Caso Gürtel
El PP ataca al juez Ruz
El Partido Popular ya ha movido ficha tras ser expulsado como acusación popular del caso Gürtel. Y lo ha hecho con un ataque contra el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, a quien el PP acusa de tomar una decisión contraria a la Constitución y "profundamente injusta" basándose en un "prejuicio, sin ninguna motivación, doctrina jurisprudencial ni precepto legal que lo sustente". Así consta en el recurso de apelación presentado el pasado 3 de mayo en la Audiencia Nacional por la formación conservadora mediante el cual el PP pretende seguir formando parte de la acusación evitando, por tanto, ser responsable civil subsidiario de las actuaciones ilegales de los excargos del partido.
Pero la decisión de Ruz es también, según los conservadores, "un agravio comparativo" respecto a otras acusaciones personadas, lo que consideran "una temeridad y una enorme injusticia (dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa)", indica el PP en su escrito presentado en la Audiencia Nacional.
Y para defender su posición, el PP carga de nuevo contra el juez, a quien acusa de cambiar de opinión sobre la relación entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel de forma injustificada. "Este juzgado trató por todos los medios de encontrar puntos de conexión". Pero según el PP, una vez obtenida la competencia "el juzgado comienza a contradecir su planteamiento inicial y ahora excluye al PP de la condición de parte en la pieza separada que antes para el instructor era lo mismo que se investigaba en la pieza principal". Para los conservadores, esta decisión de Ruz es una "enorme incongruencia".
Las resoluciones del juez que impiden que el PP siga siendo acusación son, prosigue este partido, "gravemente lesivas" para los derechos del PP por lo que provocan "indefensión" y le brindan un trato "gravoso", y "discriminatorio", respecto de las demás partes a las que se les ha admitido. Y esto último molesta al PP, que también critica a Ruz por aceptar la inclusión de las otras acusaciones populares de forma absolutamente "acrítica y automática" en la pieza separada de los papeles de Bárcenas.
Pero el PP va un poco más allá, asegurando que con la expulsión del PP como acusación popular "se consuma una decisión que parte de un argumento falaz y gravemente lesivo" para la defensa de los derechos de este partido, tal y como se reconoce en la Constitución. Y este argumento "falaz" consiste en que para Ruz el PP puede ser considerado responsable civil subsidiario de sus excargos, por lo que no podría seguir acusando. "El auto impide el ejercicio de un derecho constitucional, lo que implica un perjuicio inadmisible y desde luego carente de fundamente legal alguno en que pueda apoyarse".
El PP duda por ello de la constitucionalidad de la decisión de Ruz, asegurando que éste, apoyado en la Fiscalía Anticorrupción, le ha puesto "trabas irrazonables" e "injustificadas" al acceso a la jurisdicción: "Y por ello ha violado el principio de igualdad de partes en el proceso y desde luego el derecho del PP de obtener la tutela efectiva de los juzgados y tribunales".
El PP recuerda que los partidos políticos no pueden ser objeto de una investigación de carácter penal, algo que impide que pueda ser "investigado" desde ese punto de vista. Solo pueden ser procesadas y condenadas las personas físicas, "posibilidad no predicable de un partido político".
Además, el escrito del PP resalta que la ley no indica que los partidos políticos estén obligados a tributar ante Hacienda "el exceso en las donaciones", "como pretende el juzgado con apoyo del Ministerio Fiscal, sino que únicamente serían posibles sanciones por el Tribunal de Cuentas".
Este es el motivo por el que el PP asegura que la denegación de la personación en concepto de acusación popular en la pieza separada carece de amparo legal alguno. "Los autos recurridos no incluyen ningún precepto legal que impida la doble condición de acusador popular y eventual responsable civil. El derecho de acceso a la jurisdicción no puede cercenarse, como se pretende hacer sobre la base de meras opiniones carentes del menor sustento legal", prosigue el PP en su escrito ante la Audiencia Nacional, acusando a Ruz de imponer al PP "una barrera" que le impide el acceso a la justicia: "Y lo ha hecho sin fundamento legal alguno, imponiendo trabas que no ha impuesto al resto de las partes personadas, entre las que se encuentran otras formaciones políticas respecto de las cuales al PP se le hace de peor condición".
Al contrario de la opinión del juez y de la Fiscalía, el PP considera que los papeles de Barcenas constituyen "un ataque contra la reputación y merecimiento público del partido papeles de Barcenaspor lo que su publicación y enorme difusión la sitúan como claramente perjudicada".