La dependencia sigue siendo una de las tareas pendientes de España. En lo que va de año 13.053 personas han fallecido estando en lista de espera para ser reconocidas como dependientes. Unas listas que en la media nacional superan los 300 días. Pero este jueves se ha dado un paso que puede ser decisivo para revertir esta situación. Se ha puesto la penúltima piedra de la nueva ley que va a permitir al Ejecutivo central asumir el 50% de la financiación para dependencia y así evitar recortes en el futuro.
Esto se ha conseguido con la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales –formada por 37 diputados del Congreso: 14 del PP, 12 del PSOE, tres de Vox y de Sumar y uno del resto de grupos parlamentarios– del dictamen del proyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, según indican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto deberá someterse ahora a la votación definitiva del Pleno del Congreso de los Diputados.
Hasta el momento actual, la ley de dependencia no fijaba expresamente ese porcentaje. El principio de cofinanciación entre el Estado y las autonomías estaba recogido en la norma de 2006, pero el reparto efectivo ha dependido durante años de las decisiones presupuestarias de cada Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió el compromiso de recuperar el equilibrio financiero y, tras anunciar una aportación total de 7.239 millones a las comunidades en 2027 para alcanzar ese 50%, pretende ahora blindarlo para que no pueda revertirse con un simple cambio de mayoría parlamentaria.
El Gobierno justifica esta reforma recordando que durante los años de Mariano Rajoy el sistema perdió más de 5.000 millones de euros de financiación estatal, en el marco de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera. Aquellos recortes supusieron la supresión de uno de los niveles de financiación previstos en la ley y coincidieron con el incremento de las listas de espera y la ralentización del despliegue del sistema.
Según las mismas fuentes, el Partido Popular ha votado este jueves en contra de la enmienda, pese a que las comunidades autónomas que gobiernan llevan años reclamando precisamente que el Estado asuma la mitad del coste de la dependencia. Para el Ejecutivo, esa contradicción evidencia una vez más la distancia entre el discurso territorial del PP y su posición en el Congreso.
Actualmente, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se financia mediante tres niveles previstos en la Ley 39/2006. El denominado "nivel mínimo" corre íntegramente a cargo del Estado y se calcula en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. A él se suma el "nivel acordado", financiado conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas mediante convenios que tienen en cuenta variables como la población potencialmente dependiente, el número de personas atendidas, la inversión realizada por cada territorio o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las autonomías pueden establecer un tercer nivel adicional financiado exclusivamente con recursos propios.
Pese al incremento de recursos aprobado en los últimos años, la distribución del gasto sigue muy alejada del objetivo del 50% que ahora pretende blindar el Gobierno. Los datos correspondientes a 2025 muestran que la inversión pública total alcanzó los 13.734 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas asumieron 9.976 millones, el 72,6% del gasto, mientras que la Administración General del Estado aportó 3.758 millones, el 27,4% restante.
13.053 personas han fallecido en lista de espera en 2026
Más de 13.500 personas han fallecido en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia
Esta medida podría suponer un alivio en un sistema que desde años muestra importantes signos de saturación. Según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante los cinco primeros meses de 2026 el tiempo medio transcurrido entre la solicitud de una prestación y la resolución del expediente asciende a 320 días en el conjunto del país, muy por encima del plazo máximo de seis meses (180 días) que fija la normativa.
Murcia encabeza la clasificación con una demora media de 552 días, seguida de Andalucía (446), Asturias (411) y Madrid (346), todas ellas muy por encima de la media nacional. Solo seis comunidades —Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria—, además de Ceuta, consiguen situarse por debajo del límite legal.
Acompañando estas cifras está el dato de que entre enero y mayo de este año 13.503 personas han fallecido mientras se encontraban en las listas de espera del sistema de dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos. De ellas, 6.940 todavía esperaban ser valoradas y otras 6.563 ya tenían reconocido el derecho, pero seguían aguardando la prestación o el servicio correspondiente. El dato sigue la estela del de 2025, año en el que 32.704 personas fallecieron antes de recibir la atención a la que ya tenían derecho.
La dependencia sigue siendo una de las tareas pendientes de España. En lo que va de año 13.053 personas han fallecido estando en lista de espera para ser reconocidas como dependientes. Unas listas que en la media nacional superan los 300 días. Pero este jueves se ha dado un paso que puede ser decisivo para revertir esta situación. Se ha puesto la penúltima piedra de la nueva ley que va a permitir al Ejecutivo central asumir el 50% de la financiación para dependencia y así evitar recortes en el futuro.