A los obispos no les acaba de convencer la reforma educativa del Gobierno. Y eso que incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por la Conferencia Episcopal como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.
El último en pronunciarse ha sido el obispo de Segovia, Ángel Rubio, que en su última pastoral, difundida por Europa Press, ha rechazado que las autonomías y los centros educativos fijen el horario lectivo de Religión. Según su criterio, este horario –establecido por ley en una hora y 30 minutos a la semana– es "sistemáticamente incumplido" por los centros de enseñanza.
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En su carta pastoral, dedicada a los profesores de Religión, ha manifestado que la competencia de fijar el tiempo de docencia, transferida a las administraciones autonómicas y a los centros, podría provocar una discriminación de la enseñanza religiosa. Su tratamiento, ha dicho, "podría no serlo en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales", como exige el Acuerdo de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza.
Sin embargo, en el proyecto de ley que el Gobierno remitió al Congreso se detalla que "la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español". Y ese Acuerdo señala que "los planes educativos" en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP –en el texto, que data de 1979, se les nombra con sus equivalentes en la época– "incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla".
A pesar de las quejas de la jerarquía católica, el proyecto de la 'ley Wert' blinda la "determinación del currículo" y de los "estándares de aprendizaje evaluables" de la asignatura Religión sean competencia de las respectivas autoridades religiosas. Y eso a pesar de que los profesores de catolicismo son seleccionados por los obispos y pagados por el Estado. Colectivos laicistas como Europa Laica estiman en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el pago de estos docentes.
A los obispos no les acaba de convencer la reforma educativa del Gobierno. Y eso que incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por la Conferencia Episcopal como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.