Justicia universal

Opositores exiliados recurren a España para denunciar al Gobierno de Vietnam por genocidio

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

El intento del Partido Popular de acabar con la justicia universal ya puede considerarse un fracaso. La nueva ley no ha impedido que se sigan investigando los casos ya abiertos, y tampoco que sigan llegando denuncias contra presuntos crímenes contra la Humanidad y genocidio. La última denuncia de este tipo ante la Audiencia Nacional es la presentada por los representantes del autodenominado Gobierno provisional del Vietnam Libre, con sede en la localidad californiana de Garden Grove (Estados Unidos).

Además, la reforma ha traído una consecuencia inesperada, pues el número de detenidos en embarcaciones que transportaban droga que han quedado en libertad tras la entrada en vigor de la nueva ley alcanza ya las 53 personas.

Fundado en 1995 por un colectivo de exiliados encabezado por Nguyen Hoang Dan, que se autodenomina jefe del Estado en el exilio, el Gobierno del Vietnam Libre o Gobierno en el exilio engloba a una parte de los vietnamitas que huyeron del país asiático tras el final de la guerra con Estados Unidos en 1975. Con el paso de los años, y tras la reactivación de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, el Movimiento por un Vietnam Libre ha ido disminuyendo su actividad. El Gobierno oficial vietnamita considera que los opositores son terroristas, y ha solicitado sus extradiciones en varias ocasiones. 

Fiscalía

Su finalidad, según la información publicada en medios de comunicación de Estados Unidos, es luchar "contra la dictadura comunista vietnamita". Uno de sus actuales dirigentes, según confirman a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional, ha registrado una denuncia contra los actuales integrantes del Ejecutivo vietnamita. El magistrado que se tendrá que encargar de aceptar o no a trámite la denuncia es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que ya ha dado traslado a la Fiscalía para que informe acerca de la competencia o no de la Audiencia Nacional española para investigar a los dirigentes comunistas vietnamitas, a los que la denuncia les acusa de genocidio.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha presentado varios recursos de queja en los que defiende que los magistrados de la Audiencia Nacional no son competentes para seguir con la instrucción de los diferentes casos después de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la jurisdicción universal, que entró en vigor en marzo pasado.

Recientemente, el magistrado Gómez Bermúdez señaló en una conferencia en Valencia que la reforma de la Justicia Universal aprobada hace solo unos meses "ha sido una equivocación grave de los legisladores y va en contra incluso de las políticas de la Unión Europea" por lo que "se tendrá que dar marcha atrás sí o sí".

Pese a los esfuerzos del Grupo Parlamentario del PP de acabar con los casos en los que se investiga la actuación de superpotencias como China o Estados Unidos, los sumarios siguen vivos, e incluso como en el caso Couso el magistrado instructor, Santiago Pedraz, ha solicitado nuevas diligencias. Pedraz se ha dirigido a las autoridades de Ucrania para obtener información sobre la intención de este país de investigar la muerte a manos del Ejército de Estados del cámara Taras Protsyuk el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, junto al también cámara de Telecinco José Couso.

Militares procesados

En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.

Avalada la decisión de Pedraz

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló recientemente la decisión de PedrazPedrazde continuar con la instrucción de caso Couso. Los magistrados presentes en la reunión rechazaron el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el instructor cerrara la causa y la elevara al órgano superior para su archivo, tal y como especifica la nueva ley de justicia universal.

Con esta iniciativa el Ministerio Público solicitaba que la Sala de lo Penal valorara si la causa debía ser o no archivada en virtud de la reforma legal que limita la jurisdicción universal o sometida al criterio del Tribunal Constitucional. No obstante, el Pleno de la Audiencia Nacional no se pronunció sobre este extremo y no entró a valorar el fondo del asunto.

Convención de Ginebra

Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contraviene la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

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