitaria en el que podía leerse "no al negocio con medicina nuclear", que Marea Blanca atribuye a presiones del Gobierno canario, ha precedido a la petición de dimisión por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública del consejero del ramo, José Manuel Baltar. En Valencia sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos sociales advierten de una posible extensión del conflicto catalán vinculado a atención primaria. En comunidades como Cantabria, Asturias y La Rioja también se han producido expresiones de malestar con repercusión pública. En Extremadura la Junta intenta aplacar a los sanitarios con incentivos para cubrir plazas en zonas rurales, un incremento presupuestario y una oferta de empleo público.

  Calendario estatal

"Es muy importante –señala Esbrí– que la gente tome conciencia de sus derechos y la protesta llegue a todas partes". La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, en su diagnóstico de la situación, afirma: "Hay un modelo sanitario basado en la utilización intensiva de recursos tecnológicos, pruebas diagnósticas y medicamentos cada vez más caros y de dudosa eficacia para mejorar la salud. Se estima que faltan alrededor de 2.500 facultativos para garantizar una atención de calidad. España ocupa el cuarto lugar por la cola de la Unión Europea en la relación entre personal médico y pacientes (74,8 por 100.000 habitantes). La carga de trabajo burocrático consume más del 30% del tiempo. Se dan unas condiciones laborales inaceptables, con medias de pacientes superiores en muchos casos a 40 o 50 al día", entre otros aspectos". Y añade: "Sobran los motivos para una movilización social y profesional".

Circula de hecho la hipótesis de una movilización de ámbito estatal. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) señala que existe una grave infrafinanciación y escasez de plantillas que se traduce en una insoportable sobrecarga asistencial en atención primaria. "Los problemas han venidos siendo denunciados reiteradamente en las últimas décadas, sin recibir otra cosa de los responsables sanitarios que buenas palabras". Esta organización convoca una concentración el 7 de marzo ante el Ministerio de Sanidad y el Congreso de los Diputados. "Si los médicos no ven progresos en la resolución de los muchos problemas que vienen denunciando", ha afirmado el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Francisco Miralles, “habrá llegado el momento de plantearse una huelga general". El clima preelectoral –tan proclive a promesas a colectivos movilizados– no es ajeno a este ambiente de efervescencia. Pero los problemas están ahí. "Más del 40% de los médicos no tienen plaza en propiedad, y los contratos eventuales inferiores a 6 meses, e incluso por semanas, no son infrecuentes", señala la CESM.

En Sanidad Pública. Entre el éxito y el fracaso, Sánchez Bayle y Fernández destacan que las movilizaciones llevadas a cabo hasta 2015 lograron "crear un estado en la opinión pública y profesional en contra de la privatización del sistema y del cambio de modelo". La recuperación por porte de la Generalitat Valenciana del Hospital de Alzira, que había dado nombre a todo un modelo de gestión pública privatizadora, ha sido la emblemática concreción institucional de ese impulso, que tuvo un fuerte protagonismo social. Aún está por ver cuáles son los logros de esta agitación dominada por las batas blancas.

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