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La crisis del coronavirus

Los plazos para poner en marcha la renta mínima avivan el debate dentro el Gobierno

Dos personas sin hogar descansan en un banco en una calle de la localidad de Errentería (Gipuzkoa).

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital se ha convertido en un elemento central de debate dentro del Gobierno. Después de varias semanas de discusión interna, en la que algunos ministros socialistas se han alineado con las posiciones que defienden los representantes de Unidas Podemos, encabezados por el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la activación de una renta universal destinada a paliar las situaciones de emergencia social sigue sin salir adelante.

El punto clave de discrepancia son los plazos, no la renta en sí, que PSOE y Unidas Podemos defendieron en campaña electoral e incluyeron en el programa de Gobierno de la coalición. Y el detonante ha sido la emergencia social provocada por la catástrofe económica del coronavirus, que ya esta empezando a dar pistas acerca de su profundidad.

La renta mínima, que el Gobierno trabaja con la denominación de Ingreso Mínimo Vital (IMV), nacerá como una “prestación de Seguridad Social”. El compromiso del programa de Gobierno era comenzar “en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.

Iglesias y sus ministros llevan desde que comenzó la crisis del covid-19 intentando que el Gobierno adelante su puesta en marcha. Pero de momento no han conseguido vencer la resistencia de los ministros socialistas del área económica, fundamentalmente la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Ambas están de acuerdo en la necesidad de poner en marcha la medida pero alegan dificultades técnicas y la gran complejidad que conlleva su regulación como obstáculos que impiden llevarla ya al Consejo de Ministros. El vicepresidente de Derechos Sociales, por el contrario, sostiene que es ahora cuando hace falta y no dentro de unos meses. Y para sortear los argumentos de Calviño propuso la semana pasada, en reuniones con los sindicatos en las que también participó el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, la puesta en marcha de lo que denominó un IMV “puente” a cargo del presupuesto de su departamento y que sólo se podría a disposición de los más necesitados hasta que el ingreso mínimo vital, el que tiene que poner en marcha el departamento de Escrivá, estuviese listo.

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda consultadas por infoLibre apuestan por sacar el IMV del debate entre la izquierda y la derecha. Y para apoyar esta idea subrayan que esta herramienta de lucha contra la exclusión social cuenta con apoyos tan variados como el Papa Francisco, el exministro de Economía del PP Luis de Guindos y el exdirigente de Ciudadanos Toni Roldán, los dos últimos reconocidos liberales. Pero insisten en que hay que poner en marcha soluciones ahora, justo cuando los afectados por la crisis más lo van a necesitar y no dentro de varios meses. La prioridad, subrayan al hilo del argumento que repiten el presidente Pedro Sánchez y todos sus ministros, es “no dejar a nadie atrás”. Y la manera de hacerlo es poniendo en marcha la renta mínima, la última gran bala que le queda al Gobierno en la recámara para hacer frente a la catástrofe povocada por el virus.

El titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, está de acuerdo básicamente con el planteamiento de Unidas Podemos. Y trata de acortar plazos para dar salida cuanto antes a la compleja regulación que necesita. No es casualidad que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propusiese en junio de 2019, cuando la dirigía Escrivá, una renta mínima estatal que reduciría hasta un 60,4% la pobreza severa en España, llegaría a 1,8 millones de hogares y sería compatible con el empleo. Pero que debería introducirse de manera gradual a lo largo de tres años.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró este martes tras el Consejo de Ministros que la aprobación de un ingreso mínimo vital forma parte del programa de la coalición pero, admitió, tardará aún unos “pocos meses”. Será entonces cuando “podamos alumbrar este proyecto”.

“No se puede improvisar”, dice Montero

Una prestación remarcó, que será “de seguridad social”, como establece el programa de Gobierno, no de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y supondrá “un salto de gigante en nuestro país con respecto a las garantías de renta”. Pero “no son medidas que se puedan improvisar”, advirtió sin mencionar el interés de Unidas Podemos en ponerlas en marcha ya, “ni son medidas que se puedan diseñar de un momento para otro, porque son prestaciones que han venido para quedarse”.

El Gobierno, subrayó, “está trabajando de forma incansable en un compromiso que es de legislatura”, que “forma parte del acuerdo programático entre el PSOE y UP”, que es “ambicioso” y que tiene que incorporar también “la coordinación con las comunidades autónomas y con otro tipo de ayudas” con el objetivo de que “ninguna familia quede sin la mínima renta que le permita subsistir”.

Lo que se está haciendo “es acelerar esos trámites, acelerar esos trabajos, por parte del ministro Escrivá, que es”, subrayó la ministra, “el competente en materia de Inclusión y Seguridad Social”, aunque actúe “en coordinación con la Vicepresidencia de Derechos Sociales”.

Las complejidades normativas, informáticas y de análisis de datos que demoran la aprobación del ingreso mínimo vital

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El árbitro en este debate, el presidente Sánchez, se decanta de momento en favor de Calviño y Montero y por tanto apoya la decisión de no aprobar el IMV “puente” que propone Iglesias con cargo al presupuesto de su Vicepresidencia y con carácter estrictamente temporal. Pero esta demanda es una cuestión mayor Iglesias. Según fuentes de la formación morada consultadas por infoLibre, así que no es previsible que renuncie a convencer al presidente para que, como ha ocurrido en otras ocasiones, incline la balanza a su favor. “Los más necesitados no pueden esperar”, subrayan.

La intensidad de la crisis, según otras fuentes del Gobierno, será decisiva. Si las cosas siguen empeorando, la articulación de mecanismos de emergencia, aunque sean provisionales, será inevitable, como ya está poniendo de manifiesto la situación de las familias que hasta ahora sobrevivían en la economía informal y que, por tanto, no pueden acogerse a la amplia gama de ayudas que el Ejecutivo ha puesto apra salvar empresas y trabajadores.

De la gravedad de lo que viene dio este martes una idea el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una actualización de sus estimaciones macroeconómicas para España: espera que cierre 2020 con un paro del 20,8% y una caída del producto interior bruto (PIB) del 8%. Se trata de los peores datos macro registrados por España en muchos años. De confirmarse la contracción del 8% de la economía, sería el peor dato registrado en toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que comenzó en 1970, y, probablemente, la mayor contracción experimentada en el país desde la Guerra Civil.

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