Piden al Ayuntamiento de Barcelona que investigue los crímenes franquistas

Un total de 16 organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos presentaron este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona un escrito en el que le piden que interponga una querella con el objetivo de que se investiguen los crímenes contra la Humanidad cometidos en la ciudad por la dictadura franquista. El documento exige también que “se determinen las circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron los responsables directos e indirectos y, si es el caso, que se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena”.

Todas las organizaciones firmantes actúan bajo el impulso de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que investiga los crímenes cometidos por el régimen franquista. “Actualmente están abiertas dos querellas: una por los bombardeos aéreos de Barcelona (marzo de 1938), impulsada por el Gobierno de Colau, y otra en Argentina por los crímenes franquistas”, explica Anaïs Franquesa, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, una de las entidades firmantes. “En España jamás se investigaron estos crímenes. Y cuando se hizo, todo acabó fatal”, señala esta abogada en referencia al ‘caso Baltasar Garzón’. El juez fue suspendido en el 2010 por el Poder Judicial por investigar los crímenes franquistas.

Este tipo de investigaciones sobre la memoria histórica topan siempre con la famosa Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Con ella se amnistiaron los crímenes ocurridos durante casi 40 años de dictadura. También a los presos políticos. Ahora es la norma que evita que se investiguen los crímenes franquistas. “Esta ley fue el pacto de la Transición”, explica Franquesa. Una especie de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, este tipo de normas (también llamadas “de punto y final”), recuerda la abogada, están prohibidas por el derecho internacional. Este considera que estos crímenes fueron tan graves, que no prescriben nunca y deben por ello ser juzgados.

“Por eso pedimos que se inicie el procedimiento para investigarlos, sobre todo ahora que tenemos un Gobierno municipal más sensible con estos temas”, dice la abogada de Irídia. “Queremos que este procedimiento se lleve a cabo desde las instituciones públicas. Que el ayuntamiento, a través de su Pleno, presente una moción contra los crímenes”, añade por su parte David Bondia, del Institut de Drets Humans de Catalunya. Iniciativas como estas ya se han llevado a cabo en otros municipios de la Comunidad de Madrid y el País Vasco.

Para Bondia, lo más “sorprendente” es que los crímenes franquistas se estén investigando en Argentina y no en España. “Cuando ha querido, España ha juzgado a dictadores de otros países”, recuerda el representante del Institut de Drets Humans de Catalunya. El exmilitar argentino Adolfo Scilingo fue condenado en el 2015 en España a más de mil años de cárcel por delitos contra la Humanidad. Sin embargo, España se ha negado hasta ahora a investigar crímenes ocurridos en su propio territorio, lo que ha obligado a las víctimas a recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos.

Represión

En Catalunya, durante la dictadura, se produjeron en torno a 4.000 ejecuciones sumarias y unas mil irregulares. De estas, un total de 1.717 fueron en Barcelona y, según datos del Tribunal Militar Territorial Tercero, hay 111.261 procedimientos judiciales posteriores a 1939 que afectaban a 147.176 personas.

A todo esto se suma, según recoge el escrito de las 16 organizaciones firmantes, una “represión implacable que vulneró sistemáticamente los derechos humanos”. Se produjeron ejecuciones, torturas, encarcelamientos, detenciones, robos de niños, etcétera. A partir del 26 de enero de 1939, día en que las tropas de ocupación entran en Barcelona, se estableció un régimen de terror en la ciudad. Todos los movimientos sociales y políticos contrarios al golpe de Estado (republicanismo, catalanismo, anarquismo, comunismo…) fueron perseguidos.

España suscribió y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes de 1977, año en que se promulgó la Ley de Amnistía. El convenio internacional, que convirtió en obligatorios los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 15.1 que nadie podrá ser condenado por sus actos u omisiones que no fueran delictivos en el momento de cometerse, según el derecho nacional e internacional. En su artículo 15.2 dice además que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

El escrito presentado este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona destaca el hecho de que, en el momento en que se cometieron, los crímenes franquistas estaban contemplados en la legislación de la República. También lo estuvieron posteriormente en la legislación de la dictadura como delitos ordinarios, así como en el derecho internacional, que los consideraba crímenes contra la Humanidad. Según los principios de Nuremberg, están considerados crímenes de guerra o contra la humanidad el “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos…”.

Jurisdicción

La demanda de estas organizaciones se fundamenta jurídicamente en los artículos 10 y 96 de la Constitución Española, el artículo 1.5 del Código Civil y los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre la obligación de los tratados como parte de la ordenamiento jurídico interno.

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Así, para las organizaciones firmantes del escrito: “La ley de amnistía española no solo transgrede de forma genérica los principios generales del derecho internacional, sino que vulnera pactos internacionales de obligado cumplimiento suscritos por España antes de que fuera dictada. Por todo ello, no puede impedir las acciones judiciales tendentes a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo”.

Por último, el escrito considera fundamental “que las instituciones públicas asuman como propia la tarea de sensibilización en esta materia, con un enfoque basado en los derechos humanos, y promuevan la acción de la justicia presentando querellas criminales ante los juzgados de Instrucción de la ciudad de Barcelona”.

“No queremos que la impunidad de la dictadura sea más una característica del sistema democrático", concluyen.