25N contra la violencia de género

El motor social impulsa la lucha contra la violencia machista pero persisten las lagunas institucionales

Imagen de una manifestación durante el 8M de 2018.

La lucha contra la violencia de género parece ser una apuesta unánime por parte de las instituciones. Sin embargo, la acumulación de feminicidios, la persistencia de obstáculos para las víctimas y la lentitud de las transformaciones, dan vía libre a una sensación de estancamiento entre la sociedad civil, que pese a todo no debilita el clamor por su total erradicación. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas expertas en cuestiones de género miran con perspectiva los avances en los últimos años y las lagunas que todavía existen en la respuesta institucional. ¿Qué cambios materiales se han producido? ¿Qué obstáculos quedan todavía por sortear?  

A medio camino

"En lo que respecta a la evaluación de las medidas a corto plazo, en realidad esa sensación de parón que tenemos tiene mucho que ver con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Habla Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Y es que la labor del acuerdo suscrito en septiembre de 2017 es precisamente la de "hacer un repaso evaluativo de la legislación, respecto a una serie de medidas que de momento han vivido dos tiempos". El primero de ellos, continúa, se circunscribe el Gobierno de Mariano Rajoy, "que fue un tiempo en el que el Ejecutivo quizá no fue lo suficientemente diligente para poner en marcha las medidas" relativas a la lucha contra la violencia machista.

La segunda de las etapas, estima Soleto, se caracteriza por "un problema en la toma de acuerdos". Es importante, en este contexto, que "se retomen los acuerdos políticos globales desde la unanimidad" con el objetivo de "recuperar lo que el pacto ha revelado, que muchas de las medidas que estaban en la legislación no se han ejecutado durante la primera fase", pero tampoco lo han hecho por completo "en los primeros diez o quince años" desde el impulso de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en 2004. El objetivo ahora es "que se retomen para que dentro de otros diez años podamos evaluar y seguir con una mejora continua de la respuesta institucional, que todavía deja lagunas en algunos aspectos", relata la experta.

También Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, menciona al Pacto de Estado como espina dorsal de la lucha contra la violencia de género desde las instituciones. No obstante, matiza, "hay que traducirlo en medidas legislativas y de otra naturaleza". Aunque en el fondo "hay muchas cosas por hacer", la situación actual parece "más esperanzadora", dice, en tanto que existe cierta "voluntad de cambiar las cosas".

Luces y sombras 

Y en ese camino, el primer aniversario del Pacto de Estado contra la Violencia de Género deja un cúmulo de luces y sombras. El Gobierno ha impulsado medidas clave como la devolución de las competencias a los ayuntamientos, para poner en marcha proyectos y mejorar la atención a las víctimas desde la esfera más cercana a ellas. El necesario refuerzo de la valoración de riesgo ha llegado también a principios de octubre en forma de protocolo. El Ministerio del Interior prometió entonces mejorar la evaluación de riesgo a través de preguntas capaces de medir la "capacidad agresora" del maltratador y el peligro que sufren los menores.

Pero no todo son buenas noticias. El pasado 14 de noviembre, un grupo de 200 organizaciones feministas y sociales suscribieron el Informe Sombra sobre la aplicación en España del Convenio de Estambul. Su diagnóstico evidencia que las lagunas en la respuesta institucional todavía persisten. Concretamente, el grupo dibujó una veintena de reivindicaciones en materias fundamentales. El grueso que atraviesa a cada una de ellas tiene que ver con un aumento de recursos materiales, humanos y económicos.

Patricia Ponce, feminista, migrante y directora de Haurralde Fundazioa, detalla algunas de las principales sombras detectadas. "La situación pasa por el incumplimiento del Convenio de Estambul", sostiene, y de hecho "los análisis de las comunidades autónomas señalan que prácticamente ninguna ha adaptado sus legislaciones al convenio". A nivel legislativo, concluye, "no estamos a la altura".

Tampoco percibe un avance significativo "en la reducción del nivel de machismo", que pervive de la mano "del capitalismo y el extractivismo de los cuerpos". Ese estancamiento Ponce lo atribuye a lo que la activista argentina Rita Segato denomina "pedagogía de la crueldad", que guarda relación con los medios de comunicación y se basa en "enseñar y contagiar la insensibilidad" ante la violencia contra las mujeres. Finalmente, Ponce califica de "gran asignatura pendiente la educación sexual, igualitaria, integral e intercultural", y pone el acento sobre la atención que merecen los hijos de las víctimas. 

El pilar de la justicia

Mención aparte, por su dimensión y por haber sido uno de los principales campos de batalla del movimiento feminista, merece el sistema judicial. Aunque comienzan a vislumbrarse cambios, muchos se quedan en apariencia. A mediados de octubre, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confeccionó una guía para evitar la "victimización secundaria" de las mujeres una vez presentada denuncia. También el CGPJ lanzó el pasado 21 de noviembre una guía de criterios de actuación judicial para detectar e investigar la trata de seres humanos, donde la explotación con fines sexuales, y por tanto las mujeres y la perspectiva de género, cobra un papel fundamental.

La formación de los jueces es uno de los objetivos perseguidos por el PSOE desde su aterrizaje en Moncloa. En junio, el Congreso tramitó la proposición de ley de los socialistas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y formar a los jueces en materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista. Fue la primera propuesta planteada por el PSOE, que logró unanimidad en la Cámara Baja.

Pese a los avances judiciales sobre el papel, la práctica no termina de satisfacer a todas las partes. Para Altamira Gonzalo, "si hablamos del sistema judicial, ha habido un retroceso que se manifiesta en cifras". Cita, en esta materia, la disminución del porcentaje de órdenes de protección concedidas, lo que revela "un endurecimiento por parte de los jueces respecto a las condiciones para acordar las medidas de protección". Según el CGPJ, la ratio de órdenes sobre el total de denuncias ha descendido un 12,8% entre 2016 y 2017, mientras que la bajada ha sido de un 13,7% en cuanto a la ratio de órdenes sobre la suma de mujeres víctimas. 

En definitiva, entiende la jurista, "hay una mayor desconfianza de las mujeres a la hora de denunciar", que se expresa en el 76,5% de mujeres asesinadas en 2017 que no había denunciado a su maltratador. Esto, añade, "es un fracaso grandísimo de la respuesta institucional al problema de la violencia de género".

Motor social

Si en algo concuerdan quienes de forma más directa velan por los derechos de las mujeres, es en la respuesta masiva que se ha concentrado en las calles a lo largo de los últimos años. Lo cuenta Marisa Soleto, quien razona que la principal evolución se encuentra en la respuesta social. Especialmente, sostiene, durante el último año las calles se han llenado contra asuntos clave como la sentencia de La Manada. La evolución, opina Soleto, es evidente si el foco se centra en la protesta social, que además implica a gente joven, de diferentes generaciones. "Ahí sí que nos podemos poner muchas medallas, hay un antes y un después", valora.

La respuesta en las calles no es sólo síntoma sino también motor de cambio. "La masificación de las protestas" sirve como palanca para accionar los mecanismos políticos en la lucha contra la violencia machista. "Hay una demanda social que deviene en opinión social y en presencia social", reflexiona Soleto, y esto "tiene que representar una diferencia en los acuerdos políticos".

Patricia Ponce coincide en "el gran avance de la movilización callejera desde hace cuatro años" y recalca la fuerza del "movimiento feminista joven que se reconoce en la situación de desigualdad". Un movimiento, dice, que entiende la violencia no sólo como una manifestación física o psíquica, sino también como problema "estructural que impide que las mujeres vivan una vida digna". Sin embargo, subraya, "el movimiento de calle por sí solo no da el paso de la modificación legislativa", sino que "la incidencia política también tiene que ser un movimiento interno de presión desde los partidos políticos".

Lo mismo opina Altamira Gonzalo. Si bien la letrada advierte un retroceso en las instituciones, estima que "la contraposición a ese retroceso está en las calles". El movimiento 8M, recuerda, y todas las mujeres que hay detrás, "se están moviendo, agitando y reaccionando contra esta situación". Volverán a hacerlo, todo parece indicar, este domingo en decenas de ciudades, pueblos y barrios del país.

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