PP y Cs subirán más de 800 euros el sueldo público a los médicos andaluces con otro trabajo en la sanidad privada

La sanidad, uno de los frentes por los que más ha sufrido el Gobierno andaluz a lo largo de la última legislatura, está en el punto de mira de PP, Cs y Vox, la nueva mayoría parlamentaria conservadora y el sostén del futuro Ejecutivo. Los partidos de Juan Manuel Moreno, que previsiblemente será elegido presidente este miércoles, y Juan Marín, al cual nombrará su vicepresidente, han otorgado a la sanidad un espacio destacado no sólo dentro de su acuerdo de gobierno, sino también del plan para sus primeros cien días. A diferencia da la educación, donde la ampliación de los conciertos educativos al Bachillerato se cocerá a fuego lento, los planes sanitarios son urgentes.

Hay dos medidas del programa para los primeros cien días de PP y Cs, incluidas también en el pacto que el PP tiene con Vox, que protegen intereses privados claramente identificables: los de la sanidad privada y los de la industria farmacéutica. Se trata del fin del llamado "complemento de exclusividad", que premia a los médicos que sólo trabajan en la sanidad pública, y de la reversión de la subasta farmacéutica, con la que el Gobierno andaluz pretendía reforzar su posición para comprar medicamentos ante la industria. El rumbo que el gobierno PP-Cs dé a la sanidad tiene un interés añadido al de su impacto en el propio sistema andaluz: determina el enfoque sobre un servicio básico del Estado del bienestar de la mayoría conservadora que Pablo Casado aspira a replicar en todas las comunidades en las que sea posible tras las autonómicas de mayo.

PP, Cs y Vox están de acuerdo en que los sanitarios que trabajen en la privada dejen de tener vedado el acceso al llamado "complemento de exclusividad". El acuerdo para los primeros cien días de gobierno dice: "Eliminación de la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad, estableciendo el principio de que a igual trabajo, igual salario". ¿Qué hay detrás de este compromiso? La satisfacción de una extendida reclamación de organizaciones como el Sindicato Médico Andaluz y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

La Junta de Andalucía paga a los sanitarios un extra por trabajar sólo en el sistema público, en razón de un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2006 y de un decreto de 2009, en ambos casos siendo consejera de Salud María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda. La idea era reforzar la dedicación de los profesionales a la sanidad pública y reducir los conflictos de intereses. El PP vio siempre una discriminación ideológica y un castigo a los médicos que querían trabajar en la privada. Los médicos de familia que trabajan sólo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobran de media 846,66 euros brutos al mes más. Los especialistas, 829,66. En estos dos grupos está el cogollo de los afectados por la medida, aunque la exclusividad también está regulada para otros muchos grupos profesionales [ver aquí los complementos de exclusividad en la columna "D.I.", de "dedicación e incompatibilidad"].

Afecta también a gestores económicos, directores y supervisores de enfermería –no enfermeros–, jefes de cocina... En algunas ocasiones el complemento de exclusividad es el mayor bocado del sueldo, como en los 2.537,41 euros que suponen para los directores gerentes de hospital. Se trata de desincentivar al máximo que un cargo tan relevante y con tanto poder de decisión tenga también trabajo en la privada. Los puestos directivos no pueden compatibilizar, aunque hay reconocidas 25 situaciones de este tipo entre "cargos intermedios" que son anteriores a la entrada en vigor de la normativa, según Salud.

Casi 2.400 médicos

La Consejería de Salud, que en el nuevo gobierno será dirigida por el PP y en la que los gestores socialistas preparan ya su salida, cifra en 2.388 los médicos que actualmente tienen reconocida una compatibilidad. Es decir, les subiría el sueldo si el Gobierno de PP y Cs cumple su compromiso. Lo que quieren hacer los partidos de Moreno y Marín es convertir en sueldo de todos lo que ahora es un complemento de la mayoría. Estos 2.388 médicos suponen el 12,1% del total de los 19.644 que hay en el SAS, según la Consejería. No hay una cuantificación oficial de cuánto supondría económicamente la medida, porque habría que ver a cuánto asciende el complemento de cada de uno de esos 2.388 médicos. Aunque la mayoría serán médicos de familia y especialistas, habrá otros casos. La Consejería no lo detalla, porque además desconoce exactamente en qué consistirá la medida, que no deja de ser una promesa electoral. De lo que no hay datos oficiales es de cuántos profesionales sanitarios no médicos se verán beneficiados. Si entra en vigor la medida del nuevo gobierno su impacto más favorable será entre los especialistas de las áreas, que no permiten ampliar el sueldo con guardias de asistencia nocturna, caso por ejemplo de dermatología, reumatología, oftalmología...

El complemento de exclusividad ha recibido críticas en el ámbito sanitario por –según sus críticos– alejar a especialistas de alto nivel, que verían desincentivado el trabajo en la sanidad pública por no poder a la vez operar en la privada. Fue emblemático el caso del prestigioso doctor David Farrington, que dejó en 2017 la sanidad pública andaluza, decisión que fue atribuida a la imposibilidad de compatibilizar su responsabilidad pública con la privada.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, cree que más allá de los propósitos que inspiraron el complemento de exclusividad, su aplicación ha tenido efectos perversos. "El año pasado abrió sus puertas un hospital privado en Córdoba [Quirón] y hubo muchos médicos que pidieron la compatibilidad. Pero, claro, si les dices que van a cobrar más de 800 euros menos al mes, pues a lo mejor dicen 'prefiero la privada, que me paga más'. Un médico sin guardias tiene 1.100 de sueldo base, más 600 de complemento de destino, más unos 800 y pico de exclusividad. Es decir, un médico sin guardias gana unos 2.500 euros brutos. Si le quitas el complemento por trabajar en la privada, es posible que prefiera irse a la privada. Si no se lo quitas, pues le puede merecer la pena quedarse y trabajar tres horas por la tarde [en la privada]", explica.

Aunque la legislatura pasada PSOE y Cs mantuvieron un pacto de legislatura, este hacía aguas al abordar este tema, que dibujaba una división del Parlamento en bloques de izquierda y derecha. PSOE, Podemos e IU votaron en contra de la extensión a todos los médicos del complemento de exclusividad que llevó el PP al Parlamento en febrero del año pasado y que contó con el apoyo de Ciudadanos. Andalucía no es la única comunidad que ha establecido limitaciones a la actividad privada de los sanitarios del sistema público. De hecho, la regulación marco es estatal, si bien el quid está en el desarrollo autonómico de la misma.

El pacto PP-Cs no especifica si se permitirá a los directivos trabajar a la vez en la privada. Tampoco cuantifica el coste de la medida ni el número de sanitarios que se verán afectados, cosa que por otra parte tiene su lógica en un plan que exigirá leer la letra pequeña de la situación que se encuentren los nuevos gestores. infoLibre preguntó al PP –que gestionará esta área– por el detalle de la medida, pero el partido dirigido por Juan Manuel Moreno pidió tiempo para tomar posesión y asignar a las personas responsables, remitiéndose a lo recogido en el acuerdo.

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Adiós a la subasta

Dicho documento también recoge lo siguiente para los primeros cien días: "La reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos". Tanto PP como Ciudadanos, la poderosa patronal Farmaindustria y los colegios de farmacéuticos han sido muy críticos con la subasta, a la que culpan de agravar los problemas de desabastecimiento de medicamentos, que también han afectado a otras comunidades autónomas.

La Organización Médica Colegial apoyó esta medida e incluso afirmó que su extensión a toda España supondría un ahorro de 1.000 millones al año. La Junta de Andalucía afirmó en abril del pasado año que la medida, implantada en 2012, le había supuesto un ahorro total de 540 millones de euros. La idea inicial era ganar margen de maniobra frente a los laboratorios. El PP siempre ha tenido la subasta entre ceja y ceja, a pesar de que en 2016 este sistema recibió el aval del Tribunal Constitucional y rechazó por unanimidad un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy por invasión de competencias.