Andalucía

El Parlamento andaluz pone la lupa en el fraude de la formación

El Parlamento andaluz pone la lupa en el fraude de la formación

Aunque siempre es arriesgado atribuir rasgos comunes a los miembros de un colectivo heterogéneo, se puede realizar una generalización sobre los interventores públicos con escaso margen de error: son poco dados a las florituras. Más inclinados al sustantivo que al adjetivo, al dato que a su interpretación, son los funcionarios responsables de fiscalizar las operaciones administrativas para que se realicen conforme a le ley. No responden –no deben, desde luego– ante los políticos y sus urgencias, ni ante los periodistas y sus titulares, sino sólo ante la letra de la norma que rige el aparato burocrático en el que tienen plaza fija. Los cargos públicos pasan, ellos permanecen. Dos de estos funcionarios, los jefes de la intervención de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Castillo, y Cádiz, Nieves Chao, fueron los encargados de abrir este viernes como comparecientes la comisión de investigación del Parlamento autonómico sobre los cursos de formación a parados, objeto de un fraude por cuantificar, pero en todo caso millonario.

Con toda seguridad habrá días en este comisión para los careos intensos, los reproches y las frases con vocación de titular, por ejemplo cuando se sienten en la misma la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o sus antecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Pero este viernes prevaleció un tono frío y técnico. Los portavoces de los partidos políticos intentaron arrancar a los interventores alguna frase elocuente más allá de las apreciaciones objetivas. Pero resultaba difícil. "No me corresponde a mí decir eso", "Este no es lugar para mis opiniones personales", "Ni me sorprende ni me deja de sorprender", respondían cuando les apretaban. Nieves Chao llegó a precisar a una portavoz del PP que insistía en la idea de "descontrol" de los fondos públicos: "No ponga esa palabra en mi boca".

Eso sí, lo que acababa saliendo en claro tras insistir e insistir era información destilada. Por ejemplo, quedó claro que falta personal y medios para la fiscalización, imprescindible para el control de los fondos públicos, y más en una comunidad autónoma que acumula diversos casos de fraude masivo en el reparto de ayudas, el más conocido de ellos el de los falsos ERE. El interventor de Almería, Juan José Castillo, afirmó que hay sólo siete funcionarios para analizar 20.000 expedientes en un año, entre ellos los de la formación. "¿Tienen todos los recursos necesarios para la función que se les encomienda?", le preguntó el portavoz de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, a la interventora de Cádiz, Nieves Chao. Y ella respondió: "Ni muchísimo menos, ni antes ni ahora". Tanto Castillo como Chao afirmaron que, a su juicio, no ha habido "menoscabo de fondos", al entender que los expedientes aún están "vivos" y el dinero es recuperable.

Los interventores se mostraron poco dispuestos a valorar el hecho de que las irregularidades se produjeran en todas las provincias con características similares. Tampoco quisieron opinar sobre el mecanismo de las exoneraciones, que pudo dificultar el control de las subvenciones. El interventor almeriense, que lo primero que hizo fue advertir de que estaba "nervioso" y se sentía en un lugar extraño, bebía agua frecuentemente y no podía evitar que los papeles le temblaran un poco en las manos. Pero se expresaba muy claramente. Así explicó que la fiscalización de las subvenciones se realiza en tres momentos –antes de la concesión, antes del pago y después del pago, cuando se justifica– y que en algunos casos "faltaba documentación o se detectaron irregularidades o había incumplimientos". Tampoco dudó cuando el portavoz del PP, Jaime Raynaud, le preguntó si había recibido alguna indicación de "alguien" antes de esa comparecencia. "De nadie", respondió.

No hay "menoscabo" sin prescripción del expediente

La interventora de Cádiz afirmó que la normativa para controlar los cursos de formación era "muy mejorable", aunque subrayó que no considera que haya menoscabo de fondos públicos "mientras esté abierta la posibilidad de reintegro". Teresa Ruiz-Sillero, del PP, tuvo un rifirrafe con Chao al decirle que ante la Guardia Civil había dicho que sí hubo menoscabo de fondos. "Pues ya sabe usted más que yo", dijo la interventora. Los intensos interrogatorios de los portavoces del PP a los interventores provocaron la protesta del socialista Rodrigo Sánchez Haro. "Han presionado para que dijeran lo que ellos querían que dijeran", declaró al término de la sesión, que duró cuatro horas.

El representante del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro –que durante la sesión realizó numerosos reproches a los portavoces del PP– destacó que los interventores habían manifestado que no se había producido menoscabo de fondos públicos. El resto de grupos restó importancia a esta afirmación, al vincularla simplemente al hecho de que los expedientes no han caducado todavía. Yagüe (Podemos) censuró, al término de la sesión, la existencia de una legislación "diseñada para permitir la sangría de los fondos públicos". "La Junta incumple la ley", dijo Ruiz-Sillero (PP), que alertó de que conforme los expedientes vayan prescribiendo, el dinero se irá perdiendo. Más prudente, Marta Busquet (Ciudadanos) expresó su preocupación por la falta de medios de los interventores. La portavoz de IU, Elena Cortés, afirmó que a los interventores se les "impidió fiscalizar que el dinero de las subvenciones llegase correctamente por la masiva exceptuación [un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores]".

Paralela a la investigación judicial

La comisión del fraude de la formación corre, por el carril político, en paralelo a la investigación en diversos juzgados provinciales. Las dimensiones del caso están por aclarar. Las subvenciones a la formación superaron los 3.000 millones de euros entre 2002 y 2013, otorgadas a patronal, empresarios y sindicatos. El fraude consistía en que los beneficiarios de las ayudas no utilizaban los fondos para la formación, sino para quedarse el dinero o para otros fines, simulando la celebración de los cursos, en ocasiones con profesores y alumnos falsos.

El Gobierno andaluz –en datos aportados el verano pasado– cifra la cantidad investigada en 1.613 millones, si bien esto es lo global, no todo lo defraudado. La Junta ha reclamado al menos la devolución 72 millones.

La comisión de investigación de los ERE, celebrada en 2012, fue la primera en Andalucía en 17 años. Formaba parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU. Menos de cuatro años después, esta comisión de los cursos de formación ha sido impulsada por toda la oposición, incluida Ciudadanos, socios de legislatura del PSOE, que es el partido sobre el que se pone el foco. Es previsible que –cada uno con su enfoque y su estilo– tanto PP como Podemos e IU busquen concluir el máximo de responsabilidades políticas posible, y el PSOE el mínimo. La clave de las conclusiones, que en teoría deberían alcanzarse este año, podría estar en Ciudadanos, si estas tienen –como parece que puede ocurrir– relación con los equilibrios políticos en el Parlamento andaluz. ¿Podría Ciudadanos suscribir unas conclusiones muy duras con quien es de facto su socio en Andalucía?

69 comparecientes

Están citados ante la comisión 69 comparecientes, entre ellos 34 responsables políticos actuales o pasados. Las declaraciones se realizarán lunes, martes y viernes (salvo el Viernes Santo). Primero irán los interventores de las ocho provincias, ronda que empezó este viernes. Después el ex interventor general de la Junta, Adolfo García, que dimitió en enero. Pasarán por la comisión delegados provinciales, directores generales, secretarios generales, empresarios, el alumno de uno de los cursos, el ex tesorero de UGT-A...

Siguiendo el criterio establecido en la comisión de los ERE, primero van los técnicos y luego los políticos de menor a mayor importancia. Por ello cerrará la comisión la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Su ubicación como última compareciente se produce tras un cambio de criterio de Ciudadanos, que en principio estuvo de acuerdo con el PSOE en que Díaz compareciera en la apertura de la comisión. El resto de partidos puso el grito en el cielo, al considerar que siendo la primera no se le podía preguntar sobre lo dicho por los técnicos y los demás políticos, y Ciudadanos cambió de postura.

Además de Díaz comparecerán Chaves, Griñán, la ministra de Empleo, Fátima Báñez (PP), el consejero José Sánchez Maldonado y los ex consejeros Antonio Fernández, Ángel Ojeda, José Antonio Viera y Manuel Recio. El punto de mira, al igual que con los ERE, vuelve a estar en la consejería de Empleo. El PSOE no quería que compareciese Díaz; ni el PP, que lo hiciese Báñez. La finalización de la primera vuelta de comparecencia está prevista para finales de mayo o principios de junio. En principio, esta ronda debería haber terminado para cuando empezase la campaña de una hipotética cita electoral, en caso de que hubiera generales el 26 de junio. No obstante, si no fuera así, Ciudadanos se inclina por que "no haya comparecencias durante la campaña", según explica a infoLibre el presidente de la comisión, Julio Díaz (Cs').

Todos los pasos previos de la comisión han estado envueltos en controversia. PP, Podemos e IU reprochan al presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), un celo escaso en el cumplimiento de sus obligaciones que, según ellos, habría facilitado a la Junta de Andalucía escamotear información o presentarla de modo difícil de procesar. Julio Díaz lamenta estas críticas y teme que haya partidos "que no vengan a la comisión al objetivo que tiene Ciudadanos: aclarar los hechos y establecer mecanismos para que no se repitan". Al mismo tiempo, apunta que la Junta de Andalucía ha colaborado menos de lo deseado en el envío de información, y pone como ejemplo demoras y envío de expedientes en papel en vez de digitalizados.

Finalmente la comisión se celebra con la tarea, imposible de asumir para los diez diputados –dos por grupo–, de enfrentarse a 18.595 expedientes, que suman más de 30 millones de folios.

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