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Reforma electoral

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Portazo total. La oposición en pleno no quiere una reforma de la Ley Electoral para que gobierne en los ayuntamientos el candidato de la lista más votada. El PP, si finalmente la aprueba, sabe de antemano que lo hará solo. 

Ayer miércoles el Gobierno recibió el varapalo desde la tribuna, en el debate de la moción de UPyD que le pedía que renunciara a la modificación electoral a poco más de siete meses de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Moción que la formación de Rosa Díez pactó con el PSOE y con CiU. Y hoy jueves el Ejecutivo acusó el golpe a través de la votación, suficientemente elocuente: 140 votos a favor de la iniciativa de la formación magenta (de PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC, Amaiur, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo, Geroa Bai y Foro Asturias), 172 en contra (PP y Unión del Pueblo Navarro, su socio en la Comunidad foral en las últimas generales) y ninguna abstención.

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"No se puede tratar de modificar las reglas de un partido mientras se está celebrando ese partido. Ningún ciudadano lo entendería", argumentó ayer Carlos Martínez Gorriarán, portavoz adjunto de UPyD. Argumentación que compartieron los demás partidos. "Propuesta trampa" que los socialistas "no se sentarán a debatir sin el consenso necesario", advirtió Susana Sumelzo, miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez. No es "admisible" cambiar las reglas "en medio de la partida", verbalizó Carles Páramo, de CiU, firmante de la enmienda transaccional. 

Los alcaldes del PP andan "asustados y buscando desesperadamente soluciones con atajos no muy democráticos", dijo Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural. Lo que no quieren es perder el poder de los ayuntamientos, "ahora que los vientos no soplan a su favor", para mantener su cuota de poder y su red "clientelar".

Los conservadores, a través del diputado Juan Carlos Vera, rechazaron los argumentos de la oposición. El parlamentario defendió que lo que los ciudadanos no desean es que les gobierne una "coalición de perdedores". 

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