Los Ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular ya han anunciado que llevarán ante los tribunales el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña en caso de que llegue a materializarse; una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española, sino también de la independentista e incluso de algunas formaciones como Compromís y la Chunta. El PP busca, además, exprimir al máximo lo que se presenta como una nueva batalla entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el asturiano Adrián Barbón o dirigentes territoriales como el extremeño Miguel Ángel Gallardo han rechazado el acuerdo, hasta el punto de plantearse ir también por la vía judicial.
La marcada oposición de todos los dirigentes autonómicos del PP, incluyendo a su líder en Cataluña, Alejandro Fernández –que ha llegado a asegurar que el objetivo con este acuerdo es "volver a activar el proceso separatista"–, contrasta con la posición del partido en el pasado sobre la financiación singular de Cataluña. Hasta el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016, cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", señalaba, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión.
Lo que para el PP es ahora un acuerdo fruto "del chantaje" y de "la corrupción", ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basada en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente del PP catalán, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.
Lo cierto es que, más allá de escenificaciones, cuando el PP ha estado en el Gobierno ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación bilateral con el entonces president catalán, Jordi Pujol (CiU), para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las comunidades, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.
El PP, además, defiende el modelo vasco bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a otras comunidades. Feijóo también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto, ambos de Euskadi.
Primero fue la amnistía
La financiación autonómica se convierte así en el enésimo estandarte judicial de Feijóo contra el Gobierno, aunque enarbolarlo contradiga sus propios planteamientos o, incluso, líneas de negociación previas del partido. Pero antes de esta hubo otras guerras, algunas de las cuales siguen abiertas.
El PP se opuso desde el primer momento a la amnistía. De hecho, fue su principal caballo de batalla contra el Ejecutivo de Sánchez, hasta el punto de convocar cinco manifestaciones en los meses posteriores a su aprobación. Las comunidades del PP anunciaron rápidamente que presentarían recursos contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC) y la sentencia por parte del órgano de garantías llegó hace solo unas semanas en forma de jarro de agua fría para los de Feijóo: avaló todos los aspectos nucleares de la ley y concluyó que la amnistía tenía encaje legal en nuestro ordenamiento jurídico.
Los conservadores argumentaban que suponía un retroceso en el Estado de derecho; que no respondía a intereses generales sino solo al particular de Pedro Sánchez de lograr la investidura como presidente y alegaban que tampoco existía ninguna circunstancia excepcional que justificara una amnistía en Cataluña. El TC, sin embargo, desmontó estos argumentos al rechazar que afecte al Estado de derecho y encuadrarla en "circunstancias excepcionales que no se pueden resolver con instrumentos ordinarios".
La normativa catalana de pisos turísticos y la ley de vivienda
También presentaron un recurso contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Un recurso que solo hace unos meses el Constitucional tumbó, estimando que la norma regula por primera vez el régimen urbanístico de dicho tipo de viviendas en Cataluña, "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia, y que es además conforme con la protección constitucional de la propiedad privada".
Lo cierto es que el boicot a la legislación estatal por parte del PP no es una novedad. En enero de este año el tribunal de garantías también echó por tierra la mayor parte del recurso que el PP presentó contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. Muchos de sus argumentos ya habían sido estudiados hace casi un año, cuando se desestimaron prácticamente todas las alegaciones de la Junta de Andalucía. Pero a principios de 2025 el TC avaló también las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato.
El voto delegado de Puigdemont y Puig
Asimismo, el PP llevó un recurso de amparo ante el Constitucional contra el acuerdo que tomó la Mesa de Edad de la Cámara catalana, cuando aceptó los votos delegados del líder de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig en la sesión constitutiva del Parlament pese a no estar presentes. El tribunal falló a favor del PP, pero su decisión no alteró la composición de la Asamblea autónoma ni tuvo efectos retroactivos, en aras de "la seguridad jurídica". Sus votos no fueron decisivos, por lo que no afectaron al resultado ni, por tanto, a la composición del Parlament ni de la Mesa.
Ni "concierto" ni "cupo": el Gobierno quiere aplicar el modelo pactado con Illa al resto de autonomías
Fueron varios los diputados del PP del Parlamento de Cataluña que presentaron el recurso al considerar que se había "vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes”, vinculado directamente con “el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.
La delegación de las competencias en inmigración a Cataluña
Feijóo también lideró la oposición de las comunidades del PP a la delegación a Cataluña de las competencias en materia migratoria como parte del acuerdo de Pedro Sánchez con Junts. Un acuerdo que implica que la Generalitat de Cataluña gestione integralmente los CIE, expida los NIE y despliegue a los Mossos en las fronteras en coordinación con la policía y la Guardia Civil.
A juicio del líder del PP, supone "desmantelar la seguridad nacional" lo que, a su juicio "es malo para todos los territorios". Los conservadores advirtieron también desde el primer momento de que presentarían recursos ante el TC en caso de que la norma, que todavía no ha visto la luz, se aprobara.
Los Ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular ya han anunciado que llevarán ante los tribunales el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña en caso de que llegue a materializarse; una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española, sino también de la independentista e incluso de algunas formaciones como Compromís y la Chunta. El PP busca, además, exprimir al máximo lo que se presenta como una nueva batalla entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el asturiano Adrián Barbón o dirigentes territoriales como el extremeño Miguel Ángel Gallardo han rechazado el acuerdo, hasta el punto de plantearse ir también por la vía judicial.