Los metros españoles hacen equilibrismos para evitar los recortes de Madrid: "Todas las empresas están tocadas"

Metro de Madrid ha reducido en un 10% el servicio para hacer frente a la factura de la electricidad. Han pasado de pagar, explica la compañía, de 3,4 millones de euros por el recibo de la luz en febrero de 2021 a los 12,2 millones de febrero de 2022. El País cuenta que la empresa concesionaria decidió contratar un suministro indexado a la subasta diaria, por las nubes hasta que se aplique el tope al gas que prepara al Gobierno, en vez de una tarifa fija. Es la única empresa de transporte público de España que ha optado por la decisión de reducir los vehículos en circulación; una decisión también inédita entre los grandes suburbanos europeos. Pero las dificultades con el suministro energético son comunes, como asegura el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), Jesús Herrero: "Todas las empresas están tocadas".

La guerra con Ucrania evidenció la necesidad de desengancharse de los combustibles fósiles rusos. Para reducir la dependencia del petróleo es evidente que el paso principal pasa por reducir la dependencia del coche de combustión privado; y tanto la Agencia internacional de la Energía como los especialistas en movilidad creen que es el momento de apostar por el transporte público, no tanto reduciendo las tarifas como mejorando frecuencias y haciendo que llegue a donde antes no llegaba, valiéndose sobre todo de la flexibilidad del autobús. Pero los pasos se están dando en dirección contraria.

"Está lloviendo sobre mojado", lamenta Herrero. "Este sector es muy particular. Da un servicio básico, y ha estado obligado a seguir dándolo al 100% durante la pandemia. En el año 2020 hubo ayudas, en el 2021 las hubo y en el 2022 nada", a pesar de que los viajeros siguen por debajo de los registros de 2019 pero los gastos sean mayores por el encarecimiento de la energía. Las administraciones responsables son, en base al diseño español del transporte público, las autonómicas y las locales: Metro Madrid, por ejemplo, depende de la Comunidad, y el de Barcelona del Área Metropolitana, consorcio público en el que participan el Ayuntamiento y la Generalitat. Sin embargo, ATUC carga las tintas contra "la administración central".

En enero, los metros de Barcelona, de Bilbao, de Zaragoza y de Madrid se unieron, a través de ATUC, para pedir al Gobierno compensaciones por el precio de la electricidad. Tras el estallido de la guerra y la constatación de que el recibo de la luz no descendería en el corto plazo, esperaron que el decreto de respuesta al conflicto incluyera compensaciones para los operadores. No fue así. "Esperábamos la consideración de empresas electrointensivas. Sin embargo, apareció la norma y no había ninguna referencia. Lo mismo con los autobuses. Se dan ayudas a los camiones, a los taxis, a los VTCs, a las ambulancias... que nos parece genial, ¿eh? Pero a nosotros nada". A pesar del evidente servicio público, de su papel en la descarbonización y en la soberanía energética frente a Rusia.

Algunas empresas de transporte público, eso sí, se prepararon mejor que Metro Madrid; los suburbanos de Barcelona, Bilbao y Málaga, así como el tranvía de Murcia, firmaron un contrato con Endesa para dos años que les permitía pasar de una tarifa indexada al mercado a una más estable cuando las circunstancias así lo requirieran. En todo caso, las tensiones existen. En la ciudad condal, el Ayuntamiento de Barcelona anunció una rebaja a la mitad del abono mensual, sin contar con el resto de administraciones competentes, que sigue debatiéndose porque no se tiene claro cómo se va a pagar. La Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona insisten en que es una temeridad financiera, aunque no se plantean, por el momento, usar más fondos públicos de sus propias arcas.

Es, de hecho, lo que ha hecho la Generalitat Valenciana: este 1 de mayo es el primer domingo con Metro València y los trenes metropolitanos de Alicante y Castellón gratuitos. Esta medida, junto a la bajada de tarifas, será abonado por el presupuesto de la comunidad, como anunció el Ejecutivo de Ximo Puig. Otras empresas concesionarias sin el apoyo tan explícito de la administración, explica Herrero, están optando por negociar con los trabajadores para bajarles el sueldo, descartada la opción, por impopular, de encarecer el servicio. El secretario general de Atuc no entiende que la administración pública no salga al rescate. "Necesitamos más servicios, más alternativas para movernos y que dejemos el coche en casa", insiste.

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En los grandes metros de Europa, solo Londres comunica una emergencia similar. El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, advierte de que el famoso tube se encamina a un "declive controlado" y asegura que, si la financiación estatal no mejora, se verá obligado a recortar un 10% los servicios del metro. La misma cifra que en Madrid, pero manteniendo una negociación con el Ejecutivo central, que a diferencia que en España sí tiene competencias sobre la movilidad urbana de las grandes ciudades.

Lo cierto es que, en el resto de los suburbanos equivalentes en tamaño a los de Madrid y Barcelona, los Gobiernos centrales se están implicando para no solo mantener el servicio sino bajar los precios. Destaca, por su ambición, el plan del Ejecutivo alemán para ofrecer un abono mensual de apenas nueve euros en todo el país. Desde el lunes 9 de mayo, los tickets individuales del transporte urbano de Ìle-de-France, la región administrativa de París, tendrán un precio máximo de 5 euros. Y en el metro de Milán, el más grande de Italia y el sexto del continente, el debate pasa por la construcción de una nueva línea con cargo a fondos del Gobierno.

El séptimo en cuanto a tamaño es el de Viena, en Austria. En su balance anual, sus responsables celebraron que, a pesar de que el número de pasajeros en 2021 siguió un 38% por debajo de los niveles de 2019, "estamos ampliando nuestra red y nuestros servicios de movilidad alternativa para ofrecer una oferta adecuada a cada necesidad". Los quebraderos de cabeza no son la norma en el transporte público europeo, a pesar de que la crisis energética azota a todo el continente.