Memoria histórica y racismo: los suspensos que la ONU otorga a España en Derechos Humanos

España nunca aprueba en el examen anual que realiza Rigths International Spain (RIS). Año tras año, la organización llega a la misma conclusión: los Derechos Humanos no son plenamente respetados. Y casi siempre las deficiencias se dan en los mismos ámbitos: las heridas de la dictadura franquista todavía siguen abiertas y el racismo y la xenofobia no sólo no se erradican, sino que se convierten en comportamientos que aumentan de manera preocupante. Y así lo acredita la organización, de nuevo, en el balance de 2019, hecho público este lunes. La síntesis del documento es tajante: "Un año más, las autoridades españolas han perdido una oportunidad para proteger los derechos y libertades civiles de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos". "En España estamos viendo que los gobiernos de los últimos cuatro u ocho años no han afrontado lo que había que hacer. Ni uno ni otro", critica Lydia Vicente, directora de RIS, en declaraciones a infoLibre. "El próximo Gobierno que salga va a tener que hacerse cargo", reclama. 

Cuando estaban a punto de cumplirse 44 años desde que Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, el Gobierno decidió exhumarle. Pero desde aquel 24 de octubre no ha ocurrido nada más. El dictador fue reinhumado en el cementerio madrileño de Mingorrubio, en El Pardo. Y desde entonces ni siquiera se ha abierto el debate sobre si habría que llevar a cabo algún cambio en el mausoleo que acogió sus restos. Algo que, a juicio del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, debería resolverse. Tal y como recoge el informe de RIS, la institución aseguró que "basta con dialogar con las familias de las víctimas para comprender que no hay heridas cerradas". Por eso afirmó que, si bien sacar a Franco del Valle es "una medida positiva", todavía "quedan muchas deudas pendientes en materia de justicia transicional". 

Y no es la primera vez que alerta de ello. Ya en el balance del año 2017, el relator recordó a España que tenía como obligación atender los derechos de las víctimas de la guerra y de la posterior dictadura. Y señaló como prioritarias las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas entre 1936 y 1975. El avance, por tanto, ha sido escaso. Y es que, según la organización, el relator aseguró que el Valle "es un símbolo de humillación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura". "Por eso se debe resignificar en un lugar de memoria", recoge RIS. ¿Y cómo se hace eso? Según las palabras del relator recogidas en el documento presentado este lunes, "es necesario trabajar codo a codo con las familias de las víctimas". "Para el relator, una medida que es fundamental, urgente e inmediata es la rápida identificación de los restos de personas que están en fosas comunes para que las familias, en muchos casos gente muy mayor, puedan realizar el duelo que les corresponde", añade el informe. 

Porque ese es el problema, dice Vicente. "En el ámbito de la memoria histórica seguimos igual. Lo que dice el relator es que está genial que se exhume a Franco pero que todavía queda mucho por hacer. Y son medidas urgentes dada la edad de los familiares", lamenta. 

Derogación de la Ley de Amnistía de 1977

Pero no sólo es eso. Tal y como recuerda Vicente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU tendrá que evaluar a España dentro de dos años y, a modo de preparación, el pasado mes de octubre publicó la lista de cuestiones previas. En ella, el organismo identificó áreas sobre las que necesita información adicional para poder trabajar. "En el ámbito de memoria histórica se plantearon muchas preguntas al Estado, y en una de ellas se planteó si de verdad a estas alturas todavía no se ha valorado la derogación de la Ley de AmnistíaLey de Amnistía". 

Lo cierto es que se planteó su modificación, pero de poco ha servido. En marzo de 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó tomar en consideración la reforma de la Ley de Amnistíarechazó que abría la puerta a que se juzgaran en España los crímenes del franquismo, una iniciativa impulsada por Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. La reforma que planteaban estos grupos consistía en la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 9 de la ley para dejar claro que las disposiciones contenidas en la norma "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientesa las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos". Pero la iniciativa no gustó ni a PP, ni a PSOE, ni a Ciudadanos, ni a UPN, ni a Foro Asturias ni a Coalición Canaria, que votaron en contra e impusieron su criterio al tener más votos.

No obstante, tanto Unidas Podemos como Más País incluyeron la reforma de esta normativa en los programas electorales con los que concurrieron a las elecciones del pasado 10 de noviembre. 

Aumento del racismo y la xenofobia

Este no es el único tirón de orejas que ha dado —y desde hace tiempo— la ONU a España. El aumento de los discursos racistas y xenófobos también preocupan, y mucho, a la institución. Tal y como recoge RIS, el pasado mes de enero visitó España el Relator Especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías. El objetivo de dicha misión era "identificar buenas prácticas y posibles obstáculos para la promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas en España". Pero la conclusión no fue buena. 

"Debería ser una prioridad que los presuntos casos de discurso de odio cometidos en Internet y en los medios sean investigados, procesados y sancionados con mayor eficacia", se recoge en el informe de RIS. "También recomendó impulsar campañas de sensibilización y otras actividades para el público en general, que incluyan la riqueza que aporta a España su asociación con otras muchas culturas, idiomas y religiones como parte integral de la sociedad moderna española", se añade. Más que nada para evitar que ese discurso se transforme en acciones concretas que dañen los Derechos Humanos de las minorías, algo que ya ha ocurrido en ocasiones.

El pasado 4 de diciembre, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional detonaron de forma controlada y sin incidentes un artefacto sospechoso hallado en el interior del centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza. La intervención tuvo lugar después de que desde el centro se advirtiera de la presencia de un paquete sospechoso –que podría tener forma similar a una granada– dentro de las instalaciones. Todavía se desconoce cómo llegó hasta allí. Y los grupos parlamentarios de PP y Vox se negaron a condenar lo ocurrido con una declaración institucional en la Asamblea de Madrid.

Y eso es precisamente lo que la ONU critica. Y lo que RIS subraya. "La ONU se ha hecho eco del discurso racista y xenófobo y ha dicho que tiene un impacto directo en los derechos de las personas migrantes, a las que afecta de manera negativa", lamenta Vicente, quien añade que "sin duda, esto tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo ahora". Se refiere al auge de la extrema derecha, algo que hasta las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 se veía de reojo como un fenómeno que sólo se daba en otros países de Europa. 

"Es curioso, hace cuatro o cinco años, cuando en Europa veíamos el auge de la extrema derecha decíamos que eso no pasaba en España y nos preguntábamos qué pasaría si ocurriese", recuerda Vicente. "Ahora hemos llegado al punto en el que ya se pone de relieve la preocupación por el incremento del discurso racista y xenófobo", denuncia. 

¿Y cómo frenarlo? Pues, según Vicente, combinando una parte formativa, una parte legislativa y otra que consiga que, cuando se produzcan actos como el del centro de menores de Hortaleza, se investigue a fondo para descubrir a los responsables. Y estas son, dice la directora de la organización, las mismas actitudes que hay que tomar "cuando se produce cualquier violación de Derechos Humanos". "Siempre que haya una violación de Derechos Humanos, las medidas son iguales. Ya sea hablando de racismo, de xenofobia, de memoria histórica o de libertad de expresión", insiste. 

Deficiente atención a presos, vulneración de los derechos del niño y falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial

Precisamente la libertad de expresión también es un aspecto en el que España no suele obtener buenos resultados a ojos de los organismos internacionales. Y menos desde que el PP aprobara la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. De hecho, el Comité de Derechos Humanos ha preguntado a España si piensa revisar esa normativa y las subsiguientes reformas del Código Penal, aspectos que ya criticó en otras ocasiones al considerar que se trataba de leyes que amenazan con violar derechos y libertades. Este pasado mes de diciembre, según recuerda RIS en su informe, la Comisaria por los Derechos Humanos resaltó, de hecho, que la ley "podría tener un efecto disuasorio sobre el derecho de reunión pacífica". 

Y también puso el foco, en este sentido, en el uso de la fuerza en las manifestaciones. "Recomienda —dice la organización— que las leyes y las prácticas cumplan con las normas internacionales de los Derechos Humanos sobre libertad de reunión. Asimismo, que los Estados hagan una evaluación exhaustiva de los peligros que plantea el uso de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones". Y recordó "que la impunidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nunca debe ser tolerada". 

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Por último, el informe de RIS también detalla la mala nota que obtuvo España en cuanto a la atención de los presos. Y es que nuestro país no regula el espacio mínimo de celda por cada detenido, no especifica la frecuencia en la que se debe garantizar el acceso a duchas calientes, no garantiza la protección de la privacidad en los aseos y no respeta el derecho a una atención médica en un espacio privado.

Y tampoco aprueba en el respeto de los Derechos del Niño, puesto que se practicó una devolución en caliente con un menor, tal y como denunció el Comité de Derechos del Niño, que también ha denunciado duramente las pruebas de determinación de la edad que practican las autoridades españolas. 

Vicente reconoce que este 2019 ha sido un año de impasse para España. "Con tantas elecciones y sin un Gobierno claro no se ha podido tener capacidad de solventar ciertas cosas", admite. Pero eso no es excusa. "Es un problema que vamos a tener que afrontar desde el Gobierno que entre. Tenemos muchas deudas", lamenta.