La renuncia del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Marchena, ha dinamitado el acuerdo entre los dos principales partidos: "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para para controlar el desenlace de un proceso penal", puede leerse en el comunicado difundido por el magistrado.
El Partido Popular fue la primera formación que se lanzó a dar por roto el acuerdo y a respaldar la decisión tomada por Marchena, obviando que la posición del magistrado había quedado seriamente comprometida un día antes por un episodio protagonizado por un destacado dirigente conservador, el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó.
En un mensaje de WhatsApp a los senadores, el portavoz se jactaba de que el acuerdo, que incomodaba en sectores del PP, era bueno para el partido.
Fuentes de la dirección nacional del PP destacan que el partido suspende el proceso de renovación y considera "acertada" la decisión de Marchena.
En Génova defienden que "después de haber intentado por responsabilidad institucional hacer la renovación en tiempo y forma con la legislación en vigor", ahora van a "reivindicar la reforma del sistema de elección y a buscar el consenso parlamentario para modificarla".
"La irresponsabilidad del Gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negociación parlamentaria ha desgastado a la Justicia", defienden sin tener en cuenta la polémica de Cosidó.
En declaraciones a RNE, el número tres del PP, Javier Maroto, se puso del lado del magistrado: "Si yo fuese Marchena, hubiera adoptado la misma decisión", dijo.
"La decisión del Gobierno de hacer público su nombre sin elegir a los vocales, ha hecho un daño irreparable. Se ha puesto en cuestión su imparcialidad y la responsabilidad institucional del PP. Asimismo, se ha tratado de presentar esta renovación como algo oscuro. Por todo ello, anuncio que el PP da por roto el acuerdo y suspendemos la renovación hasta que la ministra Delgado sea cesada. Es la más cuestionada", mantuvo.
Los conservadores culpan a la ministra de Justicia de la "filtración", hace una semana, del nombre de Marchena para la presidencia del CGPJ, una acusación que no se ha puesto sobre la mesa hasta ahora.
La "guerra de poder" entre Delgado y Robles
En el PP niegan que el mensaje de Cosidó haya sido clave para el paso dado por el magistrado. Prefieren apuntan a una "guerra de poder" entre Delgado y la ministra de Defensa, Margarita Robles, exmagistrada del Supremo, y que figuraba en todas las quinielas para ocupar la cartera de Justicia tras ganar Pedro Sánchez la moción de censura.
"El PP hemos mantenido una posición de responsabilidad. Esa opción está rota y la culpa es del Gobierno por filtrar el contenido de las negociaciones, poner su nombre en la picota y dejarle en mal lugar", zanjó.
Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Maroto destacó que el PP habían mantenido "un discreto silencio sobre la actitud irresponsable del Gobierno".
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Preguntado por el mensaje de Cosidó, el vicesecretario de Organización del PP respondió que, a su juicio, la decisión de Marchena es previa. No obstante, la sucesión de acontecimientos pone esta tesis en cuarentena.
Delgado, una ministra "sucia políticamente"
"Nosotros hemos tratado de mantener una posición de responsabilidad institucional", recalcó al tiempo que exigía a Pedro Sánchez que ponga "de patitas en la calle" a la ministra Delgado, una ministra que "asquea" al PP porque es "sucia políticamente".
La renuncia del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Marchena, ha dinamitado el acuerdo entre los dos principales partidos: "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para para controlar el desenlace de un proceso penal", puede leerse en el comunicado difundido por el magistrado.