El novio de Ayuso pide para el fiscal general cuatro años de prisión y una multa de 108.000 euros
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación al acusarle de filtrar datos "confidenciales" de su caso de fraude fiscal, para construir "un relato político lesivo". En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Gabriel Ramos solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.
Y para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.
Además, solicita una indemnización conjunta de 300.000 euros por los "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador".
Los padecimientos, continúa, "se han alimentado desde su origen de los recursos institucionales de la Fiscalía General, de la Presidencia del Gobierno de España y del PSOE, afectando a su dignidad y generando constantes sufrimientos, inconvenientes, padecimientos, angustias e incertidumbres a González Amador y todo su entorno familiar directo".
Todo ello es "fruto y resultado de la actividad delictiva" desplegada por García Ortiz "con la esencial colaboración" de Rodríguez, a quienes acusa de haber actuado "despreciando toda la normativa que regula su actividad y violando el primero y más elemental de sus deberes", como es el deber de secreto. Porque "los daños se han multiplicado como consecuencia de la causa -ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid- y fin de la revelación -construir y ganar un relato político-".
Y añade que "la intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación ejecutada por García Ortiz y Rodríguez ha sido continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan (incluida esta)".
El letrado explica que García Ortiz "viendo de forma palmaria la capacidad de lesión política asociada a la revelación de esa comunicación del abogado de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de su publicación (...) ideó y ejecutó su revelación a través de la Cadena Ser", en concreto, con un periodista con quien estaba en contacto, al menos, desde las 21:38h. Fue entonces cuando la pareja de Ayuso pasó a formar parte "del contenido de la política de comunicación del Gobierno y del PSOE" en manos de los entonces secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.
En su opinión, "resulta imposible concebir una actuación" de sendos fiscales de "mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo", todo ello con la finalidad de "ganar el relato político" por "tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid" y "con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial".
La asociación de fiscales APIF pide seis años de cárcel para el fiscal general del Estado
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por su parte, ha pedido una condena de seis años de cárcel para García Ortiz. Esta asociación, que ejerce la acusación popular en este caso, ha presentado escrito de acusación ante el Tribunal Supremo, donde también pide cuatro años para Pilar Rodríguez al considerarla cooperadora necesaria.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, esta asociación ha pedido que testifique durante el juicio Santos Cerdán, que recientemente ha dimitido como número tres del PSOE por su presunta implicación en el caso Koldo. APIF ha solicitado asimismo suspender de empleo y sueldo a los dos procesados cuando se dicte auto de apertura del juicio oral, así como una condena de inhabilitación absoluta para ambos fiscales durante doce años.
De forma subsidiaria, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, piden una condena de cinco años de prisión para el fiscal general y de cuatro para la fiscal provincial de Madrid, cinco años de inhabilitación especial para ejercer como juez o fiscal, así como una multa a cada uno de 30.000 euros.
En su escrito repasan los indicios por los que el magistrado propuso juzgar a ambos fiscales por la presunta filtración de un correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador, "de común acuerdo", admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre.
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APIF considera que el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid consiguieron los correos "que posteriormente se filtraron" con un modo "a todas luces irregular y siendo ambos perfectamente conscientes de ello". Apunta además a anteriores filtraciones del "club del Fortuny". Junto a la citación de Cerdán como testigo, APIF pide que testifiquen González Amador, su abogado, Carlos Neira, el fiscal que llevó este procedimiento por fraude fiscal, Julián Salto o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
También piden que testifiquen el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, el que fuese portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, la asesora de Moncloa que le envío a éste el correo electrónico, Pilar Sánchez Acera, responsables de prensa de la Fiscalía y varios periodistas, entre otros. Además, esta asociación reclama que no se tomen como pruebas las actas notariales de periodistas negando que García Ortiz les filtrase el correo.
En el escrito también solicita de nuevo que se compruebe si en la agenda telefónica del fiscal general figuran determinados informadores, así como los expedientes sobre González Amador, que ya denegó el juez en una decisión que esta asociación ha recurrido en apelación sin que aún se haya resuelto su recurso.
