La política social sufre un recorte de 8.000 millones entre 2011 y 2015

La crisis económica ha arrasado con la inversión de los gobiernos en educación, sanidad y servicios sociales. Entre 2011 y 2015, la reducción del gasto de las administraciones públicas en las políticas en las que se sustenta el Estado del bienestar ha sido de 8.063 millones de euros en el conjunto de las autonomías, según un estudio elaborado con datos oficiales por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este miércoles.

El gasto total en las citadas políticas públicas esenciales en España fue en 2011 de 107.938 millones de euros, por los 99.875 presupuestados para este 2015. La caída es, por tanto, del 7,5%. "Los recortes en políticas sociales han sido y están siendo notables y crueles durante la crisis, no tenemos que olvidar que es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios, educativos y sociales", denuncia José Manuel Ramírez, presidente de este colectivo.

En este sentido, Ramírez llama especialmente la atención sobre el "débil desarrollo" de los servicios sociales (rentas mínimas de inserción, residencias de mayores...) precisamente en un momento en el que han sido más necesarios dada la situación de vulnerabilidad de miles de familias. "El nuevo modelo de sociedad se basa, entre otros aspectos, en el desmontaje de los sistemas de protección social a través de sucesivos recortes y retrocesos en materia de derechos sociales en educación, sanidad y servicios sociales, precisamente cuando más necesarios eran", añade Ramírez.

El informe refleja también la enorme brecha que existe entre comunidades. Castilla-La Mancha ha recortado en este tiempo un 33,4% su gasto social y destina ahora 2.228 millones de euros menos a políticas de sanidad, educación y servicios sociales. Le sigue Aragón, donde el recorte ha sido del 18,1% y la caída, de 617 millones de euros. En Cataluña se ha retirado el 14,9% del presupuesto, 2.667 millones de euros.

El cuarto puesto de este ranking de recortes lo ocupa Murcia, con una caída del 11,3% (411 millones de euros menos), le siguen Extremadura, que ha perdido el 8,7% (257 millones menos), Navarra, donde el recorte ha sido del 8,6% (162,4 millones), y Andalucía, con un 7,4% menos (1.364,2 millones).

Con recortes de gasto social en torno al 6% está Galicia (5,8% y 367,7 millones menos), que precede los retrocesos de Asturias que ha recortado el 4,2% (114 millones de euros menos), Castilla y León (4,1% y 245 millones), la Comunitat Valenciana (3,2% y 345 millones), La Rioja (2,5% y 19 millones), País Vasco (2% y 132 millones); y Cantabria, con una caída del 1,6% (25 millones menos). 

En el lado opuesto destacan los casos de Baleares, Madrid y Canarias, donde llegó incluso a aumentarse la inversión en educación, sanidad y servicios sociales en ese período.

Las causas 

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Pero, ¿a qué se deben estos duros recortes? Ramírez señala que los menores ingresos con los que cuentan las comunidades, así como el incremento exponencial de la deuda que se ha producido en los últimos años –de hecho, actualmente supone, de media, el 17% del presupuesto– limitan la capacidad de gasto social de las autonomías.

Por ello, este experto defiende que cualquier impulso a las políticas públicas esenciales pasa inevitablemente por incrementar la capacidad de recaudación al tiempo que se controla la deuda en una "cabriola presupuestaria" que admite que puede ser "dificilísima". 

A su juicio, resulta prioritario, asimismo, que el Gobierno resultante de las próximas elecciones negocie con las comunidades autónomas un nuevo modelo de financiación autonómica que permita "suficiencia y garantía del gasto en las políticas sociales".