La renovación del Tribunal Constitucional (TC) vuelve a amenazar con convertirse en un campo de batalla institucional. Tras las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular mantiene sus reticencias a pactar el relevo de los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado, reproduciendo una estrategia que ya aplicó durante años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes de Génova citadas por El Confidencial, “no se dan las condiciones” para renovar el órgano de garantías. Preguntados por infoLibre, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo evitan responder.
El Constitucional tiene 12 magistrados y se renueva por tercios. Cuatro los elige el Congreso, otros cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el CGPJ. El mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ya ha cumplido nueve años, venció el pasado 10 de marzo, al igual que los de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos en 2017. El Senado debería renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó dicha posición por motivos de salud dos años antes.
Sin que la Cámara Alta tramite y vote esos cuatro nombres, no hay renovación posible de ese bloque del Constitucional. Pero los candidatos no salen directamente de los grupos parlamentarios, sino que deben ser propuestos primero por los parlamentos autonómicos. Después, la Cámara Alta examina esas candidaturas y los grupos negocian los cuatro nombres finales, que necesitan una mayoría de tres quintos. El presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha amparado hasta ahora en los procesos electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León y Andalucía para no poner en marcha esta renovación.
Sin embargo, los conservadores nunca han escondido sus críticas hacia un Tribunal Constitucional que, aseguran, está alineado con el Gobierno y cuyas resoluciones reflejan una mayoría ideológica progresista, lamentan. La consecuencia práctica de retrasar la renovación es tratar de influir en la futura composición del órgano tras las próximas generales, a la espera de una mayoría más beneficiosa para los conservadores. Una estrategia similar a la que el PP aplicó durante muchos años con la renovación del CPGJ, que tardó cinco años en pactar.
Preguntada por esta cuestión en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, señaló el pasado martes que su formación no había “podido” iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
“Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto. Han existido tribunales constitucionales así, con magistrados del Supremo propuestos por fuerzas de izquierdas que no hicieron lo que la izquierda pensaba que iban a hacer… y la derecha. Eso es positivo. Aspiramos a tener un Tribunal Constitucional independiente y que se ocupe de lo importante”, zanjó Muñoz.
Los precedentes no dejan a la mayoría conservadora en buen lugar. En 2022 el Constitucional, todavía con mayoría conservadora, aceptó un recurso del PP y paralizó por primera vez una iniciativa legislativa en curso, concretamente las enmiendas que reformaban la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para desbloquear la renovación del propio Tribunal. La decisión salió adelante por seis votos contra cinco. Dos magistrados directamente afectados por esa renovación, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, ambos conservadores, se negaron a apartarse. El tribunal rechazó las recusaciones y ambos participaron en la decisión, reforzando la mayoría conservadora que permitió suspender la reforma.
La Virgen de la Bien Aparecida motiva una nueva prórroga
La situación, además, presenta una paradoja evidente. El PP ha denunciado reiteradamente que el Gobierno incumple su obligación constitucional de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, hasta el punto de haber llevado la cuestión ante el propio Constitucional. Pero ahora se enfrenta a un escenario en el que será precisamente el presidente del Senado quien deba cumplir con una obligación institucional ineludible: poner en marcha el procedimiento para la renovación de los magistrados cuya elección corresponde a la Cámara Alta. Desde su equipo deslizan a este periódico que esperará a septiembre, como mínimo.
¿Y cuál es la excusa? La justificación inicial de las elecciones autonómicas ya no sirve, porque esas elecciones ya se han celebrado y los nuevos parlamentos están constituidos. La última prórroga se ha renovado hasta septiembre y ahora el motivo es la festividad cántabra de la Virgen de la Bien Aparecida. Así lo decidió la Mesa del Parlamento de Cantabria –ya que el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración–, y se recoge esa decisión tanto en las actas del Parlamento cántabro como en las del Senado. Las quejas de la oposición cayeron en saco roto.
Políticamente, la razón que apuntan fuentes de distintos partidos es otra. La de que el PP no tiene ningún incentivo para acelerar una renovación que daría como resultado la continuidad de la mayoría progresista del TC, y sí lo tiene para esperar a un escenario parlamentario más favorable a sus intereses, especialmente si unas futuras elecciones generales le permitieran alcanzar, junto a Vox, los tres quintos del Senado necesarios para cambiar el equilibrio del Tribunal. Esa es la misma lógica que durante años aplicó al CGPJ.
El margen de maniobra existe, pero es limitado. Rollán está obligado a iniciar el procedimiento para que los parlamentos autonómicos remitan sus propuestas de candidatos. Una vez recibidas estas, comienza la negociación política, y es ahí donde el PP dispone de capacidad para alargar los tiempos. La práctica habitual ha sido un reparto de dos magistrados para cada bloque político, un equilibrio que ha permitido renovar el Tribunal sin alterar bruscamente las mayorías.
La mayoría progresista podría peligrar
Sin embargo, el escenario podría complicarse si el PP intentara imponer un reparto de tres magistrados frente a uno para la izquierda. Incluso en esa hipótesis, el bloque progresista conservaría previsiblemente la mayoría del Constitucional, aunque mucho más ajustada, gracias al voto de calidad de la presidencia. Y si la elección del nuevo presidente tampoco lograra consenso, todo apunta a que asumiría provisionalmente el cargo el magistrado de mayor antigüedad, previsiblemente Inmaculada Montalbán o Ramón Sáez Valcárcel, ambos pertenecientes al sector progresista.
Las cuatro elecciones autonómicas retrasarán al menos hasta el otoño la renovación del TC
La hipótesis de que el PP plantee ese escenario explica en parte la falta de incentivos del PSOE para acelerar la negociación. A corto plazo, los socialistas mantienen una mayoría favorable dentro del Tribunal y saben que el paso del tiempo no les perjudica necesariamente. La incógnita reside en el medio plazo. Un cambio de mayorías parlamentarias podría alterar por completo el equilibrio institucional y modificar también el interés de cada partido por negociar.
El PP, que tiene la mayoría absoluta en esa Cámara, hace cuentas sobre cómo lograr los 11 senadores más que necesita para alcanzar los tres quintos y poder nombrar, por sí mismo o con los ultras, a cuatro magistrados conservadores. Si lo consigue, daría un vuelco a la mayoría progresista con la que cuenta el órgano desde 2023. Si tras unas futuras elecciones el PP y sus aliados no alcanzaran esos tres quintos, sería entonces el PSOE quien tendría incentivos para retrasar un acuerdo hasta forzar un reparto de dos magistrados para cada bloque, el reparto que ha imperado hasta la fecha.
El problema es que esta dinámica alimenta una creciente desconfianza ciudadana hacia la independencia judicial. La última encuesta de 40dB. refleja un deterioro significativo de la percepción pública: el 75,5% de los ciudadanos considera que los partidos políticos influyen en las decisiones de los jueces y únicamente un 32% cree que las resoluciones judiciales en asuntos políticos son imparciales. Ese dato ayuda a explicar por qué cada episodio de bloqueo institucional tiene un coste que va mucho más allá de la composición concreta del Tribunal Constitucional. La impresión que recibe una parte importante de la ciudadanía es que las instituciones dependen de cálculos partidistas más que del cumplimiento de las reglas.
La renovación del Tribunal Constitucional (TC) vuelve a amenazar con convertirse en un campo de batalla institucional. Tras las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular mantiene sus reticencias a pactar el relevo de los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado, reproduciendo una estrategia que ya aplicó durante años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes de Génova citadas por El Confidencial, “no se dan las condiciones” para renovar el órgano de garantías. Preguntados por infoLibre, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo evitan responder.