Privilegios

Las prebendas de los expresidentes autonómicos chocan con la promesa de regeneración política

Ignacio González, en su última fiesta del Dos de Mayo como presidente de la Comunidad de Madrid.

Retiro, pero no para todos ni tan dorado como antes. Los presidentes autonómicos no disponen de los mismos privilegios cuando dejan su cargo. Prerrogativas, por otro lado, ya menguadas o en vías de desaparición. Buena muestra de que la España de los recortes y de la desafección hacia los políticos también ha alcanzado a los jarrones chinos de las comunidades

Las elecciones del 24 de mayo han apartado a 11 jefes autonómicos del Ejecutivo: los de Comunitat Valenciana (Alberto Fabra, PP), Madrid (Ignacio González, PP), Castilla-La Mancha (María Dolores de Cospedal, PP), Extremadura (José Antonio Monago, PP), Aragón (Luisa Fernanda Rudi, PP), Baleares (José Ramón Bauzá, PP), Canarias (Paulino Rivero, CC), Murcia (Alberto Garre, PP), Cantabria (Ignacio Diego, PP), Navarra (Yolanda Barcina, UPN) y La Rioja (Pedro Sanz, PP).

Algunos de ellos ya saben su destino. Fabra, Rudi, Bauzá y Sanz disfrutarán esta legislatura de un escaño como senadores autonómicos. Si se quedan con la retribución de la Cámara, pasarán a cobrar cerca de 80.000 euros brutos al año en 14 mensualidades, si son portavoces de comisión, cargo que suele ser habitual. Un camino que ya anduvieron antes algunos de sus antecesores del PSOE en cuanto perdieron el poder, como José Montilla (Cataluña), Marcelino Iglesias (Aragón) y Vicente Álvarez Areces (Asturias), ambos en la Cámara alta, o el manchego José María Barreda en el Congreso. 

Ignacio González, en cambio, se incorporó rápidamente al Consejo Consultivo madrileño, un órgano que la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, quiere suprimir "lo antes posible", fruto de su pacto de investidura con Ciudadanos. Ello implicará asimismo la salida de los expresidentes Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón. Todos ellos perciben 8.500 euros al mes. 

Sueldos que rondan los 60.000 euros al año

Los Consejos Consultivos –que por ahora existen en todas las CCAA, menos Cantabria– son una de las plataformas de salida para los expresidentes previstas por las comunidades en su legislación. Aparte de Madrid, es el caso de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Galicia o La Rioja. Hasta diez exjefes del Ejecutivo están allí instalados: los tres madrileños, el andaluz Rafael Escuredo, el valenciano Francisco Camps, los gallegos Gerardo Fernández Albor, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, el asturiano Juan Luis Rodríguez-Vigil y el riojano Joaquín Espert. La mayoría cobra unas retribuciones que rondan los 60.000 euros anuales (bastante más, en el caso de Madrid, a razón de 8.500 euros al mes). La excepción es Espert, que tiene derecho a indemnizaciones o dietas, no a un sueldo fijo. Otro retiro similar es el Consejo de Estado, en el que está el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien tampoco percibe sueldo al ser consejero electivo. 

Los estatutos de los expresidentes ya han ido perdiendo músculo. Los recortes en las Administraciones (y la controversia política) se han llevado por delante parte de estas suculentas oficinas. Sobre todo en lo que se refiere a la asignación personal, las pensiones o las cesantías, como ocurrió en Andalucía, Extremadura o La Rioja. Se mantienen en algunos casos los medios humanos y materiales (secretarias, despacho, coche y chófer), como ocurre con Francisco Camps y Alberto Fabra en Valencia, con José Bono en Castilla-La Mancha, o con los exlehendakaris. En otros casos, se opta por fórmulas más modestas, como el régimen protocolario, el tratamiento o los servicios de seguridad. El estatuto de los expresidentes más potente es el catalán, ya que contempla asignaciones mensuales vitalicias, a las que tuvo que renunciar Jordi Pujol, tras conocerse su fraude millonario al fisco. 

Lo que sigue es un retrato exhaustivo de la situación en las 17 comunidades autonómas. La casuística y dispersión normativa es amplia, aunque subsisten elementos comunes. Un trabajo que ya sistematizó en 2009 la constitucionalista de la Universitat de València Josefa Ridaura. Pero e

El estatuto de los expresidentes más potente es el catalán, ya que contempla asignaciones mensuales vitalicias, a las que tuvo que renunciar Jordi Pujol, tras conocerse su fraude millonario al fisco. sa realidad ha cambiado en buena medida en los últimos años. 

01. ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía aprobó su ley por la que regula el estatuto de sus expresidentes en 2005. Estaba entonces en el Gobierno Manuel Chaves, que en 2009, cuando se incorporó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cedió el testigo a José Antonio Griñán. Aquella norma establecía que cuando los exjefes del Gobierno autonómico alcanzasen los 65 años y se retirasen, tendrían derecho a percibir una asignación mensual "igual al 60% de la retribución mensual" que correspondiese al ejercicio del cargo de quien ejerza la Presidencia de la Junta. También fijaba con qué era incompatible ese sueldo. 

Sin embargo, Griñán, en diciembre de 2011, muy poco antes de disolver el Parlamento para las siguientes elecciones, logró sacar adelante una reforma de esa ley que fulminó esa asignación para los expresidentes (que ascendería a 38.284 euros anuales, teniendo en cuenta que el salario de la presidenta es de 63.808,20 euros). Sí preservó en la legislación que, por decreto del Consejo de Gobierno, se asignará a los expresidentes, con carácter inmediato a su cese, los "medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones protocolarias que correspondan". Los exjefes del Ejecutivo andaluz también dispondrán de los servicios de seguridad que la Administración autonómica considere necesarios. 

Dos expresidentes que dejan sus escaños

El único expresidente que cesó desde la reforma de 2011 fue el propio Griñán, que en septiembre de 2013  cedió su cargo a Susana Díaz y se incorporó al Senado. Allí cobraba, hasta el momento en que dejó su escaño, el mes pasado, un total de 5.682,76 euros brutos al mes (por 14 mensualidades) –79.558 euros al año–, dado que era vicepresidente segundo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Chaves, como diputado en el Congreso desde 2011 hasta el pasado 2 de julio –abandonó al confirmarse su imputación por el caso ERE–, percibía 6.069,04 euros brutos al mes (por 14 pagas) –un total de 84.966,56 euros al año–, algo más que su sucesor porque él era presidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. 

El expresidente andaluz Manuel Chaves, durante el pleno del Congreso del pasado 16 de abril , dos meses y medio antes de dejar su escaño | EFE

Los dos expresidentes anteriores fueron los socialistas Rafael Escuredo (1979-1984) y José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990). Uno siguió ejerciendo la abogacía desde su salida de la Junta, y el segundo dando clases en la Universidad de Sevilla. Pero el primero, Escuredo, es miembro electivo, con dedicación exclusiva, del Consejo Consultivo de Andalucía –y antes, de 2005 a 2009, como consejero permanente, en calidad de expresidente de la Junta–, razón por la que percibe al año 62.800,44 euros. Los exjefes del Ejecutivo pueden ser miembros permanentes en el órgano consultivo, hasta que cumplen 75 años.

02. CATALUÑA 

El estatuto de los expresidents de la Generalitat se aprobó por unanimidad de los grupos en 2003, pocos meses antes de que Jordi Pujol abandonase el Govern, después de 23 años en el poder. Antes un decreto de la Generalitat provisional de 1980 había regulado la situación personal del presidente Josep Tarradellas como reconocimiento a sus años de servicio a Cataluña y a su contribución a la vuelta de la autonomía. 

La ley de 2003 estipula que los expresidents tienen derecho a percibir, "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president". Cuando llegan a los 65 años, esa asignación se reduce al 60% (se trata de una pensión vitalicia). El sueldo del actual president, Artur Mas, para 2015, es de 144.030,12 euros. Un 80% del mismo supone 115.224 euros. Y el 60%, 86.418 euros. 

La norma también faculta al Govern para regular el régimen estatutario de los expresidents de la Generalitat, determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición y facilitar el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas. 

El 'escándalo Pujol'

Pujol renunció a todos sus cargos y a las prerrogativas que le concedía la ley el pasado julio justo después de confesar que había ocultado una fortuna al fisco durante 34 años. Así, dejó de ser molt honorable, perdió su pensión vitalicia de 86.418 euros al año, su despacho en el céntrico paseo de Gràcia de Barcelona, personal de apoyo de la oficina, un vehículo propio y chófer. 

El socialista Pasqual Maragall, president entre 2003 y 2006, mantiene su derecho a esa pensión vitalicia. Su sucesor, José Montilla (2006-2010), marchó al Senado en 2011, y todavía mantiene su asiento. Es portavoz del grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC-ICV), y como tal cobra 7.303,77 euros brutos al mes. Por 14 pagas, da un total de 102.252,78 euros al año

El año pasado, a raíz del caso Pujol, el Parlament aceptó tramitar la solicitud de reforma del estatuto de 2003 para retirar sus privilegios a los expresidents. Pero la propuesta de los grupos fue finalmente rechazada

03. PAÍS VASCO

Euskadi cuenta desde 1999 con un decreto regulador del estatuto de los exlehendakaris. Un texto que reserva a quien ha estado en Ajuria Enea una secretaría de apoyo y un vehículo de representación (con una persona de apoyo y un chófer elegidos por el exjefe del Ejecutivo) y un local de oficina, pagado por la Administración. La disposición de la secretaria y del conductor quedará "en suspenso" transcurridos dos años del cese. Los gastos "generados por los medios puestos a disposición" para el expresidente saldrán de las cuentas de la comunidad. 

El Estatuto del Político en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado un año más tarde, en 2000, establece que los exlehendakaris tendrán derecho a recibir una pensión de retiro, "equivalente a las retribuciones de un parlamentario", incompatbile con actividades económicas privadas o con actividades públicas remuneradas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones. Además, ese estatuto señala que "se completará la pensión de jubilación con cargo a los Presupuestos de la comunidad", hasta la cuantía máxima del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que el exlehendakari haya ejercido sus funciones durante al menos tres años.

Una Comisión Jurídica Asesora sin lehendakaris 

Las oficinas de Carlos Garaikoetxea (1980-1985) y José Antonio Ardanza (1985-1999) se crearon en 1999 y, posteriormente, la de Juan José Ibarretxe (lehendakari desde 1999 a 2009). Este, como aclaró el PNV el año pasado, no cobra ese complemento de pensión porque no está jubilado –tiene 58 años–. Pero su oficina sí generó algunos gastos. Entre junio de 2009 y junio de 2014, ascendió a 25.369,10 euros, que "suponen 422,8 euros mensuales para hacer frente a los gastos de oficina y de representación que le corresponden", según los nacionalistas. Tampoco está jubilado el socialista Patxi López (mandatario autonómico entre 2009 y 2012). Este dejó su escaño en septiembre de 2014, y desde entonces sólo cobra de su partido, como secretario de Acción Política y Ciudadanía de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez (3.128,74 netos al mes, por 14 pagas). 

La comunidad dispone de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, pero en su ley reguladora no está prevista la entrada de los exlehendakaris. Tiene un carácter más técnico. 

04. COMUNIDAD DE MADRID

En la Comunidad de Madrid no existe una regulación específica para los expresidentes autonómicos. Desde 2001 se incluyó una partida en los Presupuestos regionales para gastos de representación. Pero en 2007, el Gobierno de Esperanza Aguirre, para dignificar su figura, confirió a los exjefes del Ejecutivo autonómico la condición de miembros permanentes, y con carácter vitalicio, del Consejo Consultivo de la Comunidad, el máximo órgano asesor. Todos ellos pueden solicitar su ingreso en cualquier momento. 

El conservador Alberto Ruiz-Gallardón (jefe del Ejecutivo entre 1995 y 2003)lo reclamó nada más dimitir como ministro de Justicia. Antes lo hizo el socialista Joaquín Leguina (1983-1995). Ambos cobran unos 8.500 euros brutos al mes. La tercera expresidenta, Esperanza Aguirre (2003-2012), no quiso entrar en el Consejo Consultivo cuando abandonó la Presidencia de la Comunidad. Tras una fugaz vuelta a su puesto de trabajo como funcionaria en el Instituto de Turismo de España, se pasó al sector privado, a la empresa catalana de cazatalentos Seeliger & Conde. Como desveló infoLibre, la presidenta del PP madrileño ganó en 2013, según su última declaración de la renta presentada, 369.000 euros por su trabajo en Seeliger & Conde, otros 8.000 como rendimientos del trabajo y otros 5.000 por haberse hecho con un premio taurino concedido por el diario Abc

Polémica por la supresión del Consejo

A esta nómina de expresidentes se ha sumado ahora el sucesor de Aguirre, Ignacio González (2012-2015). No perdió el tiempo. Su sucesora, Cristina Cifuentes, tomó posesión de su nuevo cargo el 25 de junio, y sus consejeros lo hicieron dos días más tarde. El 3 de julio, González ya aparecía en la web como miembro del Consultivo. Cifuentes asumió el compromiso de suprimir por completo el órgano consultivo en su pacto con Ciudadanos y de "despolitizar" la Cámara de Cuentas.

El portavoz del partido naranja, Ignacio Aguado, ha dejado ver su malestar: pidió explicaciones a la nueva presidenta por la rápida incorporación de González, una "falta de respeto", tanto por carga de trabajo "muy limitada" en los meses de verano como por el "acuerdo para su eliminación". Cifuentes ha venido reiterando que disolverá "en cuanto sea posible" el Consultivo y evitó opinar sobre la entrada de su predecesor, escudándose en que fue una opción personal. La nueva jefa del Ejecutivo también ha prometido un estatuto de los expresidentes semejante al existente en otros gobiernos autonómicos, una idea que rechazan PSOE y Podemos

05. COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que reguló por ley la figura de los expresidentes, y no por decreto. Fue en 2002. El Consell les pone a disposición los medios necesarios, dice la ley, para el sostenimiento de una oficina de apoyo, con estos recursos: dos puestos de trabajo de asesor y una plaza de chófer, un local para la instalación del despacho, un vehículo y personal de seguridad. Además, los expresidentes de la Generalitat son miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad durante un plazo de 15 años, cuando hayan ejercido el cargo "por un periodo igual o superior a una legislatura completa". En los demás casos, serán miembros del CJC por un periodo igual al tiempo ejercido como presidentes, con un mínimo de dos años. El sueldo como miembro del CJC es incompatible con otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público, según la ley. 

El nuevo presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, es recibido por su antecesor, Alberto Fabra, para su toma de posesión, el pasado 25 de junio | EFE

Francisco Camps (2003-2011) es el único expresident que se sienta en el CJC. Cobró, como miembro nato del órgano consultivo, 48.749 euros brutos al año, según la declaración de bienes e ingresos que presentó en Les Corts del año 2012. No está en el órgano José Luis Olivas (2002-2003), que tras su paso por la Generalitat recaló en Bancaja, que presidió, y en Bankia, con una gestión ruinosa. Está imputado en varias causas. Su antecesor, Eduardo Zaplana (1995-2002), trabaja en Telefónica. Y el socialista Joan Lerma (1982-1995) mantiene su escaño de senador desde 1995. Como portavoz de Economía en la Cámara alta, percibe 5.682,76 euros brutos al mes (en 14 pagas, que da 79.558,64 euros al año).

A la lista de expresidents de la Generalitat se ha sumado ahora Alberto Fabra. El pasado 2 de julio, la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, confirmó que este se acogerá al estatuto de los exjefes de la Generalitat –con lo que tiene derecho a chófer, dos asesores y despacho–, pero renuncia a entrar en el CJC. Además, pasará a ocupar un bien pagado escaño en el Senado

06. CASTILLA-LA MANCHA

La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aprobada en 2003 por unanimidad de PSOE y PP, bajo la Presidencia del socialista José Bono, es la que regula la figura de los exjefes del Ejecutivo autonómicos. Y es la que dice que estos no percibirán "cantidad alguna en concepto de indemnización por su cese", pero sí tienen derecho, "durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente", a una secretaría de apoyo (dotada con dos personas), un local de oficina, un conductor, un automóvil y un servicio de seguridad y protección personal. Esos gastos se pagan con los Presupuestos de la comunidad. 

Bono, presidente de la Junta de Comunidades entre 1983 y 2004, es el único que disfruta de estas prerrogativas. Se montó su oficina en 2006, cuando dejó el Ministerio de Defensa, y hasta 2008, cuando se convirtió en presidente del Congreso. Al acabar la legislatura, en 2011, volvió a disponer de ella. Su sucesor, José María Barreda (2004-2011), renunció a este privilegio. Él es, desde 2011, diputado en la Cámara baja, y como presidente de la Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE percibe 6.069,04 euros brutos al mes que, multiplicados por 14 pagas, resultan 84.966,56 euros

La ya presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, propuso en 2013 suprimir las ventajas a los expresidentes autonómicos. Su partido no se cansó de repetir que el coste de la oficina de Bono era de 160.000 euros al año, producto de sumar los salarios del personal de apoyo al servicio del socialista. Sin embargo, cuando se debatió la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, el 20 de junio de 2013, todos los diputados socialistas abandonaron el pleno en señal de protesta. La iniciativa decayó, porque para modificar la Ley del Gobierno el Estatuto de Autonomía exige una mayoría cualificada de tres quintos, de forma que el PP necesitaba sus 25 votos y al menos 5 de los 24 parlamentarios del PSOE. 

Parada la supresión

Los socialistas se mostraban a favor de revisar el régimen de los expresidentes, pero había pedido al PP que retirase su proposición –que quería tramitar en lectura única y sin posibilidad de presentar enmiendas– para crear un grupo de trabajo sobre las reformas que afectaban a la "arquitectura constitucional" de Castilla-La Mancha. Justo en ese momento se estaba tramitando la modificación del Estatuto para reducir el número de diputados (que finalmente se aprobó con los únicos votos del PP) y había entrado en vigor la retirada del sueldo a los parlamentarios regionales, también sin consenso. Bono, no obstante, se mostró aquellos días a favor de que se suprimieran los privilegios para todos los expresidentes que tengan "algún tipo de oficina". 

Cospedal ya anunció que, como Barreda, no disfrutaría de ningún privilegio en cuanto saliese de la Presidencia de la Junta, algo que se materializó el pasado 4 de julio, cuando Emiliano García-Page tomó posesión de su cargo. El tratamiento de los exjefes de la Junta no figura en el acuerdo con Podemos (ni en su anexo), pero el PSOE no se niega a revisar el tratamiento. 

Cospedal no podría ingresar en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, ya que la ley establece que son miembros natos los expresidentes que hayan ejercido su cargo al menos seis años, y ella sólo ha completado una legislatura (2011-2015). Ningún exjefe del Ejecutivo autonómico forma parte del órgano asesor. Los consejeros natos sólo podrían percibir una remuneración si no desempeñasen ninguna otra actividad retribuida. 

07. EXTREMADURA

En 2007, cuando el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra estaba a punto de dejar la Presidencia de la Junta, que había conducido desde 1983, dejó aprobado el estatuto de los exjefes del Ejecutivo autonómico. Un régimen que no escatimaba en gastos: un local, tres personas para labores de Secretaría, vehículo oficial y chófer, personal de seguridad; derecho a recibir dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados en desplazamientos institucionales o derecho a un seguro de vida. Además, se preveía una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución del presidente por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que hubieran permanecido en el cargo. También garantizaba, a partir de los 65 años, el cobro de una pensión igual al 60% del sueldo del jefe del Gobierno. 

Fue precisamente la oficina de Ibarra uno de los temas de confrontación en la negociación del Ejecutivo salido de las urnas de las elecciones de 2011. Tanto el PP como IU pedían el cierre del despacho y el fin de los privilegios. El expresidente, no obstante, fue nombrado entonces, en junio de 2011, como consejero electivo del Consejo de Estado, por un periodo de cuatro años. Según recuerda la institución, los miembros electivos y los natos cobran un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia al pleno. 

Subida de sueldo para Vara

El conservador José Antonio Monago logró la Presidencia en 2011 gracias a la abstención de IU en su investidura, y puso fin a 28 años de gobiernos socialistas. Y promovió la derogación de la norma de 2007. En su ley de regulación de cargos públicos del Gobierno, aprobada en 2014, acabó con casi todos los privilegios. Quitó el derecho de asignación mensual y de pensión. Sólo permitió que la Asamblea regional asuma los gastos necesarios en medios humanos y materiales de los expresidentes, pero que serán fijados por la Mesa. Los exjefes del Gobierno podrán percibir dietas e indemnización en caso de viajes institucionales. Además, podrán incorporarse al Consejo Consultivo de Extremadura. 

Monago ya ha salido de la Presidencia y le ha reemplazado el socialista Guillermo Fernández Vara, que ya fue jefe del Ejecutivo autonómico entre 2007 y 2011. Tras no renovar su cargo hace cuatro años, siguió ocupando su escaño como portavoz del Grupo Socialista, por lo que percibió 58.047,64 euros brutos al año. Ahora, en su vuelta al poder, cobrará 77.295,40 euros anuales, según la Ley de Presupuestos de 2015. Monago ya ha manifestado su voluntad de quedarse en su escaño, como líder de la oposición en la región, cargo remunerado, por tanto, con 58.047,64 euros brutos al año

08. ARAGÓN

Ninguna asignación prevista para los exmandatarios autonómicos. La disposición adicional tercera de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, de 2009, dice simplemente que los exjefes del Ejecutivo, tras cesar en el cargo, mantendrán el tratamiento de "excelencia" con carácter vitalicio y "disfrutará de los derechos que reglamentariamente se determinen". 

Luisa Fernanda Rudi felicita a su sucesor al frente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, el pasado 3 de julio | EFE

Aragón cuenta con siete expresidentes: Santiago Marraco (PSOE, 1983-1987), Hipólito Gómez de las Roces (PAR, 1987-1991), Emilio Eiroa (PAR, 1991-1993), José Marco (PSOE, 1993-1995), Ramón Tejedor (PSOE, 1995), Santiago Lanzuela (PP, 1995-1999) y Marcelino Iglesias (PSOE, 1999-2011). Ahora se ha sumado la conservadora Luisa Fernanda Rudi (2011-2015). Lanzuela fue diputado en el Congreso desde 2000 hasta julio del año pasado, cuando ingresó en el consejo de administración de Red Eléctrica de España como consejero dominical. Iglesias, a su vez, es vicepresidente segundo de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, labor por la que percibe 5.682,76 euros brutos al mes (por 14 mensualidades) –79.558 euros al año–. Rudi, como Fabra, se sentará en el Senado también. 

La Ley del Consejo Consultivo de Aragón faculta al Gobierno a nombrar como miembros del órgano a los expresidentes regionales. Pero ninguno se sienta allí ahora mismo

09. CASTILLA Y LEÓN

Parquedad también en la Ley Reguladora del Estatuto de los Expresidentes de Castilla y León, aprobada en 2005. Señala que los exmandatarios autonómicos, en sus desplazamientos fuera de la comunidad, "podrán gozar del apoyo de los servicios que la Junta tenga establecidos, como la Oficina de la Junta en Madrid y Bruselas". No hay ningún tipo de asignación prevista. 

Además, los expresidentes son consejeros natos del Consejo Consultivo de Castilla y León. Ahora mismo no hay ninguno de ellos en la institución. Demetrio Madrid (PSOE, presidente entre 1983 y 1986) fue consejero entre 2003 y 2011. Su sucesor, el socialista Constantino Nalda (PSOE, 1986-87), lo fue entre 2003 y 2014. Los siguientes presidentes fueron ni los conservadores José María Aznar (PP, 1987-1989), Jesús Posada (1989-1991) y Juan José Lucas (1991-2001). Juan Vicente Herrera, jefe del Ejecutivo desde 2001, ya ha sido investido presidente con la abstención de C's. Aznar es presidente de honor del PP y de FAES, consejero de Endesa y de otras empresas; Posada preside el Congreso esta legislatura –2011-2015– y Lucas es senador desde 2003 y vicepresidente primero de la Cámara alta desde 2011. 

10. ASTURIAS

La regulación asturiana es de las más tempranas. De 1984 es la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno, en cuyo artículo 20 figura que este "regulará el régimen estatutario" de los exjefes del Ejecutivo, "previa resolución de la Junta General del Principado" –el Parlamento regional–, en la que "se fijarán los criterios al respecto, que contendrán, en todo caso, la previsión de los auxilios y medios personales y materiales que al producirse el cese se les asignen con carácter temporal", así como el protocolo de precedencias que en los actos públicos que organice la comunidad les corresponda. Ese artículo 20, según confirman fuentes del actual Gobierno, no ha sido desarrollado

Al actual presidente en funciones, el socialista Javier Fernández (2012-) le precedieron siete dirigentes, todos hombres. Rafael Fernández Álvarez, el presidente preautonómico y primer presidente del Principado (1978-1983) falleció en 2010. Le siguió Pedro de Silva Cienfuegos (1983-1991), que tras abandonar el cargo se centró en la creación literaria y llegó a ganar el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica en 1998 con su obra Kurt. Le sucedió Juan Luis Rodríguez-Vigil (1991-1993), que se vio obligado a dimitir por el escándalo del petromocho, una fantasma inversión petroquímica saudí. Le sustituyó a mitad de legislatura Antonio Trevín (1993-1995), diputado en el Congreso desde 2011 y portavoz socialista de la Comisión de Interior, tarea por la que cobra 79.578,94 euros al año. 

Uno en el Consejo Consultivo

Entre 1995 y 1999, primer cambio de color en el Principado: el Ejecutivo pasó a manos del dirigente del PP Sergio Marqués, fallecido en 2012. Le sucedió el socialista Vicente Álvarez Areces (1999-2011), que logró la plaza de senador electo por Asturias en esta legislatura, en la que ejerce como portavoz de Educación (79.558,64 euros, distribuidos en 14 pagas). Un año estuvo en el poder (2011-2012) Francisco Álvarez-Cascos, que ya no es diputado desde el 24-M. "Nadie tiene oficina porque la ley no está desarrollada. Ningún expresidente tiene ningún tipo de privilegios", insisten desde el entorno de Javier Fernández. 

La Ley del Consejo Consultivo de Asturias permite la entrada de "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional efectiva". Por esa vía entró en 2005 (y fue reelegido por la Cámara del Principado en 2012) Rodríguez-Vigil. Como vocal, recibe 63.705 euros al año

11. NAVARRA

Navarra fue otra de las comunidades pioneras a la hora de regular el estatus de sus expresidentes. Lo hizo a través del decreto foral 180/1984, que incluso estipulaba las prestaciones económicas. Pero una ley de 2007 derogó los dos artículos de ese decreto (el 3 y el 6) que se explayaban sobre las percepciones y pensiones de los exjefes del Ejecutivo navarro. 

De este modo, lo que queda en pie del decreto de 1984, básicamente, es que los expresidentes conservarán los honores que les correspondan –una ley de 2008 no precisa el tratamiento–, que desde el Gobierno se adoptarán las resoluciones necesarias para preservar su seguridad, y que la legislación foral regulará la cuestión de las precedencias en los actos oficiales. 

En la Presidencia del Gobierno de Navarra se han sucedido Jaime Ignacio del Burgo (UPN, 1979-1980, 1984), Juan Manuel Arza (UCD, 1980-1984), Gabriel Urralburu (PSOE, 1984-1991), Juan Cruz Alli (UPN-CCN, 1991-1995 y 1996), Javier Otano (PSOE, 1996), Miguel Sanz (UPN, 1996-2011) y Yolanda Barcina (UPN, 2011-2015). Sanz es presidente de la empresa Autopistas de Navarra, SA y Barcina, la presidenta saliente –ahora la reemplazará Uxue Barkos, de Geroa Bai–, no tiene ya escaño en el Parlamento. Ninguno de ellos se sienta en el Consejo Consultivo, formado por siete miembros, todos ellos "juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la condición política navarra".

12. GALICIA

Galicia ya comenzó a regular la figura de los expresidentes con la ley 1/1983. Esta norma les permite percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta (el 60% del sueldo del presidente autonómico). Una ley de 2012 endureció el régimen de incompatibilidades para poder acceder a esta cesantía.

Asimismo, los expresidentes tienen derecho a disfrutar –desde cuatro hasta diez años adicionales, en función de su tiempo en el cargo– de los "medios y servicios" que ponga el Gobierno autonómico (tendrían adscrito un puesto de trabajo de la Administración autonómica, con nivel administrativo 18, y un coche oficial) . Un derecho "incompatible con la condición de miembro nato del Consello Consultivo o con el ejercicio de un cargo público" que otorgue una prestación de servicios análoga. 

Tres expresidentes vivos, tres cobran

Ahí está la segunda parte: que los expresidentes pueden convertirse en conselleiros natos del órgano consultivo gallego. Pueden pedir su incorporación en cualquier momento, siempre antes de cumplir los 75 años. Podrán mantener su puesto durante seis años si dirigieron la Xunta durante cuatro años o menos, o por un periodo de 12 años si fueron presidentes por más de un cuatrienio. 

Los tres exjefes de la Xunta vivos se sientan actualmente en el Consello Consultivo. Es el caso de Gerardo Fernández Albor (PP, 1982-1987), Fernando González Laxe (PSOE, 1987-1990) y Emilio Pérez Touriño (2005-2009). Los tres cobran, por tanto, lo estipulado en la Ley de Presupuestos de la Xunta: 58.659,48 euros, repartidos en 12 mensualidades. El presidente más longevo en el cargo, Manuel Fraga (1990-2005), pasó al Senado tras dejar el Ejecutivo. Murió en enero de 2012. 

13. MURCIA

Nada de privilegios. Según el artículo 20 de la la ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, los exjefes del Ejecutivo gozarán, "a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo recibiendo, con carácter vitalicio, el tratamiento de excelencia y las atenciones honoríficas y protocolarias que legal o reglamentariamente se determinen".

Por la Presidencia de Murcia han desfilado los socialistas Andrés Hernández Ros (1979-1984), Carlos Collado (1984-1993) y María Antonia Martínez (1993-1995) y los conservadores Ramón Luis Valcárcel (1995-2014) y Alberto Garre (2014-2015), el inmediato antecesor del nuevo presidente (gracias a Ciudadanos), Pedro Antonio Sánchez. Valcárcel es, desde las elecciones de mayo del año pasado, eurodiputado. Por su escaño cobra 8.020,53 euros brutos al mes más dietas. Auque Murcia sí tiene un Consejo Jurídico Consultivo, los expresidentes no son miembros natos

14. BALEARES

Aunque al comienzo de la historia de la autonomía, sí se aprobó una regulación más generosa para los expresidentes (asignación mensual y pensión vitalicia), en los años posteriores se fue congelando. Así, la ley 4/2001, del Gobierno de Baleares (modificada ligeramente en 2011), expone que los exjefes del Ejecutivo del archipiélago "tienen derecho a recibir, con carácter permanente, las atenciones honoríficas y protocolarias correspondientes, siempre que no hayan cesado" por condena firme o por incompatibilidad declarada y publicada. 

La nueva presidenta balear, la socialista Francina Armengol, recibe la enhorabuena de su antecesor, el conservador José Ramón Bauzá, el pasado 30 de junio | EFE

El conservador Gabriel Cañellas (1983-1995) cubrió la primera parte de la historia autonómica. Imputado, fue sucedido por el miembro de su partido Cristòfol Soler (1995-1996), a quien el PP sustituyó por el hoy condenado por corrupción Jaume Matas (1996-1999 y 2003-2007). Matas se alternó con el socialista Francesc Antich (1999-2003 y 2007-2011). José Ramón Bauzá (2011-2015) se apunta ahora a la lista de expresidents tras la toma de posesión de la socialista Francina Armengol, en el poder gracias al apoyo de MÉS (en su Ejecutivo) y Podemos. Antich es senador por designación autonómica y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional de la Cámara alta, cargo por el que cobra 79.558,64 euros brutos al año. Bauzá es otro de los que emigra a la Cámara alta.  

Aunque existe un Consell Consultiu, sus diez miembros han de ser "juristas de competencia y prestigio reconocidos, con más de diez años de ejercicio profesional, que tengan la condición política de ciudadanos o ciudadanas de las Illes Balears". No figura en su nómina ningún expresident.

15. CANARIAS

La ley canaria 2/2000 modificó la normativa relativa al Gobierno de la comunidad para introducir el estatuto de los expresidentes (artículo 5 bis). Este les concede el tratamiento de excelencia y los honores protocolarios. Además, les da el derecho a percibir las "compensaciones económicas" que determine la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Y tendrán derecho, dice el texto de 2000, a la "utilización de los medios personales y materiales" que el Ejecutivo del archipiélago disponga. Pero estas previsiones no se han desarrollado. 

Paulino Rivero aplaude a su sucesor en la Presidencia de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, el pasado 7 de julio | EFE

La Ley del Consejo Consultivo de Canarias no contempla la entrada de los expresidentes como miembros natos. Cuatro de sus siete consejeros son nombrados por el Parlamento y los tres restantes por el Parlamento. Su composición actual se puede ver en su web

El socialista Jerónimo Saavedra (1983-1987 y 1991-1993) fue el primer presidente de las islas. Desde 2011 es diputado del Común (cargo análogo al de defensor del Pueblo), institución que gestiona un presupuesto anual de 2,5 millones. En el cargo le sucedieron Fernando Fernández Martín (CDS, 1987-1988), Lorenzo Olarte (CDS, 1988-1991) y los nacionalistas canarios Manuel Hermoso (1993-1999), Román Rodríguez (1999-2003), Adán Martín (2003-2007) y Paulino Rivero (2007-2015), que ahora da el testigo al miembro de su partido Fernando Clavijo, nuevo jefe del Ejecutivo con el apoyo del PSOE, cuya candidata, Patricia Hernández, vicepresiderá el Ejecutivo. Martín falleció en 2010 y Rodríguez fundó un nuevo partido, Nueva Canarias. Por él ocupa también un escaño en la legislatura que ha arrancado ahora, por lo que percibe sueldo como diputado

16. LA RIOJA

Una ley de 2003 fijó, brevemente, el estatuto de los expresidentes. Estos tienen derecho a recibir, con carácter permanente, el tratamiento de excelencia y las atenciones honoríficas y protocolarias que les correspondan y a percibir "dieta, indemnización por gastos de viaje, estancias y traslados" que se les asignen, "por su asistencia a los actos a los que fuera invitado por el Gobierno". 

La misma ley recogía el derecho de los expresidentes a cobrar una cesantía "equivalente a las remuneraciones correspondientes a 45 días por cada año de ejercicio en el cargo, con un mínimo computable de un año y un máximo de cuatro". Pero ese artículo fue derogado en su totalidad en 2012, tras los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

Desde 1983, han pasado por la Presidencia de La Rioja José María de Miguel (PSOE, 1983-1987), Joaquín Espert Pérez-Caballero (1987-1990), José Ignacio Pérez Sáenz (PSOE, 1990-1995) y Pedro Sanz (PP, 1995-2015), que ha cedido el cargo al miembro de su partido José Ignacio Ceniceros, para facilitar el acuerdo con Ciudadanos. Pérez Sáenz es ahora mismo presidente del PSOE riojano y cobraba en 2012 por ello, según figura en la web de la formación, 39.166,63 euros. Espert preside, desde 2001, el Consejo Consultivo de La Rioja. No tiene derecho a una retribución periódica fija, pero sí a indemnizaciones o dietas (por dedicación exclusiva, 150 euros), desplazamiento, transporte, asistencia a reuniones y ponencia. Sanz, por su parte, también pasará al Senado.

17. CANTABRIA

Cantabria, como recuerda Josefa Ridaura, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València, es la única comunidad que no cuenta con una regulación específica para sus expresidentes. Nada contiene su Ley de Gobierno, de 2002. También es la única comunidad que no dispone de un Consejo Consultivo en el que poder jubilar a sus exjefes del Ejecutivo. 

Siete hombres han presidido el Gobierno cántabro: el conservador José Antonio Rodríguez (1982-1984), Ángel Díaz de Entresotos (Alianza Popular, 1984-1987), Juan Hormaechea (PP, 1987-1990 y 1991-1995), Jaime Blanco (PSOE, 1990-1991), José Joaquín Martínez Sieso (PP, 1995-2003), el regionalista Miguel Ángel Revilla (2003-2011 y nuevo presidente ahora, en 2015, gracias al apoyo del PSOE y la abstención de Podemos) e Ignacio Diego (PP, 2011-2015).

Díaz de Entresotos falleció en 2009, Hormaechea fue condenado a prisión e inhabilitado por 14 años para ejercer cargo público, pero el indulto del Consejo de Ministros de Felipe González le libró de la cárcel (no de la inhabilitación). Martínez Sieso es presidente de la Autoridad Portuaria de Santander –dependiente del Ministerio de Fomento–, actividad por la cobró 83.442,90 euros en 2013, según el Portal de la Transparencia del Gobierno central. Revilla, de nuevo como presidente cántabro, cobrará 59.534 euros al año, como reza la Ley de Presupuestos regionales para 2015. Diego se ha quedado como diputado regional, como presidente de su grupo (no como portavoz, que repite Eduardo Van den Eynde), por lo que percibirá 44.354,20 euros al año

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